Redacciones La Barra Espaciadora y Ecuador Chequea
Los datos de MapBiomas revelan que 7’465.474 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana son territorios indígenas (TI). Esto equivale a cerca del 57% de toda la superficie amazónica del país.
Hasta el 2016, la minería dentro de los TI amazónicos no había superado el 0,01% de su superficie, es decir, 1.041 ha. Sin embargo, en 2017, este porcentaje subió a 0,02%, y la tendencia ha ido en aumento.
Hasta 2021, se registraron 2.463 hectáreas de minería sobre territorios indígenas, lo que significa que para ese año, el 0,05% del área de los territorios indígenas de la Amazonía de Ecuador presentó actividad minera, tal como lo muestra la siguiente figura.
Para 2021 el área total de minería en la Amazonía ecuatoriana fue de 7.491 hectáreas, de estas, 3.504 hectáreas estaban dentro de Territorios Indígenas. El área total de minería sobre TI fue de 3.504 hectáreas, poco menos de 5.000 canchas de fútbol profesional.
Por medios satelitales de la plataforma MapBiomas, se constató que hubo cambios de uso del suelo para minería en 64 de los 640 TI monitoreados, es decir, en el 10% de esa superficie. A pesar de que el 90% restante se mantuvo libre de esta amenaza, hacen falta estudios más detallados para comprender en qué medida las incursiones mineras en los TI son o no legales y quiénes son los operadores mineros.
Fuente: MapBiomas Amazonía, 2022.
Presidente Daniel Noboa busca inversiones mineras de Canadá
En la misma línea de sus tres antecesores: Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha decidido apostarle a la industria minera como el salvavidas de la debilitada economía del país. No obstante, el Estado ecuatoriano no cuenta con reglamentación para cumplir con la consulta previa, libre e informada -a la que el Estado está obligado constitucionalmente- antes de emprender en cualquier proyecto extractivo en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
El pasado 4 de marzo, Noboa y sus ministras de Energía, Andrea Arrobo; de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; de Producción, Comercio Internacional, Inversiones y Pesca, Sonsoles García; anunciaron desde Canadá la suscripción de seis compromisos de inversión canadiense en minería por un monto de 4.800 millones de dólares. Lo hicieron durante su participación en la feria minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, un espacio en el que por primera vez participa un mandatario de Ecuador.
PDAC es una organización canadiense que cuenta con más de 1.000 miembros, entre corporaciones mineras y proveedores de servicios; y con más de 6.000 miembros individuales interesados en la industria.
Sin embargo, los habitantes de los territorios de interés para las corporaciones mineras canadienses no han sido consultados. Mientras Noboa y sus ministras firmaban esos compromisos de inversión en Toronto, el Ministerio de Energía, en Ecuador, suscribió el Acuerdo Ministerial 002, el 6 de marzo, que promueve el uso de un manual para suplantar la aplicación de la consulta previa, libre e informada por un proceso no vinculante que permitiría operaciones mineras aun con la oposición de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, pueblos montuvios y afro. El manual vulnera un fallo de la Corte Constitucional que aclaró, en 2019, la obligatoriedad de promulgar leyes orgánicas para el tratamiento de estos temas, y no un manual diseñado unilateralmente. Además, esta decisión contradice el Convenio 160 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, de los cuales Ecuador es suscriptor.
El encuentro entre Noboa, empresarios canadienses y el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, provocó el rechazo del Pueblo Shuar Arutam, que interpuso una demanda en contra de la canadiense Solaris Resources.
