Carlos Játiva, embajador del Ecuador ante la OEA

A nombre del Gobierno del Ecuador agradezco la convocatoria a la presentación del Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), cuya labor fue financiada por el Estado ecuatoriano. Fue también objeto de una exposición fotográfica aquí, en la CIDH con una recopilación de Paúl Rivas…, que nos permitió rendir homenaje a la memoria de los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, que fueron asesinados en cumplimiento de su labor profesional…, un crimen funesto, sin precedentes para la nación ecuatoriana.

El lunes de esta semana recibimos el texto del informe final del ESE, el mismo que ha sido trasladado en estos días para el conocimiento de todas las instituciones nacionales… Si se me permite, voy a presentar a los delegados ecuatorianos… En primer lugar, el doctor Carlos Espín, subdirector nacional de DDHH de la Procuraduría General del Estado, y luego, el doctor Juan Pablo Morales, subsecretario de DDHH de la Secretaría de DDHH del Ecuador.

Carlos Espín, subdirector nacional de DDHH de la Procuraduría General del Estado de Ecuador

Como breve referencia en el ámbito procedimental, el Ecuador ha dejado claro que el esto se ha desarrollado dentro de las competencias de la CIDH en el contexto de la medida cautelar 30918, que fue dictada en el año 2018.

Cómo se ha referido, lamentablemente, el informe ha sido entregado hace poco, como para poder procesarlo, pero son varias las instituciones que deberán procesarlo y analizarlo, de acuerdo a cada una de sus competencias, como brevemente lo referirá a continuación, entre otros temas, el subsecretario Juan Pablo Morales.

Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos de Ecuador

Muchas gracias, buenos días. Quiero empezar saludando la presencia de los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Querido Ricardo, querida Yadira, querido Galito, qué gusto podernos encontrar finalmente, cuando se está cerrando todo el trabajo del ESE.

De igual manera saludo a los abogados representantes de la sociedad civil, de la prensa, Juan Pablo, Pedro, con quienes hemos venido trabajando a lo largo de todos estos meses en los cuales el ESE ha desarrollado sus actividades. Por supuesto, quiero agradecer a la CIDH, a su presidenta la doctora Esmeralda Arosemena, al secretario ejecutivo Pablo Abrau, y al relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, con quienes hemos desarrollado el trabajo conjunto con el que el ESE finalmente concluye su trabajo hoy, con la entrega de este informe.

Como se ha señalado ya, el comprometimiento del financiamiento del ESE fue una decisión del gobierno ecuatoriano, además de la participación en todas aquellas reuniones que fueron convocadas… Ha señalado, precisamente, la señora Presidenta que no todos los días se constituye un mecanismo especial y, de esta manera, la voluntad del gobierno resultaba fundamental para que este equipo pueda trabajar y desarrollar sus actividades… Además del trabajo que se realizó junto al ESE…, el Estado ecuatoriano participó también cuando recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento del equipo periodístico y definió el acompañamiento… para procesar la información y la repatriación de los cuerpos de Javier, Efraín y Paúl. Quizá este es uno de los momentos más dolorosos y más importantes.

Para nosotros, como hemos señalado, el Informe se constituye en un insumo importante para el desarrollo de las actividades que lleva adelante la Fiscalía General, así como para las acciones que podrían adoptar las distintas instituciones públicas… para evitar que un hecho tan doloroso se vuelva a repetir… Este informe ha sido trasladado ya a las autoridades competentes para que se realice el análisis que recomienda y las observaciones sobre las conclusiones y recomendaciones. En mi calidad de subsecretario de Derechos Humanos y de forma personal (debo) ratificar a los familiares y en presencia de la comisión que nosotros realizaremos el acompañamiento durante todo este proceso. Muchas gracias.

Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA

Teniendo en cuenta el corto plazo transcurrido, entre el conocimiento del informe y la presentación el día de hoy, nuestra misión no tiene las instrucciones definitivas sobre el mismo, razón por la cual solo podré expresar algunos comentarios preliminares, sin perjuicio de que más adelante podamos compilar comentarios más amplios…

El Estado valora que el ESE destaque la disposición del Estado colombiano para facilitar la recopilación de información y la realización de las reuniones al más alto nivel con las entidades concernidas en la implementación de las medidas cautelares, sin embargo…  es de cuestionar la remisión con tan poco tiempo de antelación del informe y sus anexos, teniendo en cuenta que su versión final fue transmitida al Estado colombiano mediante nota del 9 de diciembre de 2019. Es una observación recurrente que la hacemos muy cariñosamente y que lo seguiremos haciendo…

El Estado coincide en que –(y) creo que en algún informe anterior lo decía el gobierno del Ecuador- (el informe) falta a la objetividad y a la rigurosidad, lo anterior teniendo en cuenta que el Equipo acude y referencia investigaciones periodísticas y literarias, por ejemplo el libro titulado Rehenes.

