Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Desde que comenzó el proceso de erosión regresiva del río Coca, en febrero del 2020, el Estado ecuatoriano informa con celeridad sobre los riesgos que enfrentan los recursos estratégicos, entre ellos la red de carreteras, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, las tuberías del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (Sote), el Poliducto Shushufindi- Quito y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP); sin embargo, poco se dice sobre las pérdidas de quienes viven en las inmediaciones del río Coca y sus afluentes, los riesgos que corren y la reparación que no llega.
El viernes 3 de diciembre, un nuevo avance de la erosión regresiva en el río Coca alertó a las instituciones estatales luego de que se viniera abajo un tramo de la vía E-45, que conecta Quito con Lago Agrio, en el sector conocido como Piedra Fina. Cinco días después, OCP Ecuador anunció la suspensión del bombeo de crudo y las vías Quito Lago-Agrio y Quito-Baeza se cerraron debido al avance de la erosión, que con este episodio se acercó a 9,11 kilómetros de la llamada Obra de captación.
Desde que este proceso se inició, en febrero del 2020, con la desaparición de la cascada de San Rafael, todas las entidades públicas que conforman la Mesa Técnica del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), liderada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Singre), han priorizado la prevención de daños de la infraestructura de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y el transporte de crudo, mientras las poblaciones afectadas reclaman atención e información.
Entre el 29 y el 30 de noviembre, pocos días antes de este nuevo derrumbe de la vía, una comisión compuesta por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Acción Ecológica, Amazon Frontlines y la Federación de Comunas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) recorrieron las orillas del río Coca, en las comunidades de San José del Coca, San Pablo y Toyuca. Las organizaciones constataron que las afectaciones socioambientales provocadas por el derrame de petróleo del 7 de abril del 2020, producto del avance de la erosión regresiva, continúan y se agravan conforme pasa la época de estiaje.
En un comunicado emitido el 1° de diciembre, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador presentó una denuncia pública en la que responsabiliza al Estado ecuatoriano y, en particular, a las empresas OCP Ecuador y Petroecuador, por lo que califican como una “crisis humanitaria”, pues ha privado a cientos de familias de sus medios de vida provenientes del río o de sus tierras.
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Las prioridades del Estado no incluyen a la población
Según el último Informe de Situación Actual por emergencias y desastres en el Ecuador, elaborado por el Sngre, 188 personas han sido afectadas directamente por el proceso de erosión y 25 108 sufren afectaciones indirectas en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo. Pero ese reporte se emitió el 1° de octubre del 2021. Dos meses más tarde, justo cuando se vino abajo el tramo de vía en Piedra Fina, todos los reportes que se habían publicado hasta entonces desaparecieron del sitio web del Sngre y hasta el cierre de esta publicación no han vuelto a publicarse.
El subsecretario general del Sngre, Rodrigo Rosero, aseguró la tarde del domingo 5 de diciembre, en entrevista telefónica con este medio, que la afectación por el derrumbe del tramo ocurrido el viernes anterior únicamente había dañado la vía y que no incrementó el riesgo para los habitantes de la zona. Sin embargo, Arturo Puruncajas, su esposa y sus seis hijos son parte de esas 188 personas y, aún con el riesgo inminente, viven en el poblado de San Luis, en una casa que -hasta la fecha de esta publicación- se encontraba a 96 metros del abismo, siendo la más cercana a la franja de erosión.
Aunque Rosero aseguró ese domingo que estaba planificado que la familia Puruncajas fuera evacuada durante la primera semana de diciembre, esa familia no se había enterado de nada hasta la fecha de publicación de este reportaje. “Lo que tengo entendido es que nos iban a hacer evacuación a la gente de aquí hacia la parroquia de Santa Rosa, a una Escuela del Milenio”, cuenta Arturo, pero se refiere a comentarios que le hicieron meses antes los funcionarios estatales. Nadie le había visitado luego del derrumbe en Piedra Fina. La familia Puruncajas tampoco sabía hasta entonces en qué condiciones están las instalaciones donde irían si son trasladados.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dijo que el avance de la erosión regresiva es “preocupante”, después de una visita que hizo ese domingo 5 de diciembre. Cabrera dispuso que se reactive la mesa técnica del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) liderada por el Sngre y que informe semanalmente todos los episodios de avance del proceso de erosión. Las autoridades dispusieron el cierre de la vía que conecta Quito con Lago Agrio y anunciaron que la única vía de conexión sería la ruta que pasa por Baeza.