El mismo 4 de marzo, más de 80 organizaciones sociales, ambientalistas y de defensa de los DDHH protestaron frente al edificio de la Embajada canadiense en Quito, y entregaron una carta al embajador, Stephen Potter. Entre los firmantes de la misiva constan Acción Ecológica, Quito Sin Minería, el Pueblo Shuar Arutam (Psha), Amazon Watch, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Si bien hasta el momento solamente un proyecto minero operado por empresas canadienses se encuentra en fase de explotación (el proyecto Fruta del Norte, a cargo de la corporación Lundin Gold), otros proyectos de interés de empresas canadienses despiertan preocupación. Entre ellos, Curipamba-El Domo, en la provincia andina de Bolívar, a cargo de la compañía Curimining; el proyecto Loma Larga, a cargo de la empresa Dundee Precious Metals (DPM), que fue suspendido por un tribunal de la provincia de Azuay en agosto de 2023; y Warintza, a cargo de Solaris Resources, en Morona Santiago, por el cual el Psha ha presentado la demanda.
Horas después del anuncio del gobierno ecuatoriano desde Canadá, comunidades de la parroquia Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, cantón Sigchos, denunciaron una serie de amenazas e incursiones de grupos armados foráneos con la supuesta intención de amedrentar a los pobladores que rechazan la instalación del proyecto minero La Plata, a cargo de la canadiense Atico Mining Corporation.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), el Pueblo Shuar Arutam (Psha), el Comité Interfederacional Shuar-Achuar y el Frente Nacional Antiminero, convocaron a una rueda de prensa para rechazar «las políticas mineras implementadas por el gobierno de Daniel Noboa», y se refirieron, en particular, a las negociaciones con la empresa Solaris Resources, a cargo del proyecto Warintza, en la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía sur. Las organizaciones indígenas calificaron a la minería como «una amenaza directa a los territorios ancestrales, a la vida y a los derechos colectivos».
Un ‘cerco’ minero
Alfonso Saant tiene 54 años y toda su vida ha vivido en Coangos, una comunidad indígena shuar ubicada en las cercanías de la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía sur. Allí, la minería es un tema de conversación casi a diario. Las autoridades hablan de propuestas y de votaciones para decidir si se permite o no el ingreso de mineros en sus tierras. Hasta el momento, la respuesta ha sido un rotundo no.
Los habitantes discuten sobre el ejemplo de sus vecinos de Warintza, otra comunidad shuar ubicada a 15 kilómetros de Coangos, en donde la actividad minera es permanente.
Solo en las tierras del Pueblo Shuar Arutam, el 55% de su superficie está concesionado a la extracción minera. Se trata de alrededor de 104.000 hectáreas de un total de 190.000. El avance y el inicio de proyectos extractivos mineros se suman a prácticas de minería artesanal en esta zona. “Aquí se habla mucho de minería y más ahora, porque ya ha pasado también que llegan empresarios de afuera a ofrecernos dinero por dejarles sacar el oro y cobre que hay en el monte”, dice Saant. Entre el vaivén de las palabras, varias avionetas surcan el cielo rumbo a Warintza. La mayoría transporta a trabajadores mineros. “Aquí pasan las avionetas todo el día y cuando uno sale en el bote a Yuquiantza, siempre se encuentra con mineros que salen del río Zamora o con las camionetas de la seguridad de las mineras”.
El hombre cuenta que en su comunidad se mantiene el rechazo a la minería, pero “la amenaza”, dice, se siente cada vez más cercana.
“Como le contaba, eso pasó en Warintza, que está aquí cerca. Ahí les dieron dinero a los shuar y ellos ahora ya tienen muchos problemas por lo que dejaron entrar a la minería. Eso ha dañado sus tierras, el agua, y ha llevado nuevas costumbres a la comunidad. Yo tengo familia allá y me han dicho que la cosa ha cambiado, llega mucha gente de afuera y las personas toman más”, se lamenta.
En su comunidad casi no hay servicios básicos. Para acceder a servicios de salud, sus habitantes deben viajar durante cuatro o cinco horas, hasta una ciudad que cuente con centros médicos. Estas carencias, cuenta Saant, provocan que los mineros ofrezcan dinero o cualquier tipo de ayuda a los lugareños para cubrir necesidades que las instituciones estatales deberían resolver. A cambio, obtienen la anuencia de las comunidades para iniciar trabajos de exploración y extracción, sea regular o irregular, en sus territorios. “Pero uno recibe el dinero a cambio de que destruyan la tierra”.
