Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Fotos: Jhonatan Ávalos / @CevallosAvalos
PRIMERA PARTE
Viernes 8 de abril del 2022
Esta entrevista tuvo lugar en dos citas distintas, con tres semanas de distancia. Luego de varios intentos por concertarla, estalló la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania y este episodio se convirtió en un punto de inflexión para la política exterior de Ecuador. En ese intervalo, renunció el ministro de Defensa, Luis Hernández; la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; el ministro de Agricultura, Pedro Álava, y el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. Durante esas semanas, además, el canciller Juan Carlos Holguín viajó a España, participó de la cumbre binacional Ecuador-Perú, y visitó Israel junto al presidente de la República, Guillermo Lasso.
La política exterior ecuatoriana se asienta sobre seis ejes: la diplomacia para las vacunas, considerada el puntal base, ya cumplido, según el gobierno; la diplomacia para la transición ecológica, en la que se pretende un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate); la diplomacia para la paz, que incluye todo lo relacionado con la seguridad y la defensa; la diplomacia comercial, con el propósito de afianzar tratados con la mayor cantidad de países del mundo; la diplomacia para la transformación digital, la diplomacia para la ciencia y la academia y la diplomacia cultural.
El conflicto entre Ucrania y Rusia y la etapa pospandemia determinan el discurso de Holguín. Sobre esos cauces, esta conversación abordó asuntos como políticas migratorias, democracia en la era digital, seguridad nacional, ciberseguridad y vigilancia ilegal, responsabilidad estatal en violaciones de DDHH, políticas medioambientales y cambio climático. Para el ministro de Relaciones Exteriores, la minería ilegal es el mayor problema que enfrenta el país pues, asegura, adquiere un tinte de «crimen transnacional». Holguín reconoce que hay un vacío de estado en el abordaje de este tema. Habla de las líneas rojas para el régimen en materia de relaciones internacionales y cree que el estado no tiene que velar porque las empresas mineras tengan relaciones respetuosas con las comunidades donde operan. Holguín atendió a las dos citas en su despacho, en el Palacio de Najas, en actitud distendida y con generosidad en cuanto al tiempo, a pesar de las complicaciones de la agenda oficial.
Migración en medio de una guerra
Ha pasado ya mucho tiempo de un operativo exitoso de retorno de ciudadanos ecuatorianos en Ucrania. ¿Cuál es el resultado?
Indudablemente fue un éxito y lo vemos cada día que pasa. La violación a los DDHH en Ucrania se hace más evidente. El día de ayer (7 de abril) nuevamente varios ciudadanos ucranianos civiles fueron abaleados por soldados rusos, según la información que ha expuesto el gobierno ucraniano, y eso nos hace entender la magnitud de lo que tuvimos que hacer. Tuvimos más de setecientos ciudadanos en un territorio donde no teníamos embajada ni siquiera en Ucrania, ni siquiera en Polonia, y haber hecho un operativo para trasladar inclusive en vuelos transoceánicos en menos de 15 días a las setecientas personas es indudablemente un éxito que ha sido felicitado sobe todo por los gobiernos latinoamericanos. Ecuador pudo colaborar también para el proceso de evacuación de ciudadanos colombianos y peruanos y creo que eso es digno de resaltar. Un gran trabajo del servicio exterior ecuatoriano, una Cancillería que comprendió que sobre todo los aspectos de movilidad humana son fundamentales para la diplomacia, y en una situación bélica haber tenido un equipo profesional que, a través del cuarto de guerra y del apoyo interinstitucional pudo ser un proceso de evacuación exitoso, nos da una luz de hacia dónde va este servicio exterior.
¿Qué es migrar para el canciller Juan Carlos Holguín?
Migrar es la salida por busca de oportunidades en territorios internacionales. La migración, en mi concepto personal, es uno de los grandes desafíos a vencer como país. Hemos tenido olas migratorias que han sido complicadas fruto de la falta de oportunidades e inclusive, muchas veces, diría yo, de ciertas señales de un estado fallido. Por ejemplo, la migración estudiantil que vimos en Ucrania: muchos de ellos salieron de aquí a estudiar en Ucrania porque aquí no había oportunidades. Eso no puede volver a repetirse. Hay otro tipo de migración que es fruto de lo que estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo que no tiene fronteras. Muchas de las historias de estos chicos no tenían que ver con que salían a Ucrania por una falta de estudios sino por las ganas de vivir en Europa y buscar nuevos mundos.
