Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
A las ocho de la mañana del 19 de junio de 2022, la Fiscalía allanó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Integrantes de la Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional y agentes de Criminalística ingresaron a las instalaciones después de que una supuesta llamada anónima al servicio 1800-DELITO denunciara que un grupo de 30 personas, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, estarían almacenando material bélico para ser usado en las manifestaciones.
La Casa de la Cultura informó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía tenía orden de “allanamiento, descerrajamiento, quebramiento de las puertas o cerraduras, aprehensión de personas e incautación de indicios”. No obstante, a las 14H20, las unidades policiales abandonaron el lugar, puesto que no hallaron material bélico dentro de las instalaciones ni registraron detenidos.
A pesar de que el operativo se realizaba únicamente como parte de una diligencia investigativa, a las 10h46, la Policía Nacional comunicó a través de una rueda de prensa que, en el marco del Estado de excepción, se haría una requisición de las instalaciones, “aprovechando” que las unidades se encontraban ya en el lugar. La Policía señaló que en el lugar se “hospedarían” unidades de mantenimiento del orden (UMO), con el fin de precautelar la seguridad y el orden público ante “las amenazas de los grupos sociales que usan como protesta la violencia”. Fernando Cerón, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó su preocupación ante la solicitud de la Policía de ingresar 400 unidades. “Nos preocupa que la Casa de la Cultura pueda convertirse en un espacio que fomente actos violentos de cualquier tipo”, dijo Cerón.
La Policía regresó a las cinco de la tarde con el objetivo de tomar las instalaciones de la CCE. En ese momento, convocados por el presidente de la sede, artistas y gestores se encontraban en vigilia en las instalaciones. Con música, danza y tambores manifestaban que ese espacio no se convertiría en un cuartel policial. Policías antimotines y motorizados rodearon las instalaciones. Hacia las siete de la noche, una docena de buses policiales, dos vehículos policiales blindados y policía montada se apostaron en todo el perímetro de la CCE. En los bajos de un hotel cercano así como en las esquinas del parque El Ejido se ubicaron piquetes de policías motorizados y la circulación vial fue interrumpida.
Bajo el estado de excepción, el presidente de la República tiene la potestad de disponer de “bienes patrimoniales que pertenezcan a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras”. Ante la presencia de los policías y militares en sus instalaciones, la Casa de la Cultura advirtió que la naturaleza de su patrimonio le ofrecía una garantía constitucional de inembargabilidad. A la vez, le recordó al Estado que tiene la obligación de salvaguardar el acceso a los derechos culturales.
Sin embargo, a pesar de la resistencia y la vigilia de los artistas y gestores y de la arbitrariedad de la acción, la Policía ingresó a las instalaciones a las 20H50. “Hoy día, luego de 42 años, esta institución ha vuelto a ser tomada por el poder, por el terror, por la muerte”, declaró Cerón ante la toma de la sede de la CCE.
«Que se vayan donde quieran, menos acá»
Empezó con un allanamiento como parte de un proceso investigativo. En la tarde, se anunció que requisarían las instalaciones con el fin de resguardar la seguridad ciudadana y el orden público en las calles aledañas. En horas de la noche, cuando ya habían tomado el Ágora de la CCE, un miembro de la Policía Nacional relató en vivo la razón de la toma de las instalaciones:
“Ya están viniendo alrededor de 20 000 manifestantes. La consigna es que no entren acá, que se vayan donde quiera, menos acá”.
Durante las protestas de octubre de 2019, la sede de la Casa de la Cultura sirvió de base y “zona de paz” para los militantes indígenas que protestaban contra el gobierno de Lenin Moreno. Lo mismo ocurrió en ocasiones anteriores, durante gobiernos como el de Lucio Gutiérrez o el de Gustavo Noboa. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, anunció esta semana que, si el presidente no cumplía con las demandas que habían especificado las organizaciones indígenas ante el gobierno de Guillermo Lasso, las comunidades de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar llegarían a Quito con el fin de apoyar el levantamiento de la capital y radicalizar las medidas del paro nacional. Bajo este contexto, señaló que la Casa de la Cultura estaría asegurada como lugar de albergue.
Ante la toma de la CCE, el dirigente pidió a los rectores de las Universidades de la capital que abran sus puertas a las manifestaciones. Dijo que no se puede privatizar espacios que han sido gestionados y creados con fondos públicos. Hasta la noche del domingo 19, solo la Universidad Andina Simón Bolívar había comunicado de manera oficial que no abriría sus instalaciones como lugar de acogida para los manifestantes. A pesar de no haber emitido un comunicado público, las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también señalaron su negativa ante el pedido de las asociaciones estudiantiles de abrir las puertas. La Universidad Politécnica Salesiana, la Politécnica Nacional y la Universidad Central todavía no han emitido pronunciamiento oficial.
La noche del domingo, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, trinó en su cuenta de Twitter que no se trataba de una toma de la CCE y que el Decreto 455 sobre el estado de excepción, faculta al Estado a hacer requisición de bienes e instalaciones en un contexto de convulsión social.
Las universidades convocaron a una rueda de prensa a las nueva d ela mañana del 20 de junio. En ella, las autoridades de la Pontificia Universidad Católica, la Politécnica Salesiana y la Cámara de Comercio de Quito anunciaron su postura de brindar las condiciones propicias para abrir espacios al diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Señalaron que están comunicándose con la Cruz Roja y las Naciones Unidas para que estas instituciones busquen espacios de acogida para los manifestantes. Fernando Ponce, rector de la PUCE, confirmó que no abrirían las instalaciones a las comunidades pues «las condiciones son distintas a las de octubre» [de 2019]. Maria Sol Villagómez, vicerrectora de la sede de Quito de la Universidad Salesiana, dijo que todavía no se toma una resolución al respecto.
Inicialmente las autoridades de la Universidad Central y la Politécnica Nacional iban a estar presentes. Sin embargo, no asistieron. Hasta el momento no se conocen las razones.
La Casa de la Cultura presentó una Acción de Protección para defender las instalaciones ante lo que consideraron una arbitrariedad de la toma de la sede. Pasadas las diez y media, Cerón denunció, a través de su cuenta de Twitter que les habían comunicado que la acción no sería recibida puesto que “no existe sistema”.
Visita Amazonía viva
La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH La CIDH