El domingo 5 de diciembre, la empresa OCP Ecuador emitió un comunicado anunciando que había iniciado el movimiento de la tubería para la construcción del noveno bypass temporal luego de que la erosión regresiva alcanzara la zona de Piedra Fina, ya en la provincia del Napo.
La mañana del miércoles 8 de diciembre, OCP Ecuador informó, mediante un comunicado, que inició el drenaje de crudo y que suspendió el bombeo “ante el avance del imprevisible fenómeno natural de la erosión regresiva en la zona de Piedra Fina, provincia del Napo, como medida preventiva”. Y ese mismo día, el MTOP suspendió también la vía por Baeza. En su lugar anunció que se usará la vía alterna hacia Loreto y Coca.
El 30 de noviembre -tres días antes del nuevo episodio de avance de la erosión-, Rosero nos aseguró que todo estaba bajo control. El funcionario dijo que la planificación de la mesa técnica contemplaba que los habitantes que fueran evacuados recibirían terrenos legalizados por los gobiernos locales de los cantones de El Chaco (provincia de Napo), Gonzalo Pizarro y Cascales (provincia de Sucumbíos), y La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana (provincia de Orellana), y que luego, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) construiría casas para los damnificados. De hecho, la mesa técnica atiende a una planificación que se resume en un documento llamado Estrategia Interinstitucional de Intervención frente al proceso de erosión regresiva en los afluentes del río Coca.
En el documento se establece un plan de evacuación que contempla el uso de albergues para las personas que pierdan sus viviendas y la asignación de casas en zonas seguras. Pero a Arturo, a su familia y a sus vecinos nadie les ha dado certezas sobre los terrenos o las viviendas de las que habla el funcionario del Sngre. “Hasta aquí nadie se ha acercado ni ha dicho nada”.
“La familia [Puruncajas] ya va a salir en la primera semana de diciembre”, insistió Rosero, y aunque añadió que el albergue es la última alternativa, enseguida anunció que existe “un sistema de alerta que les va a permitir, con tiempo, ir sacándolos progresivamente. Tenemos ya preposicionados lugares de albergue. Hemos ya movilizado los insumos que se requieren para albergar a la población”. Pero la primera semana de diciembre ya pasó y nada de eso ocurrió. El tiempo con el que se toman las decisiones para proteger la infraestructura parece transcurrir más deprisa que el tiempo para atender a los habitantes de la zona.
Antes de que su tierra se viniera abajo, Arturo, nacido hace 50 años en el cantón El Chaco, trabajaba en la agricultura, como sus padres y sus abuelos. Cultivaba naranjillas, maíz, caña, tenía piscinas de pescado, criadero de cuyes y de cerdos. Pero dos meses después de la desaparición de la cascada de San Rafael, en febrero del 2020, lo perdió todo. “Ese socavón se llevó toda la tierra, no tengo absolutamente nada (…); solo dejamos en las manos de Dios, él sabrá cómo nos puede ayudar”. Desde entonces, han pasado veintidós meses sin que los habitantes de la zona reciban una respuesta oficial acerca de su futuro.
Contratos de obra cierta
Con el deslizamiento de la carretera en Piedra Fina, OCP Ecuador y Petroecuador apuraron esfuerzos para proteger el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El 4 de diciembre, varios habitantes del mismo sector fueron contratados por una empresa llamada Accyem Proyectos Cía. Ltda. para construir la nueva ruta para los oleoductos -la novena desde que comenzó el proceso de erosión- y también una nueva carretera que, según dicen algunas autoridades, esta vez sería “la definitiva”.
Cuatro de los hijos de Arturo se unieron a las cuadrillas de trabajadores con una remuneración de 410,40 dólares por una sola vez, y su contratación se dio bajo la figura de “peón”. Ahora, Arturo agradece que luego de haber perdido todas sus tierras agrícolas debido a la erosión regresiva, sus hijos “al menos [puedan] sustentarse con ese trabajito”.
