Por Rutas del Conflicto, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)
“Áreas que merecen ser conservadas y protegidas por razones de su biodiversidad, suelos, geohidrología, entorno paisajístico y memoria histórica cultural”, rezaba un cartel de dos metros de altura a la entrada del Bosque de Galilea, que se extiende por las montañas de Villarrica y otros municipios vecinos del Tolima, en el centro de los Andes colombianos. Por eso invitaba a los visitantes a cuidarlo, a no hacer hogueras ni talar árboles, para preservar especies como el oso de anteojos, la rana de cristal, el tigrillo y el turpial amarillo, cuyas fotos incluía.
Esas son las tierras donde han vivido y trabajado María Isabel Ramírez y su vecino Fabio Londoño desde hace más de medio siglo. Junto con otros líderes de la comunidad venían buscando estrategias para conservar la riqueza natural y su permanencia en esa esquina de la cordillera Oriental en el sur del Tolima, en un espíritu similar a la que anunciaba el cartel que encontraron una mañana de agosto de 2018 en la vereda Alto Torre y de la que sin embargo no sabían nada. Son descendientes de campesinos que llegaron a la zona desde la década de los años cincuenta, huyendo de la violencia partidista, a la espera de que el Estado les entregara escrituras de sus pedazos de tierra. Han pasado más de 70 años desde entonces y estas familias, que han hecho su vida en la zona, no han recibido la propiedad de esos predios, que, en papeles y sin que ellos lo supieran hasta hace muy poco, pertenecen a privados que no habitan en la zona.
Con la autoridad ambiental del departamento, Cortolima, venían trabajando desde 2017 para que este bosque nublado altoandino donde ellos viven fuera declarado parque natural regional y pudieran conservar así su biodiversidad. Se trata, según esa entidad pública, del “único y último fragmento de bosque húmedo montano” en esa región y de «un paraíso de investigación» donde creen haber descubierto incluso una planta nueva para la ciencia.
Año y medio después de ese trabajo, en 2019 nació formalmente el Parque Natural Regional Bosque de Galilea. Es el noveno parque más grande del país y protege un corredor de alta montaña de 26.654 hectáreas que conecta con el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo de este ecosistema considerado estratégico por su enorme suministro de agua potable.
Por eso resultó tan emocionante para Ramírez, Londoño y otros ocho de sus vecinos de esas fincas que los habían acompañado en esa lucha, cuando por fin, en diciembre de 2019, se enteraron de que habría una ceremonia de creación oficial del parque en la capital del Tolima, Ibagué. No los habían invitado, pero igual fueron.
Ramírez recuerda que recibió una llamada de un amigo que había escuchado de la inauguración y decidió ir. Tenía un poco de dinero guardado para comprar zapatos nuevos, pero, con la alegría de ver protegido el territorio al que llegó de niña, resolvió mejor comprar un tiquete de bus para viajar a Ibagué. La ciudad quedaba sólo a 159 kilómetros, pero le significaba un largo recorrido. Debió caminar desde la vereda Galilea donde vive hasta la vereda Alto Torres, montarse a un caballo hasta llegar a la vereda Tres Esquinas, viajar en moto por dos horas y tomar un bus intermunicipal primero a Melgar y luego a la capital.
En el acto de declaratoria se enteraron de que la Universidad Tecnológica de Pereira sería la encargada de elaborar el plan de manejo ambiental del naciente parque regional. Les explicaron que la Universidad del Tolima, que llevaba varios años haciendo trabajos científicos en Galilea que ellos habían acompañado, no podía hacerlo porque —al ser la dueña de parte de los predios que conforman el bosque— podría haber un conflicto de interés. Allí también se enteraron de que en terrenos del parque regional, una fundación ambiental privada, la Universidad del Tolima y otras entidades habían desarrollado un proyecto de bonos de carbono, en el que ellos no aparecían por ninguna parte.
(Ver artículo El negocio de bonos de carbono de una universidad pública y una ONG ambiental que dejó fuera a campesinos locales).
Una historia de campesinos
Además de su permanencia en el Bosque de Galilea desde hace más de medio siglo, los campesinos reivindican un historial de sufrimiento que se entreteje con el del conflicto armado en Colombia y con una decisión de aguantar en ese rincón remoto de la cordillera oriental de los Andes.
