Por Belén Roca*
La inusitada crisis de violencia que azota a Ecuador de manera oficial desde enero de 2024 es una triste moraleja para el resto de los países de la región: siempre habrá grupos oportunistas que aprovechen, tanto el vacío de poder formal como la falta de garantías sobre derechos humanos que, durante años, los gobiernos cultivaron sostenidamente, sin discriminar el signo político de cada presidente. El siguiente es un breve repaso de los hechos y cómo estos, desde una mirada externa, son la expresión de la amenaza que representa el entramado de mentiras y noticias falsas para el pleno ejercicio de la democracia.
Adolfo Macías, alias ‘Fito’, desaparece a comienzos de enero de una prisión de alta seguridad en Guayaquil. En criminología es común la afirmación respecto de que, para el crimen organizado, lo primero y fundamental es hacerse con el control de las prisiones. En estas circunstancias, no solo son las personas privadas de libertad las que quedan sujetas a las voluntades de la pandilla de turno: el flujo de información se pone a merced de los líderes de dichas organizaciones también. La fuga de ‘Fito’ inmediatamente encendió las alertas del aparato estatal pues se produjo poco antes de su traslado a una cárcel de máxima seguridad.
Es entonces cuando el presidente recién electo, Daniel Noboa, tomó una drástica decisión: proclamar un estado de excepción en todo el país con vigencia de 60 días. Cumplido este plazo el 8 de marzo, Noboa decidió prolongarlo por 30 días más. Aun cuando el nombre da cuenta de una situación única, lo cierto es que en Ecuador el estado de excepción es una realidad constante hace aproximadamente dos años. Por lo mismo es que, además de tomar esta medida, junto con ella Noboa admitió que el clima social en el país corresponde mejor a lo que ha denominado conflicto armado interno.
A la luz de las circunstancias descritas a continuación, no obstante, cabe preguntarse si dicho conflicto se define por el uso de la fuerza o, más bien, por la ausencia de claridad.
A río revuelto, ganancia de pescadores
El 9 de agosto de 2023, en Quito, en medio de un acto de su campaña presidencial, el entonces candidato y exasambleísta Fernando Villavicencio, comunicador y sindicalista petrolero de 59 años, fue asesinado a sangre fría. La multitud a su alrededor, desconcertada, no podía dar crédito a lo que veía, pero el desenlace, a la luz de los hechos más recientes, parecía obvio.
Villavicencio, quien también se presentaba como periodista especializado en investigación con publicaciones en distintos medios, declaró en una oportunidad al diario El Universo que realizó, aproximadamente, 260 investigaciones: Palo Azul, Refinería de Esmeraldas, Petrochina, Julian Assange y Arroz Verde son solo algunas de ellas. Fue esta última, de hecho, la que abrió la puerta para que la justicia ecuatoriana ordenara prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, quien finalmente fue condenado a 8 años de prisión en 2020 por estos hechos, conocidos al interior del Poder Judicial como Caso Sobornos.
El 9 de enero de 2024, al día siguiente del anuncio del estado de excepción: el set del noticiero central de TC Televisión -un canal que fue incautado durante el gobierno de Correa y que se encuentra en manos del Estado- se vio sacudido por la irrupción de personas encapuchadas que, premunidas además de armamento pesado, agredieron a funcionarios durante una transmisión en vivo. El desconcierto y los gritos inundaron esa tarde los televisores de las y los ecuatorianos quienes, en vivo, pudimos ver cómo el conductor del espacio intentaba calmar la situación.
A dos meses de estos hechos, periodistas y otros funcionarios del canal forman parte de un programa de acompañamiento psicosocial provisto por la organización Fundamedios. Mientras tanto, el fiscal designado para investigar los hechos fue asesinado el 17 de enero.
El conflicto también es digital
Hechos como estos, aunque no los únicos, provocaron que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantara una alerta por la situación de las y los periodistas en Ecuador. El documento, del 25 de marzo, trae escalofriantes números. Según datos ofrecidos por organizaciones de la sociedad civil, se registraron 58 agresiones a trabajadoras de la prensa solo durante enero y febrero de este año.
El organismo hizo un llamado al Estado ecuatoriano a “investigar con debida diligencia los ataques contra periodistas, y a juzgar y sancionar a los responsables”, y a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los periodistas en riesgo ante la escalada de violencia que enfrenta el país, brindándoles las máximas garantías para que puedan ejercer su labor en un entorno seguro y sin temor a represalias”.