Pero es un derecho migrar…
Por supuesto, por eso mismo me refería a esta segunda parte de la migración, donde ese derecho, pero sobre todo ese mundo globalizado nos invita a pensar que los ciudadanos ecuatorianos pueden ser ciudadanos del mundo.
Hay un proceso de regularización de extranjeros en Ecuador que es parte de la promesa y de la agenda del canciller Juan Carlos Holguín al asumir sus funciones. Entiendo que el viceministro [de Movilidad Humana, Luis] Vayas estaba a cargo de ese tema y la guerra, supongo que le distrajo por un tiempo. ¿Cómo avanza eso?
No, no, el proceso está listo. Este es un proceso de regularización que empezó dentro del plan de gobierno del presidente Lasso. Hay que entender que tenemos acá una migración de hermanos venezolanos de más de 500 000 personas. Si sumamos la población flotante que está yendo hacia el sur, podríamos llegar casi a 700 000 en este momento, en el mes de abril en nuestro país. El programa de regularización, lo que busca, es una política pública de inclusión completa hacia la sociedad ecuatoriana. Estamos terminando el decreto ejecutivo del presidente, que fue elaborado con los donantes internacionales como Canadá, el sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos, entre muchos otros, y yo espero que en las próximas semanas podamos, dentro del primer año de gobierno, ya lanzar nuestro plan de regularización. Estamos trabajando en los pilotos ahora. Hay que solucionar problemas de software a nivel regulatorio, temas de sistemas que para regularizar a 500 000 personas tenemos que tener un contingente listo. Hay otro tipo de migración dentro de nuestras políticas, más allá del programa de regularización, que es la migración ordenada, una migración circular, procesos que estamos trabajando, por ejemplo, con el gobierno español, en el cual ciudadanos ecuatorianos que tienen el derecho o quieren cumplir su derecho de trabajar en otro lugar van por cierto tiempo, regresan, y eso ayuda a que puedan tener una salida ordenada, circular, el próximo año. Estamos terminando ahora, en algunas zonas españolas, estos procesos de migración circular y responsable, sobre todo en temas de agricultura.
Democracia y seguridad en la era digital
Canciller, acaba de volver de una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [António] Guterres. Además, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha pronunciado en favor de promover el cuidado de la democracia en la región. ¿Qué es la democracia para el Estado y para Juan Carlos Holguín, en particular?
Indudablemente, es el sistema político que dentro de sus imperfecciones es el más perfecto para el mundo. Para mí tiene una fuerte concepción en el justo equilibrio de poderes y, además, en la libertad. En la libertad absoluta de los ciudadanos de poder, en un orden establecido, hacer uso de ese derecho de albedrío que tienen sobre sus propias decisiones. La libertad de expresión, la libertad de protesta, la libertad de elegir un gobierno, y creo que lo que tenemos que entender ahora son los retos de una democracia, por ejemplo, en nuestros países, con poderes que ya no fueron los tradicionales en los que se basaron los cimientos más importantes de ese sistema. El Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, nunca se lo pudo discutir a fondo cuando hubo el cambio constitucional. ¿Ayuda a la democracia o no que cinco personas puedan, en nombre de la sociedad, elegir a las más altas autoridades de control de un Estado? Pero, de todas maneras, cuando se es democrático y uno llega a ser gobierno, tiene que respetar las reglas del juego. Es parte de ese proceso democrático y, sobre todo, fundamental el trabajo en ese respiro de libertad que necesitan las sociedades hoy.
Ahora, la democracia hoy no es la misma que hace diez o quince años, y estoy pensando en la era digital, en la democracia digital, en los derechos digitales y en la ciudadanía digital. Una de las razones por las que Juan Carlos Holguín llegó a estas instancias tiene que ver también con sus antecedentes, con su trabajo relacionado con nuevas tecnologías. ¿Como se piensa a esta democracia digital en un Ecuador que sufre inseguridad en sus instituciones, en sus sistemas informáticos y demás?