Históricamente, la proporción de minería dentro de TI es menor que en otras áreas. Sin embargo, solo entre 2015 y 2021, esta actividad creció en un 325% en esas áreas que deberían estar protegidas por el Estado. Ahora bien, la ocurrencia de esta dinámica no se puede generalizar a todos los TI.
De acuerdo con la base de datos de EcoCiencia, en 65 de los 640 polígonos correspondientes a Territorios Indígenas se detectó minería. De estos, seis TI acumularon el 61% de toda la minería detectada en estos territorios protegidos en 2021. El 39% restante se distribuyó en las 59 unidades.
El TI que más extensión minera contiene es Tundayme, con el 26%. En Tundayme, junto con el Territorio Área del Proyecto de Desarrollo C, se encuentra el proyecto minero a gran escala Mirador, operado por la empresa china Ecuacorriente S.A. Es tan amplia la superficie de minería en estas dos unidades que juntas representan el 14% de la minería detectada en la Amazonía ecuatoriana en 2021, con 1.042 hectáreas.
En tercer lugar, con 432 hectáreas, en la parroquia Congüime, la minería metálica, operada por la empresa de la comunidad Kenkium, Exploken Minera S.A., es la primera industria extractiva de oro que pertenece a grupos shuar. Llama la atención que el porcentaje de minería en su territorio es similar al de Tundayme, que está a cargo de una empresa minera a gran escala, mientras que en Kenkium, la minería que se registra es de pequeña y mediana escala.
Luego, con 380 hectáreas, se encuentra el TI Centro Shuar Shaim, que está al borde del Bosque Protector Nangaritza.
Los 10 primeros territorios indígenas con presencia de minería por cantidad de hectáreas son de la nacionalidad Shuar. Uno se encuentra en Sucumbíos, otro en Morona Santiago, y los ocho restantes se encuentran en la provincia de Zamora Chinchipe. De acuerdo con MapBiomas Ecuador, Zamora Chinchipe concentra el 67% de la minería a nivel de toda la Amazonía ecuatoriana.
¿En qué TI ha crecido la minería más rápidamente durante los últimos cinco años?
Con los datos de MapBiomas Amazonía es posible identificar los TI que muestran las tasas más elevadas de expansión de la actividad minera sobre su superficie. En los siguientes cuadros se compara:
-Seis (6) TI donde la minería creció más rápidamente entre 2016 y 2021, y donde la minería apareció después de 2016.
-Seis (6) TI donde la minería creció más rápidamente entre 2016 y 2021, pero donde ya había presencia de minería en 2016.
La minería ilegal, el mercurio, el cianuro y los niños
Grace Reyes, ingeniera en ecosistemas y activista por la conservación, trabaja en la provincia amazónica de Napo. “Es superfuerte la actividad minera en la zona de Napo -explica, antes de ofrecer detalles-: los ríos se han visto afectados, lo que también ha generado problemas al sector turístico, del que viven también habitantes de la zona. El Jatunyacu y otros ríos, por ejemplo, se han visto afectados porque sus aguas se contaminan con metales pesados, sedimentos y otros residuos ocasionados por la minería que se realiza en las riberas de los ríos. Hay ríos que se han declarado muertos por el impacto de la minería ilegal”.
Reyes explica que el impacto también afecta a comunidades indígenas kichwas, a las que la contaminación acuífera y de la tierra les ha restado recursos para su supervivencia. “Allí, algunas comunidades conviven con los contaminantes que llegan de la minería ilegal”, asegura.
Fabricio Yánez, experto en gestión minera e investigador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), añade que la minería ilegal, al no tener ningún tipo de control ni desarrollo tecnológico, desecha metales pesados y contaminantes como mercurio y cianuro. La minería ilegal, continúa el experto, genera entre 20 y 30 kilogramos de mercurio y cianuro por kilómetro cuadrado. “Todos estos contaminantes llegan a los ríos de la región”.