Hacia el 9 de marzo de 2024, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ya había puesto en marcha dos investigaciones denominadas Purga y Metástasis, buscando desenmascarar grandes articulaciones del crimen organizado y a civiles con influencias en el mundo de los medios. En ese ámbito es investigada la comunicadora y relacionadora pública Mayra Salazar, a quien se le acusa de tráfico de influencias, intentos de vulneraciones informáticas al medio de comunicación Plan V y el establecimiento de “granjas de trolls” para agredir por vía digital a diferentes figuras. Una de ellas fue, precisamente, el asesinado candidato Villavicencio.
El canario en la mina
En tan solo seis meses, la actualidad de Ecuador es una metonimia de lo que viene para el resto de América Latina. En medio de los intentos de fuga y la declaración de estado de excepción, a comienzos de 2024, numerosas fuentes regaron el ciberespacio con relatos sobre acontecimientos que, como luego se comprobó, nunca ocurrieron: un enfrentamiento cruzado a balazos en los alrededores del Palacio de Gobierno, la toma de una estación de metro e invasiones a hospitales y universidades, por nombrar algunos de estos episodios.
Hace años que esta situación de abierta descomposición del Estado y la subsecuente ocupación de ese vacío por fuerzas criminales fue advertida, tanto por organizaciones, juristas y políticos locales, como por la sociedad civil en el exterior.
En Derechos Digitales señalamos, ya en 2019, la necesidad de contar con organismos independientes de los gobiernos en cuanto a telecomunicaciones, de cumplir con recomendaciones previas relativas al ejercicio de la libre expresión y de abstenerse de utilizar vigilancia biométrica. Lo anterior, en el marco del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas realizado a Ecuador en ese entonces.
En materia de desinformación, hay estudios que sostienen que son los contextos informativos los que mayor importancia tienen para comprender el alcance de este fenómeno. Según CIGI, “la opinión pública puede ser manipulada de manera rápida y efectiva (…) especialmente cuando el contexto, la audiencia, lapso y propósito están claramente definidos”.
En contextos sociales complejos como los que enfrenta Ecuador, la confusión entre la ciudadanía corre un alto riesgo de aumentar.
Aparentemente, el Gobierno actual está consciente de este peligro: el 19 de marzo, el presidente Daniel Noboa suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta, resaltando el compromiso con la defensa de la libertad de expresión y de prensa.
La confianza es el remedio
A pesar del estado de excepción y el refuerzo de las medidas de seguridad y presencia policial que esta figura implica, la violencia en el país está lejos de disminuir. Tampoco es posible aventurar que, terminado el período presidencial actual, las acciones para detenerla tengan continuidad. Lo que sí se puede sostener categóricamente es que un Estado débil y corrompido es causa de consecuencias trágicas para el bienestar y calidad de vida de la población, la credibilidad de las autoridades y la cohesión interna.
Para recomponer la confianza, la labor de las y los trabajadores de las comunicaciones es clave. Cabe ahora entender cómo los compromisos mencionados se reflejarán en medidas concretas de protección a periodistas y comunicadoras populares, que promuevan un entorno comunicacional plural y diverso.
El conflicto interno en Ecuador se arrastra hace muchos años, ayudado en el pasado por la falta de escrúpulos y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Aun cuando su sintomatología es evidente ahora por la crueldad con la que se han desarrollado los hechos, la crisis tiene raíces muy profundas.
En este oscuro escenario, el esfuerzo de muchos, algunos anónimos y otros no, entrega algo de luz para el mañana. Solo el tiempo lo dirá. De cualquier forma, todas las acciones orientadas por la verdad, fundadas en el más profundo respeto a los derechos humanos y con fines concretos en la lucha contra la violencia y la corrupción, sin duda alguna, serán provechosas.
La sección Ciberespacio, de La Barra Espaciadora, es posible gracias al apoyo de Derechos Digitales. Nuestra columnista invitada, Belén Roca, se integró al equipo de Derechos Digitales en 2022. Es periodista con estudios en Ciencias Sociales. Tiene experiencia en comunicaciones, en medios de comunicación, gestión cultural y asesoría estratégica en el sector privado. También ha realizado investigaciones relacionadas con tecnología, género, filosofía y estética.
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