Hay un filósofo coreano que se llama Byung–Chul Han que, precisamente, hace su análisis sobre cómo la irrupción digital ha impactado en los estamentos básicos de poder, entre ellos, la democracia. Y creo que todavía nosotros no hemos podido discutir a fondo cuáles son esas afectaciones, no solamente en métodos eleccionarios. Hemos visto en los últimos años elecciones que han sido cuestionadas por la irrupción del uso de big data. Hemos visto, por ejemplo, dentro de la guerra ahora, toda una discusión sobre lo que significa la desinformación o este fenómeno de la posverdad basado en el sistema de redes sociales, y creo que para nuestro país, los primeros pasos se están dando primero en tener un buen consejo de ciberseguridad, eso nos permite a nosotros dos cosas: una, poder tener una defensa del Estado en todas estas amenazas y retos que tiene el mundo digital, pero por otro lado, ir hacia una visión absoluta de la protección de datos de los ciudadanos.
¿Eso está en ciernes o está ya en marcha?
Ya está en marcha, ya se ha convocado. Lo lidera la ministra de Telecomunicaciones, Diana Mainno. Pero intervienen casi todos los estamentos del Estado relacionados con seguridad. También Cancillería. Y lo que estamos buscando es una ciudadanía digital primero donde sus derechos estén protegidos. El Ecuador dio un paso importante con la discusión de la Ley de Protección de Datos, basado en los protocolos de la Unión Europea que, indudablemente, son los más altos. Por el otro lado, este derecho a la seguridad y a la seguridad digital, que vemos siempre con preocupación las vulnerabilidades que existen.
Es un avance o un buen intento lo que me anuncia, pero hay ciertas otras cosas preocupantes, como por ejemplo, los ataques cibernéticos a los sistemas informáticos de los bancos, de las instituciones públicas, el uso de los datos personales y esta libertad que tienen las empresas proveedoras de telefonía y otras, para llamarnos, sin que nosotros les hayamos autorizado usar nuestros datos. La ley existe pero no está siendo aplicada.
Totalmente. No es parte de lo que hace este Ministerio…
Pero enfoquémoslo en el plano de la seguridad…
Voy a ir, precisamente, hacia allá, tomando como ejemplo los ataques cibernéticos. Ahí sí tenemos un trabajo muy de la mano con la ministra de Telecomunicaciones, con el CIES y con el ministro de Defensa, para lograr que Ecuador tenga un sistema de defensa cibernética importante y a la alltura de lo que requiere el tiempo moderno. Hemos hecho un primer acercamiento con el gobierno español. España tiene uno de los sistemas de gobernanza, sobre todo de los ciberdelitos, más importante en el mundo. Está basado en la Policía, y nosotros creemos que estos consejos de ciberseguridad tienen que ser interinstitucionales pero con una importancia, desde la perspectiva de defensa, primordial. Con la cooperación de España, ahora vamos a ir hacia Israel en mayo, donde también tenemos en la agenda la parte de ciberataques, ciberdelitos, y por otro lado hemos iniciado nuestro consejo de ciberseguridad que, precisamente, trata de identificar todas las vulnerabilidades que tiene el Estado ecuatoriano y nuestros ciudadanos, alrededor de ese tipo de ataques. Rusia, Ucrania fueron, coincidencialmente, lugares de donde vinieron muchísimos ataques cibernéticos en el último tiempo, inclusive hacia instituciones privadas, y el Estado tiene la obligación de precautelar esos derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Hay varias ideas en el debate público que están atravesadas por una geopolítica muy politizada. He escuchado varias entrevistas al canciller sobre cómo se piensa este Estado en función de deshacernos de esta politización de los discursos y me gustaría hablar de una seguridad que esté más allá de la politización de las políticas públicas. ¿Cómo ven este asunto las autoridades del Estado actual en Ecuador?
Esa tiene que ser la línea. La política exterior de un país no puede estar supeditada a la ideología del gobernante de turno. Y me refiero no solamente al canciller de turno sino también al presidente de la República que es quien finalmente dicta la política exterior de un país. Tenemos que ser prácticos. El presidente Lasso lo que ha hecho es caracterizar a la política exterior en un gran rompecabezas: qué pieza del mundo es la que necesitamos para armar el mejor rompecabezas para los intereses de los ecuatorianos. Creo que la guerra es un punto de inflexión y Ecuador ha tomado una postura muy concreta y frontal respecto de condenar el ataque de Rusia a Ucrania, puesto que, además, está en juego no solamente el rompimiento del derecho internacional sino también, precisamente, los derechos humanos. Esas son líneas rojas sobre las que el Ecuador siempre tendrá una coherencia. Pero mira que antes del ataque de Rusia contra Ucrania, nosotros también teníamos conversaciones sobre temas de ciberseguridad con Rusia, que es uno de los países que tiene, indudablemente, muchísimos avances en el mundo respecto de temas de ciberseguridad. China, por otro lado, ha tenido avances sobre todo en la industria de la tecnología. Pero siempre hay que tener una línea muy clara en nuestro país de hasta dónde esas tecnologías y esos sistemas respetan los derechos humanos y los derechos de protección y es allí donde Ecuador tiene que tomar sus propias decisiones.