Durante una audiencia pública de febrero de 2023 que convocó la Contraloría Departamental para aclarar quiénes eran los promotores del proyecto de carbono y de qué manera entraba el parque en ese negocio, uno de esos colonos —quizás el de mayor edad que aún vive— tomó el micrófono. Con dificultad, la voz temblorosa por los años y su bastón en la mano, Roberto Wolff contó que sus padres se asentaron en ese bosque en busca de tierra y fundaron la vereda la Colonia en Villarrica. “Vengo en representación de los colonos. Perdimos todo: el 10 de agosto de 1952 sacaron a mi papá de allá, lo llevaron a Cunday. Cuando regresé al bosque solo quedaban las piedras de lo que fue nuestra casa”, les dijo el campesino nacido en Galilea hace 92 años. “Hice un listado de las familias que llegamos y permanecemos en Galilea”, dijo. Contó cómo abrieron trochas, fundaron veredas y nombraron cuerpos de agua. Una de las cascadas en Villarrica lleva justamente su apellido.
Después de él, una romería de habitantes tomó turnos para narrar cuántos fueron tachados -sin pruebas- de ser guerrilleros, cuántos judicializados y luego declarados inocentes por la justicia. Relataron cuántas veces huyeron de los bombardeos del Ejército y también cuántas de sus veredas quedaron vacías a comienzos de este siglo durante el mayor pico de violencia, masacres y desplazamientos forzados en la historia del país. Se trata de una memoria que había estado casi invisible hasta que hace poco la Comisión de la Verdad —nacida del acuerdo de paz con las FARC— hizo de Villarrica un caso de estudio y se publicó el libro Cuadernos de la violencia— con los apuntes en cuaderno de un líder campesino local.
Justamente uno de los primeros recuerdos que María Isabel Ramírez dice conservar de cuando tenía cinco años es el de un ruido de bombas que les caían encima y cómo su familia tuvo que salir corriendo hacia el pueblo, tras los operativos de la fuerza pública que hacía cada tanto en el Bosque para capturar a miembros de las extintas Farc. Cuando regresaron al bosque, cuenta la mujer de 55 años cuya abuela fue la primera presidenta de junta de acción comunal en la zona de Galilea en los años sesenta, encontraron su casa quemada y ningún rastro de sus animales. Volvieron a empezar de cero. Su familia ya lo había hecho años atrás cuando empezaron los operativos militares en “la guerra de Villarrica” que buscó acabar con la guerrilla que se estaba fortaleciendo en la zona y de paso castigar al movimiento agrario que consideraban como su aliado.
También contaron que, después de que saliera la ex guerrilla de las FARC de la región (pues dejó las armas después de firmar un acuerdo de paz con el Estado en 2016) y de que la petrolera brasileña Petrobras abandonara su idea de realizar un proyecto de explotación allí, se ilusionaron porque pensaron que podrían por fin obtener títulos formales de propiedad de las tierras en las que han vivido y trabajado toda la vida.
Londoño, Ramírez y otro campesino de la región, Juan de la Cruz, dijeron a este equipo periodístico que impulsaron la protección ambiental del bosque porque fue la manera de protegerlo de la exploración petrolera. No obstante, nunca tuvieron claro que la decisión de declarar allí un parque regional significaba que perderían la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que se encarga del ordenamiento social de la propiedad rural en el país, les entregara las escrituras de esas tierras. Confiaban en que podrían solicitar su adjudicación, como pueden hacerlo legalmente en Colombia los campesinos que han ocupado una tierra por más de cinco años antes de 2017, en caso de tratarse de baldíos propiedad de la Nación, o de 10 años si se trata de propiedad privada que no está siendo usada por su dueño.
En reuniones que han tenido para desenredar el caso de bono de carbono, funcionarios públicos de la Agencia han explicado a la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea –el colectivo ambiental que crearon los campesinos– que pese a ser la encargada de evaluar las solicitudes de adjudicación y formalización de títulos, tiene las manos atadas en este caso. Una razón que limita la acción de la agencia estatal de tierras es que los predios donde se desarrolla el proyecto no son baldíos propiedad de la Nación (y por eso aptos para la reforma agraria), sino que tienen un título de propiedad privada originario de 1960. Además, la entidad está legalmente impedida, les explicó, para formalizar predios a cualquier persona dentro de un área protegida con la figura ambiental de parque regional.
