Por Milagros Aguirre A.
“Yo salí en defensa del Yasuní. Fui insultado por no cambiar de idea y respaldé la consulta de aquel grupo llamado YASunidos, consulta que en nuestro gobierno se llevará a cabo”, dijo el candidato Guillermo Lasso en una reciente visita a la provincia de Orellana. Lo dijo desde el malecón, con el río Napo de escenario, mientras las mujeres waorani de Dicaro le pintaban la cara con achiote. El otro candidato, Andrés Arauz, por su lado, dijo en el debate de inicio de campaña que “van a tener una política petrolera responsable con el medio ambiente y con la zona intangible pero siendo responsable también con la economía del Ecuador”, y dijo más: “Tenemos que obtener esos dólares, refinar e industrializar ese petróleo en nuestro país”. ¿Se acuerdan del Plan A y el Plan B? Pues el candidato del correísmo sigue instalado ahí mismo, donde siempre: en la extracción por sobre la conservación. Queda la sensación de que ambos candidatos ven, en las últimas gotas de petróleo, posibilidades de ingresos y no lo pueden ocultar.
Desde 2013, cuando YASunidos planteaba la consulta, hasta ahora, abril del 2021, mucha agua y mucha suciedad ha corrido por los ríos amazónicos —y grandes trabajos petroleros se han realizado ya— y, la verdad, nada se resolverá con una nueva consulta, salvo el espaldarazo tardío a los YASunidos, que se sacarán el clavo con ella.
Es más, hay un peligro: que la consulta vuelva a ser un revés para la conservación del parque, como lo fue en 2017, cuando Lenín Moreno, queriendo también caer en gracia con los ecologistas, planteó una pregunta (la 7) sobre el Yasuní acerca de ampliar la Zona Intangible y el territorio tagaeri-taromenane. Entonces ya ganó el Sí, pero no se amplió nada, al contrario, se achicó más, al punto que renunciaron los funcionarios que estaban por la labor de la protección, pues sus criterios técnicos para la ampliación fueron ignorados.
La consulta, en plena crisis económica, podrá dar paso a que la gente, que necesita dinero y trabajo vote por la opción de extraer hasta la última miserable gota de petróleo con tal de recuperar la idea de bonanza de hace unos años.
Lo poco que queda del Yasuní, porque ya están a tope con los trabajos en el bloque 43 y en el Ishpingo, ITT, ya no necesita de ninguna consulta. Ya pasó. Ya fue. Necesita de la voluntad política y de decisiones. La primera: ya no entregar más concesiones petroleras, pues ahí, definitivamente, ya no hay dónde; necesita compromisos claros con las empresas que ya están operando desde antes de la famosa consulta e incluso con las que aparentemente ya van a salir, pues sus contratos ya terminan; para que estas cumplan con sus responsabilidades sociales y con los compromisos pendientes con sus trabajadores y con las comunidades.
El Yasuní necesita acciones concretas que impidan que desde la frontera sur se arrase con la madera que aún queda, y que está saliendo incluso con maquinaria pesada, a vista y paciencia de todos, como está ocurriendo hoy mismo; necesita unos puestos fronterizos que no sean solamente para “limpiar los hitos”, sino para ejercer una mínima autoridad con los vecinos peruanos que, en la misma o peor crisis que la nuestra, se buscan la vida e instalan campamentos en las profundidades de la selva. Esos trabajadores van armados, hacen cacería y pesca, en los territorios compartidos por los waorani, por los kichwas del Curaray y por los pueblos indígenas aislados (mejor, ocultados)… hasta canchas de voley tienen ahí adentro, donde permanecen por meses, cortando madera.
El Yasuní necesita guardaparques —en este gobierno se despidieron a muchos— y se necesitan incentivos para las comunidades que ayudan a protegerlo. Se necesita un ministerio de Ambiente que en lugar de castigar a los indígenas por recolectar huevos de charapa no entregue más licencias ambientales a las compañías petroleras y a los gobiernos locales para seguir abriendo vías y carreteras donde no se debe, y haciendo trabajos que van contra los derechos de la naturaleza. Un ministerio de Ambiente que defienda el agua en lugar de defender a las empresas que, frente al derrame ocurrido en abril del 2020, se hicieron de la vista gorda. Se necesita unos jueces probos, que defiendan el medio ambiente y a las comunidades, en lugar de demandar a los abogados defensores de los derechos humanos. Se necesita que apaguen los mecheros, demanda ganada por las comunidades.
Gastar millones en una nueva elección, una consulta, no es lo que necesita el Yasuní ni la gente que ahí habita: necesitan incentivos para poder impulsar actividades turísticas controladas y generar así recursos para sus comunidades; necesitan profesores en sus escuelas; necesitan atención sanitaria y buena información para que, cuando les llegue la vacuna, algún día, se las pongan sin temor; se necesita aclarar procesos de consulta previa, libre e informada e incluso se necesita poner orden en la explotación de la balsa para que, ya que habrá mucha demanda en el mundo empeñado en cambiar a energías supuestamente más limpias que las petroleras, podría significar un buen ingreso para las comunidades sin que estas tengan que sacrificar sus territorios, exponer a sus hijos o pelearse entre comuneros para ganar centavos, mientras otros se llevan plata a manos llenas.
Las personas que habitan el Yasuní necesitan compromisos y atención emergente: hay comunidades en las que están pasando hambre pues sus chacras ya no producen, sus ríos están contaminados y ya no hay ni peces ni animales.
El Yasuní y sus habitantes (aislados y contactados) necesitan verdad, jusiticia y reparación así como recursos para su protección. No necesitan ya de una consulta ni de millones en campañas y papeletas. Ahora, el Yasuní necesita de atención emergente porque está enfermo, no de covid, pero sí de desatención y olvido, de corrupción, de ilegalidades, de mafias que operan impunemente, de burocracia inútil.
Si no hay decisión y voluntad política en poco tiempo ya no habrá ningún Yasuní y ningunos pueblos aislados de los que ufanarse. De verdad, la situación es crítica. El Yasuní está herido de muerte. ¡Y cuántas tonterías aún se dicen en su nombre!
Milagros Aguirre Andrade es periodista y editora general en Editorial Abya Yala. Trabajó en diarios Hoy y El Comercio y en la Fundación Labaka, en la Amazonía ecuatoriana, durante 12 años. Ha publicado varios libros con investigaciones y crónicas periodísticas.
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