Esos son contratos por obra cierta, un tipo de contratación que fue ampliado en julio del 2020, mediante el Acuerdo Ministerial MDT-2020-136, y que se caracteriza porque no determina una duración, sino que su vigencia concluye cuando haya terminado el trabajo para el cual fue contratado el trabajador. “La gente de San Luis está trabajando ahí solamente porque ahorita la vía está en peligro con las tuberías”, deduce Arturo, basado en su experiencia. Ahora agradece, pero no sabe adonde irán a vivir mañana él y su familia.
Los funcionarios de Petroecuador no quisieron responder a nuestras preguntas y pidieron remitirnos a sus boletines de prensa. OCP Ecuador recibió nuestra solicitud de entrevista pero, hasta el cierre de esta publicación, no confirmó cita alguna.
La erosión: un fenómeno impredecible, irrecuperable, irreversible
Impredecible, irrecuperable, irreversible. Estos son algunos de los adjetivos con los que los mismos ingenieros de la empresa estatal Celec han calificado al proceso de erosión regresiva en el río Coca.
Las autoridades del Estado ecuatoriano han convenido en llamar “evento de fuerza mayor” al proceso de erosión regresiva y al derrame petrolero del 7 de abril del 2021. El eufemismo pretende negar que en el hecho haya responsabilidad de alguna acción humana como la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, catalogada como una de las infraestructuras más grandes del país.
Pablo Duque, ingeniero geólogo, profesor jubilado y exdecano de la Facultad de Geología, Minas y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional (actual Facultad de Geología y Petróleos), recuerda que los primeros estudios para la construcción de esta central hidroeléctrica se hicieron entre los años setenta y los años ochenta del siglo XX. Luego hubo otros estudios que se hicieron en la década de los noventa. Eran tiempos del ya extinto Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
Ninguno de esos estudios recomendaba la construcción de una obra tan grande como la que existe ahora. La idea inicial fue construir pequeñas presas en distintos puntos del territorio ecuatoriano -explica Duque- con el propósito de atender las necesidades de generación de energía para todo el país. Pero el problema surgió cuando, a principios del gobierno de Rafael Correa, esos estudios, que estaban bajo custodia de personal de la EPN, desaparecieron y se dispuso la construcción de la megaobra ignorándolos por completo. “Se decidió construir grandes presas y todas han tenido problemas graves de construcción que responden a la falta de suficientes estudios ambientales, geológicos”, aclara Duque.
En 1992, la obra costaba 850 millones de dólares, con apenas dos unidades de generación que sumaban 859 MW. En el 2008, el valor subió a 1 591 millones con diez unidades de 150 MW cada una. En el 2009, el valor de la obra, que se había fijado en 1.591 millones, subió a 2.000 millones. Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad de entonces y condenado en abril del 2018 a cinco años de cárcel como autor del delito de lavado de activos por la trama del caso Odebrecht, justificó esos incrementos diciendo que se dieron debido a la devaluación del dólar y por el costo de los insumos petroleros, tal como lo recogió en su momento diario El Universo.
El ingeniero geólogo Roque Proaño, director encargado de la comisión ejecutora Río Coca, que -en sus propias palabras- tiene la misión de “defender las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y minimizar el efecto erosivo”, asegura que el cauce del río Coca “no ha cambiado por efecto de la construcción de las obras”. Pero los registros históricos prueban que en mayo del 2014, el cauce fue desviado para realizar la toma de agua en lo que ahora se conoce como las obras de captación.
Desde febrero del 2020, los funcionarios del Estado ecuatoriano han convenido en declarar que la erosión regresiva es un fenómeno natural que no tiene precedentes en el planeta y que es “irreversible”. Por estas condiciones de irreversibilidad, Proaño aclara que las responsabilidades de Celec “se limitan a ralentizar el proceso de erosión para ganar tiempo mientras se construyen mecanismos de defensa de la infraestructura”. Es decir, ninguna de esas obras es definitiva.
Celec ha previsto un gasto de 14 millones de dólares en estas obras solo hasta diciembre del 2021. Pero ese presupuesto no implica la terminación de los trabajos. Proaño explicó que la época de estiaje, que normalmente debería extenderse hasta marzo, permitiría avanzar en la construcción de pantallas rígidas y que su construcción podría tomar dos años más. Para él, el argumento de que la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair pudo provocar el proceso erosivo “es una teoría” que “no se ha podido probar”.