En efecto, una investigación periodística de Ecuador Chequea, realizada en territorio del Pueblo Shuar Arutam, comprobó que en el río Zamora y en otros afluentes existen actividades extractivas de pequeña escala que utilizan estos elementos y los desechan directo en los ríos.
La bióloga e investigadora Stella De la Torre advierte que “para el ser humano, consumir o estar en contacto con mercurio afecta directamente al sistema nervioso, y lo mismo con otros tipos de animales; el problema del mercurio es que, al ser un metal pesado, no se elimina y se termina acumulando en los organismos. Así se ingieran cantidades pequeñas, el mercurio se va acumulando, en un proceso que se llama bioacumulación. De este modo se puede llegar hasta una intoxicación severa en todas las especies. El mercurio es un veneno”, explica.
Alfonso Saant se considera un testigo presencial de estos efectos de la actividad minera en ríos como el Coangos, que atraviesa su comunidad. Allí, según cuenta, ya se han registrado casos en los que los niños han salido con ronchas y picazón del agua, lo que se atribuye a la contaminación. “A los niños ahora no se les deja bajar nomás al río, desde que se vio eso de las ronchas”, detalla Saant. Él, hoy, ya no ve el mismo río que recuerda: lleno de peces, cristalino. Ahora, el agua está opaca y ya casi no se ve vida, dice. El miedo de Saant es que todo esto desaparezca en pocos años, pues él ya ha sentido cambios en su entorno. “Cada vez hay menos agua, menos animales”.
La minería legal, la división de las comunidades y un Estado ausente
No solo la minería ilegal ha encendido alertas por su acercamiento a los territorios indígenas, sino también la minería considerada legal.
La antropóloga Consuelo Fernández concuerda con Romo. La ausencia y abandono estatal -dice- es un hecho histórico que han vivido las comunidades indígenas de la Amazonía desde la colonización tardía del siglo pasado, “cuando las comunidades ya empezaron a perder parte de sus territorios por los proyectos expansivos en la región y la reforma agraria”.
David Romo, biólogo e investigador, asegura que “el peor impacto a las comunidades tiene que ver con la ausencia del Estado. La industria petrolera y ahora la industria minera entran a trabajar en un territorio, piden autorizaciones al Estado para explotar un recurso, reciben licencias ambientales, etc. (…); la comunidad negocia directamente con la empresa sobre los daños y prejuicios que va a recibir en el territorio y la empresa negocia una compensación. ¿Cómo se usan esos fondos, para qué sirven esos fondos, qué es lo que esos fondos van a hacer por la comunidad?”.
Para Romo, quien trabajó con comunidades de Tundayme durante la implementación del proyecto minero Mirador, la Amazonía ha sido vista históricamente como “un terreno baldío”, como “un almacén ilimitado”.
El abandono estatal se manifiesta en la falta de servicios básicos en esas comunidades directamente afectadas por los proyectos extractivos. Las empresas mineras, en este caso, intentan suplir esas carencias, con el afán de ganarse la confianza de los pobladores, pero “su interés no es el desarrollo comunitario”.
“Si nosotros dejamos que esto ocurra como una negociación en libertad -complementa Romo-, la empresa empieza a suplir, en la medida de su interés, temas de educación, de salud, incluso proyectos de emprendimiento, etc., pero estos no tienen para nada en mente ni la conservación del bosque ni las necesidades de la comunidad, peor su futuro o integridad a largo plazo”.
“Estos cambios se ven reflejados en formas de fragmentación de las comunidades que crean conflictos internos, porque ya no es si eres shuar o mestizo, sino [si eres] minero o antiminero”, concluye Fernández.
*La investigación ‘Minería en la Amazonía ecuatoriana…’, a la que alude el presente informe periodístico, se encuentra en este enlace.
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