En la agencia de tierras sí son conscientes de que hay un agudo conflicto de tierras en Galilea, cuya solución —en su visión— requerirá probablemente una acción conjunta de los ministerios de Agricultura y Ambiente. Según un análisis del caso que hizo la ANT y al que tuvo acceso esta alianza periodística, el Ministerio de Agricultura transfirió 138 mil hectáreas de tierra en Villarrica a la extinta Caja Agraria pública en 1960 con el objetivo de distribuirlas como parte de sus esfuerzos de promover la reforma agraria. No está claro qué pasó después: la ANT tiene en sus registros que se creó una matrícula inmobiliaria bajo esta transacción, pero que no tiene más anotaciones indicando si ese predio se dividió o desenglobó en otros más, de los que teóricamente emanan los predios entregados en donación a la Universidad del Tolima por varios particulares. El municipio de Villarrica no cuenta con un catastro, lo que complica conocer los linderos de cada predio que reclama la comunidad y que son hoy parte del parque regional. Y también de predios que pertenecen a privados y que forman parte del proyecto de bonos de carbono que lidera la Fundación Amé y en el que participa la Universidad del Tolima.
“Actualmente varias empresas se declaran propietarias de distintos predios al interior del bosque de Galilea, demostrando cadenas traslaticias de dominio anteriores a 1974. No obstante, quienes habitan el bosque en su mayoría son campesinos que nunca han tenido título de dominio”, dice una carta enviada por la inspección de tierras de la ANT a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en junio de 2023.
“En definitiva, pese a que es esta comunidad campesina la que habita el Bosque de Galilea hace varias décadas, hoy en día debido a la falta de armonización entre la política agraria y la política ambiental, no pueden acudir ante la máxima autoridad de tierras para su formalización porque se encuentran dentro de un parque natural regional, lo que les deja sin una acción judicial que proteja su derecho a la territorialidad”, explicó.
Uno de los propietarios a los que alude el informe es justamente la Universidad del Tolima. Hoy muchos de los residentes de Galilea creen que la universidad ha sido partícipe del problema, cuando se involucró en el desarrollo del proyecto de carbono. Ellos dicen haber apoyado los trabajos de investigación en biodiversidad de los profesores de esa entidad educativa pública, sirviéndoles de guías y compartiendo sus conocimientos sobre la fauna y la flora. Entonces creían que eso los protegería a ellos y a sus tierras.
Ahora, muchos dicen sentir que su trabajo fue usado para estructurar el negocio ambiental privado que ha agravado la tensión social en la zona. “El proyecto de bonos de carbono se formuló con la información e investigación que ejecutó la Universidad del Tolima en su función académica a través de grupos de investigación y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal y producto de los convenios con Cortolima de inventarios forestales y biodiversidad, facilitados con recursos públicos”, argumentó la Red de Vigías en una carta pública del 29 de junio de 2023. “Y, sin embargo, estos resultados son presentados como inversión de la Fundación Amé”.
En una entrevista por videoconferencia con esta alianza periodística en noviembre, cuatro funcionarios de la universidad pública del departamento reconocieron la existencia de un conflicto socioambiental en torno al proyecto de carbono en el Bosque de Galilea, aunque insistieron en que está camino de ser superado y prometieron que invertirán los recursos que genere el proyecto en trabajar con la comunidad. Eso con el fin, en palabras de la responsable de control interno de la universidad Margarita Carvajal, de “recomponer la credibilidad de la comunidad para con nosotros”.
Eso podría resolver la exclusión de muchos campesinos del proyecto ambiental ubicado dentro de tierras que forman parte del parque regional en Galilea, aunque no la desilusión que sienten ellos por haberle apostado a ayudar a crear el noveno parque regional más grande del país y luego darse cuenta de que esa figura había perjudicado sus sueños de que les reconocieran como legítimos propietarios de las tierras donde dicen haber vivido desde hace más de medio siglo.
Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
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