Un informe de Celec del 15 de enero del 2021 tomó en cuenta que “mediante contrato de construcción en el régimen de emergencia se construyó el dique con contenedores metálicos. Se emplearon seis contenedores de 12 metros y cuatro de 6 metros. Todos los contenedores tienen 2,5 metros de alto”. Poco tiempo después, esos contenedores fueron arrastrados por la corriente del río.
El 4 de febrero del 2021, un año después de que empezara el proceso de erosión regresiva, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos determinó, en su informe 042, que la erosión “podría llegar hasta las obras de captación en 1.48 años”. El documento oficial señala también que se calculó un promedio de 22 metros por día de avance de la erosión. El 21 de mayo del 2021 se declaró alerta roja. Mientras tanto, los técnicos encargados aseguran que ninguna de las obras es definitiva y parecería que de lo único que están seguros es de que nada es seguro.
Los delitos ambientales y sus víctimas
Entre las personas afectadas por el proceso de erosión regresiva se encuentran empresarios turísticos que perdieron sus negocios y también agricultores y pequeños ganaderos que perdieron sus tierras y, por lo tanto, sus medios de subsistencia. Con la desaparición de la cascada de San Rafael, por ejemplo, Jairo Cabrera perdió su finca, donde funcionaba su negocio turístico colindante con la cascada. “Me sorprendió cuando vi un hoyo de 10 metros de radio”, recuerda este guía turístico. Así fue como empezó su tragedia personal. El relato le obliga a recordar también que cuando Coca Codo Sinclair se empezó a construir, el personal de la hidroeléctrica les hizo firmar a él y a otros habitantes de la zona un documento en el que aceptaban que estarían dispuestos a evacuar sus tierras en el caso de que hubiese un desastre. “En ese tiempo no sabíamos de lo que se trataba, entonces ellos ya sabían que por su irresponsabilidad al construir este proyecto sin todas las especificaciones técnicas podía suceder esto y mira, sucedió”.
La caída de agua de más de 150 metros -que fuera uno de los atractivos turísticos más importantes de todo el país- dejó de existir luego de que se formara un gran socavón dentro de la tierra que sostenía la masa montañosa. Esos diez metros que vio Cabrera en su propiedad se convirtieron en menos de dos años en una inmensa garganta de tierra y barrancos que no deja de crecer.
Gilbert Tixe es un campesino agricultor nacido en El Chaco hace 50 años. Su propiedad -herencia de su abuela- se ubica en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, en el sector El Salado, justo al borde de las obras de captación de la central Coca Codo Sinclair y encima del túnel de conducción. Gilbert recuerda que desde el 11 de septiembre del 2009, comenzó para él una sucesión de invasiones, imposiciones y amenazas de expropiación por parte de los representantes de la empresa. Era común -cuenta- que al recorrer su tierra encontrara desmontes, hitos o basureros hechos por los trabajadores de Coca Codo Sinclair sin su autorización. “es un beneficio para el país, pero el perjuicio es para uno y para los que estamos en la ribera”. “Siempre con su idea de que es un proyecto de prioridad nacional, el proyecto más grande del Ecuador y de Latinoamérica”.
Desde que las obras de captación están en funcionamiento, Tixe tiene que cruzar las instalaciones usando un salvoconducto para llegar a su propiedad y cuidar sus sembradíos de maní, yuca o naranjilla. Pero luego de cruzar esas instalaciones, ya para entrar a su terreno, no cuenta con una ruta de acceso. Durante la construcción de la infraestructura estatal borraron los caminos y derribaron un puente que usaban los lugareños. Por eso, ahora él debe trepar una valla del puente principal de la obra de captación -que solo le sirve al personal de la central- y saltar hacia un despeñadero. Luego debe avanzar por un sendero angosto y trepar una pendiente casi completamente vertical. Gilbert dice que lo hace sin miedo. “Yo he sido la piedra en el zapato de la Coca Codo Sinclair y lo seguiré siendo. Ahora ya no estoy luchando solo”.