El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el informe final y sus anexos, debido a que gran parte de la información aportada… es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales.

Específicamente, el Estado considera que el documento contiene información relativa a:

  • La defensa y la seguridad nacional
  • A la seguridad pública
  • A las relaciones internacionales
  • A la prevención investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias
  • Al debido proceso y a la igualdad de las partes en los procesos judiciales
  • A la administración efectiva de justicia
  •  

Se evidencia que por parte del ESE se hace una valoración de tipo judicial y se emiten juicios de valor como si se tratara de una instancia penal internacional. Lo cual desvirtúa los objetivos por los cuales los estados respaldaron la creación del Equipo en mención. En virtud de lo anterior, el Estado colombiano considera que el ESE excedió el mandato para lo cual fue creado en mayo del 2018.

Las recomendaciones expuestas exceden el ámbito del trabajo, estudio y análisis del Equipo de Seguimiento. En esa medida, el Estado colombiano estima que el equipo realiza juzgamientos, sugerencias que no le corresponden… Las recomendaciones serían contradictorias, pues estaríamos ante una hipótesis exótica, en la que procedería la reparación sin previa declaración de responsabilidad o aceptación de la misma. O, por lo menos, sin tener certeza de la responsabilidad estatal.

El Estado se permite señalar, respetuosamente, que el ESE se extralimitó en las consideraciones expuestas. Hasta aquí la intervención señora Presidente. Muchas gracias

Yadira Aguagallo, periodista y representante de familiares de las víctimas

Gracias señora Presidenta, señor secretario, señor relator, a los representantes de la misión ecuatoriana y de la misión colombiana, mi saludo. Pero, principalmente, un saludo a quienes desde Ecuador nos siguen, a nuestros familiares y a todos los colegas periodistas ecuatorianos y colombianos para quien este mecanismo sí marca un precedente en aquello que los comunicadores de todo el continente exigen, que es que los crímenes que se perpetran, que se comenten en contra de sus colegas no queden en la impunidad por parte de ningún Estado y que existan los mecanismos suficientes y necesarios para que la vida de todos los periodistas sea asegurada y garantizada, no importa la reportería que estén realizando.

En ese sentido, queremos expresar nuestro agradecimiento al trabajo del ESE (y) reconocimiento a nuestro equipo jurídico, tanto del Ecuador como de Colombia, y sobre todo a la fuerza de los familiares de las víctimas.

Juan Pablo Albán, abogado de familiares de las víctimas

Nosotros reconocemos que la actividad cumplida por la Comisión a través del ESE es, sin duda, un importante insumo en un camino, que como hace unos días señalaba Yadira, no se está terminando hoy día. Quiero empezar señalando esto y ser muy enfático: hoy empieza. Empieza ese proceso de tratar de reconstruir una verdad histórica, de tratar de identificar a los responsables de estos deleznables hechos, que no son solamente individuos particulares. Desde luego hay actos de delincuencia organizada…, pero hay omisiones groseras de funcionarios públicos en distintos niveles de la administración de ambos estados.

Precisamente por eso, resulta por demás preocupante escuchar en esta sala una línea discursiva que apelando a la seguridad nacional, a una extralimitación de mandato, a la imposibilidad de al menos plantear como recomendación una eventual reparación, pretenda diluir la gravedad de los crímenes perpetrados. Eso es absolutamente inaceptable.

Nosotros queremos destacar que en este informe se da cuenta de algunos datos muy importantes para el esclarecimiento de los hechos. Primero, que hay información importante en manos de cada uno de los gobiernos y que estos tienen que actuar con un mayor nivel de cooperación. Yo apelo, sobre todo a las autoridades de mi país, creo que no me compete pedirle nada al Estado colombiano, a que esa colaboración exista, a que crucen la información.

Queremos, además, observar la importancia, que el propio informe destaca, de llevar adelante una investigación sistémica; es decir, donde los distintos expedientes sobre eventos violentos ocurridos de forma coetánea entre los meses de marzo y abril y desde antes en la línea de frontera, (y los dos gobiernos) compartan esa información, porque es evidente que esto ha sido parte de un ciclo. No es resultado del infortunio o del azar, sino de un proceso muy complejo de inseguridad en la línea de frontera.

La autoridad pública tiene que buscar, efectivamente, la verdad. Y esa verdad no va a estar completa mientras no se establezcan todos los niveles de responsabilidad, que no son solamente de aquellos integrantes de esta organización armada que se dedica a la delincuencia organizada.

Queremos pedirle en esta ocasión a la Comisión, precisamente porque consideramos que este es el inicio y no el final, que se mantenga abierto un proceso de supervisión de la implementación de las recomendaciones formuladas en el Informe Final del ESE. Esto, partiendo, principalmente, de que el Resolutivo C de la Resolución 25, 2018, en que se otorgó las medidas, disponía que ambos estados tenían una responsabilidad de esclarecer los hechos. Y en ese proceso todavía estamos, no lo hemos concretado y, en tal sentido, ese dispositivo de las medidas cautelares todavía no está en ejecución; es decir, las medidas siguen en vigencia, porque ese dispositivo no se ha cumplido.

Quisiéramos apelar a la sensibilidad de las autoridades del gobierno del Ecuador y, en esta ocasión, públicamente, ante la Comisión, pedir que se convoque a una sesión del Cosepe y que en esa sesión se acuerde la desclasificación completa de toda la información que se encuentra en manos de instituciones del Estado y que la Fiscalía, de hecho, ya ha requerido, (ante lo cual) hay respuestas parciales, justamente, invocando el secreto. Es importante notar que bajo la legislación ecuatoriana… mientras no haya una negativa formal (del Cosepe) no es posible obtener una orden judicial de desclasificación. Entonces, o bien se da una negativa formal o en su defecto el Cosepe, como lo planteó el señor Presidente de la República en abril del año anterior y como lo volvió a reiterar el 5 de diciembre del 2018, el día antes de que se llevaran a cabo en este mismo lugar las audiencias, (permitirá) total transparencia y entregará toda la información. Y eso es, precisamente, lo que debe hacerse, porque caso contrario no va a ser posible esclarecer los hechos.

Para cerrar mi planteamiento, queremos resaltar que, por la memoria de Javier, Paúl y Efraín, nosotros no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre. Exigimos que sea visto como una apertura a la verdad, a esa verdad que, como derecho, les corresponde a las familias de las víctimas. Y así lo reconoce el Informe en un extenso capítulo sobre derecho a la verdad.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl

Seré muy breve, solamente indicando que este es un momento histórico para los dos países, en los cuales se habla de derechos humanos. Creo que el hablar sin acción sigue siendo hablar y creo que es el momento de poner en práctica, a través de las acciones, las recomendaciones y el seguimiento. (Eso) se hace demostrando, justamente, que es importante o que somos personas que les importamos a los estados.

Los gobiernos actuales han sido elegidos por sus propios ciudadanos y creo que es la responsabilidad hacia ellos el dar un marco de seguridad. Está en la política, en el principio de los estados, dar una protección y seguridad. Qué mejor manera que (hacerlo) a través de la acción, demostrándolo hoy y en este proceso, durante este lamentable caso, que estamos hablando de derechos humanos a través de la acción y no de la palabra.

Creo que es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicado y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible. Y estamos de acuerdo, hay documentación que es sensible para la seguridad de un país, de un Estado, pero justamente se está dando una alternativa, (la) de una comisión que vaya seleccionando lo que es sensible de lo que se puede transmitir. Nosotros pedimos la verdad.

Creo que despojándonos de que somos familiares y ustedes de que son representantes de Estado, estamos aquí ciudadanos, personas que clamamos por una verdad; a todos nos gustaría conocer qué es lo que realmente pasó, más allá de las posiciones que podemos tener. En este momento, estamos representando no solo a los países, sino  a un continente que clama por una libertad de expresión, por un derecho a la vida y, vuelvo a recalcar, no puede haber una impunidad… Todos tenemos derecho a la verdad y que esto no puede quedar en la impunidad.

Frank La Rue, exrrelator de la Libertad de Expresión de la ONU y representante de Fundamedios en Washington

Mi nombre es Frank La Rue, representante legal de Fundamedios en Washington, y (estoy) acompañando a las víctimas de este caso, tratando de aportar brevemente una opinión en nombre de nuestra organización.

Primero, felicitar a la Comisión, creemos que este es un esfuerzo histórico y un esfuerzo valioso, que sienta un muy buen precedente para el tema de la libertad de prensa y la seguridad de periodistas en nuestro continente.

Queremos hacer muy brevemente dos o tres comentarios. Primero, el informe es importante porque la violencia contra la prensa se da de diferentes maneras y es multidimensional. Lo que pretendemos es, precisamente, garantizar la seguridad y protección de periodistas y la posibilidad de que sigan informando.