Mercedes Caiza, una mujer de familia de agricultores que ahora tiene 45 años, tiene una finca contigua a la de Gilbert, a 200 metros de la obra de captación y al borde del río. Esta mujer reclama por lo que califica como engaños por parte de la empresa desde que llegó al lugar. Esta mujer dice que “como si fuera esa tierra de nadie cogieron e hicieron lo que les dio la gana”. Sus tierras hoy están arrinconadas por las instalaciones de la hidroeléctrica e incluso hay parcelas que fueron usadas como depósitos de desechos sin su permiso. “Se fueron tumbando mis potreros, mi casa, todo lo que yo tenía”. Maquinaria pesada entró y excavó hoyos de aproximadamente 1000 metros cuadrados para enterrar basura y hoy esas porciones de su tierra están convertidas en escombreras. Cables, mangueras, bolsas plásticas, restos de material de construcción fueron acumulados por los constructores durante años.
Según los documentos oficiales, la central capta 222 metros cúbicos por segundo en el sector de El Salado, donde está la obra de captación y donde también está la tierra de Gilbert Tixe. Eso ocurre cuando cuando la central opera a su máxima capacidad.
Proaño dice que el centro de captación “no tiene una represa”, sino que se trata de “una toma de pasada, porque lo único que hace la captación es coger el agua que necesita y lo demás sigue su curso natural a través del vertedero. No se almacena agua en las obras de captación”. Sin embargo, los mismos documentos oficiales de la central hidroeléctrica explican que la obra de captación es “un azud que represa el agua del río y eleva su nivel”.
Proaño asegura también que el caudal medio del río es de “más de 350 metros cúbicos por segundo”, y que “siempre quedarán por o menos 150 metros cúbicos en el río”, pero en los mismos documentos se señala que el caudal medio del río es de 290 metros cúbicos por segundo. Este detalle es importante porque, si bien la legislación nacional no está actualizada en este y otros temas, se obliga a respetar el llamado caudal ecológico, que corresponde al 10% del caudal medio de un río.
Duque aseguró que “el Estado está dando palos de ciego” para atender la crisis por la erosión regresiva. En sintonía con los pronunciamientos de organizaciones ambientalistas y de buena parte de los habitantes de la zona de influencia del río Coca, este ingeniero especializado en Petrología metamórfica en la Universidad de Michigan (EEUU) y en la Universidad de Calgary, en Albertá, Canadá, habla de delitos ambientales. “Porque no se pueden hacer estudios ambientales sin tener todas las características de los sectores donde se va a hacer la construcción y en su lugar tomar características de sectores aledaños que no son similares”.
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El 19 de noviembre, en respuesta a las acciones del Estado ecuatoriano, se instaló ad hoc el Tribunal del Agua y los Desastres y mantuvo su primer encuentro junto al lugar donde se encontraba la cascada de San Rafael. Este tribunal -presidido por Monti Aguirre, coordinadora de la International Rivers Network para América Latina- emitió un dictamen en el que critica las acciones de las instituciones estatales y explica que la crisis por la erosión regresiva afecta también a las comunidades kichwas instaladas río abajo. Se refieren a Pandayaku, Shiwuacucha, San Francisco, Playón del Río Coca y Dashinoi. La contaminación petrolera -detalla el dictamen, en alusión al derrame del 7 de abril del 2020, que echó a los cauces cerca de 15 millones de barriles de petróleo- ha privado a estas comunidades de su derecho a tener agua limpia para su vida cotidiana y, ante esto, no han recibido indemnización o reparación integral alguna.
“Aunque la erosión regresiva es un fenómeno natural -dice el documento-, sus impactos se generan cuando se altera la cuenca. Lo que observamos ahora pudo producirse a lo largo millones de años, pero la aceleración e intensidad del fenómeno hizo que la erosión regresiva se transforme en un desastre. El Estado sabe que va a ser imposible estabilizar este fenómeno, y está tomando medidas antitécnicas, inconsultas y a corto plazo, pues sigue haciendo más obras, como desviar su curso para solucionar el problema causado, pero el río tiene una hidráulica propia, lo que va a generar graves consecuencias en toda la cuenca. Todo esto se agrava con las rupturas de los oleoductos, lo que pone en riesgo catastrófico a toda la zona, convirtiéndole en una gran zona de sacrificio”.
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