Segundo, creemos que el ataque a los periodistas viene de diferentes actores. En este caso, estamos hablamos de un hecho criminal y transnacional; entendemos eso, pero esa complejidad de los hechos no nos debe alejar de la urgencia de investigar y esclarecer plenamente la verdad.

A mí, personalmente, me tocó en el pasado escribir un informe sobre derecho a la verdad y creemos… que la verdad es uno de los factores importantes para erradicar la impunidad… En el tema de la prensa, y hablo de todos los casos, normalmente no se esclarecen los hechos. Y es ese alto nivel de confusión, falta de veracidad o de no información lo que permite que estos hechos se sigan recreando.

Quisiéramos hoy expresar nuestro más profundo aprecio y solidaridad con los familiares de las víctimas, que han hecho esta ardua lucha por esclarecer este hecho, compartimos su dolor, pero también compartimos su lucha por el esclarecimiento pleno de los hechos… Creemos que el trabajo del ESE es un trabajo inicial, no final, que debe ser continuado. Animamos a la CIDH a convertirse en un órgano que dé seguimiento y monitoreo a las recomendaciones que hoy está haciendo, todo el esfuerzo de la CIDH debe tener implícitas recomendaciones para mejorar el estándar de los derechos humanos en nuestro continente.

Hoy se habló de la Comisión de Palermo…, nosotros creemos que también aquí es válido hablar de los convenios de Ginebra y con la protección de periodistas en zonas de conflicto, por ejemplo. El tema de la seguridad de la prensa y la protección de periodistas debe ser tratado de múltiples formas. Queremos pues felicitar, animar a las víctimas y sus familiares, pero especialmente a la Comisión, a continuar el seguimiento a este tema.

Edison Lanza, relator especial de la Libertad de Expresión de la CIDH

Quería solamente aportar unos puntos de información… Primero, todos estamos conscientes de que el mecanismo no estaba exento de desafío, que recurre a lo que fue creado por el interés fundamental de proteger a las víctimas, responder a las familias.

La Comisión siempre ha respondido a situaciones nuevas en el derecho internacional y en la violación a derechos humanos en la región. Ha tenido la valentía de hacer y el que hace puede equivocarse. Y en eso estamos de acuerdo. Lo segundo es sobre los plazos de consulta. Yo quiero mencionar aquí, en esto creo que los estados han corrido con ventaja respecto a las víctimas y a las familias, que este producto, el informe final, prácticamente, en su estructura fundamental, es la misma como proyecto. Fue consultado con tiempo y se les dio más de un mes a los estados para que hicieran llegar sus observaciones. Entonces, no es nuevo y, prácticamente, no es que lo han visto (en) los últimos tres días… No podíamos seguir postergando, porque ya estábamos con el plazo vencido y la oportunidad acá también es importante.

Lo tercero es que hay un aspecto que tiene que ver con la narrativa. Este no es un informe de responsabilidad, pero creo que la narrativa que los estados construyeron durante los primeros meses, verdad que hoy no voy a repetir, era un reclamo de las víctimas que no reflejaba lo que ellos pensaban… En ese sentido, toda la primera parte, y eso tal vez sea lo innovador, lo que trata es de responder e integrar otros aportes que hubo de la sociedad civil, del periodismo, de los propios estados a través de las investigaciones, con los cabos sueltos que nosotros aclaramos que todavía quedan, porque estamos en un inicio para tratar de salir de lo que siempre pasa, que el Estado se atrinchera en la historia oficial y las víctimas se quedan sin respuesta.

Tratamos de construir un camino hacia una verdad, que todavía, obviamente, no es completa. Y lo más importante, creemos que lo sustantivo y que ninguno de los estados todavía lo ha discutido, capaz que no han tenido la posibilidad, es cuales son las preguntas que quedan por contestar (y) que nosotros no las respondemos, las dejamos planteadas.

Y, finalmente, la sugerencia de iniciar medidas o conversaciones para llegar a una reparación no parte de la base de la responsabilidad, parte de la base de algo que Colombia ha sido pionero a través, por ejemplo, del proceso de paz. Y es que a la vez que se busca la justicia, también se pueden buscar formas de reparación para víctimas que han sido afectadas no por un accidente, sino por una acción en la que están involucrados de algún modo los estados.

Por último, hicimos una versión pública que no vulnera, digamos, lo que ya es público, porque hay una información que ya es pública.

Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH

Gracias, yo solo quiero concluir, reiterando mi mensaje de solidaridad con los familiares de las víctimas y mi acompañamiento profundo en ese dolor…. Quiero expresarle a todos el compromiso de la CIDH con este informe. Voy a garantizarlo, no va a quedar ni en el aire, ni en la nada…