¿Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de que esos sistemas sean utilizados para vigilancia, vigilancia ilegal?
Y, de hecho, la pandemia despertó todo un análisis internacional respecto a qué tipo de gobiernos a través de sistemas de big data podían tener medidas bastante más autoritarias que otras, porque ese es el riesgo en la tecnología: que el uso de big data e inteligencia artificial te lleve a un sistema de vigilancia casi como el de 1984, de Orwell…
Derechos Humanos y libertad de expresión
Casi igual o hasta peor… Bueno, hay un Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué opinión le merece al Estado ecuatoriano ese sistema?
Respeto absoluto. Respeto absoluto y, además, el Estado tiene que responder por muchas vulnerabilidades que han existido en los últimos años.
Y millones de dólares por demandas internacionales en materia de DDHH…
Terrible. Pero, dejemos de lado las demandas que ha perdido el Estado, en las que, finalmente, deberían haber esquemas de repetición, porque vulnerabilidades se han dado también por la negligencia y, muchas veces, por causa de gobiernos autoritarios que vulneraron esos derechos humanos, y en otros casos, por estas debilidades de un Estado que tiene todavía mucho por delante en materia de DDHH. Tenemos una secretaria de DDHH que trabaja de la mano con esta Cancillería. Hoy nuestra viceministra de Movilidad Humana, Silvia Espíndola, ha sido designada por su experiencia en DDHH (exdirectora de DDHH de la Cancillería)… y, precisamente, sobre estos temas es que el Estado ecuatoriano tiene que hacer un cambio hacia futuro. Mira, hay buenos avances: el último informe de la CIDH sobre cárceles determinó que este gobierno ha tenido una perspectiva de manejo de las personas privadas de la libertad con un alto énfasis en DDHH, y eso nos ayuda a simbolizar la perspectiva que tenemos en el tiempo venidero sobre el sistema de protección de DDHH.
(A la fecha de esta publicación, se han producido 6 masacres carcelarias en Ecuador. La última ocurrió la madrugada del lunes 9 de mayo y se cobró la vida de 44 personas dentro del centro de reclusión de Santo Domingo de los Tsáchilas).
Hay organizaciones internacionales que se encargan de monitorear el funcionamiento de los Estados, de las sociedades, en materia de DDHH y son muy respetadas y reconocidas, por ejemplo, Amnistía Internacional, que acaba de emitir un informe sobre los antecedentes de cómo se ha manejado el Estado ecuatoriano en materia de DDHH, precisamente en el sistema penitenciario y en otros casos. ¿Cuál es la postura que tiene ante estos organismos el Estado ecuatoriano y frente a AI, en particular?
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que nos envió una comunicación justo el día de ayer para iniciar un proceso de trabajo conjunto, no solamente algunas oenegés sino la sociedad civil en su conjunto es la llamada a precautelar siempre los DDHH en cada Estado. Cuando hablábamos de democracia en el inicio de esta entrevista, indudablemente funciona en mi opinión personal, desde una perspectiva de subsidiariedad en todo. Y creo que la sociedad civil y las oenegés son las llamadas a ser garantes que levanten una alarma, una alerta, cuando haya cualquier posibilidad mínima de vulneración de un derecho humano.
Bien, quiero hablar de dos casos al respecto: el primero es que se cumplió un aniversario más del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido hace cuatro años…
Día de luto…
Exactamente. Hace cuatro años habrían asesinado a Javier, Paúl y Efraín. Y hay un equipo de seguimiento que se formó desde la CIDH y emitió una serie de recomendaciones a partir de investigaciones sobre los hechos. No se ha cumplido ninguna de estas recomendaciones. Cuando han pasado cuatro años del caso, ¿qué le puede decir el canciller de la República del Ecuador a estas organizaciones internacionales que están diciéndonos como país: ‘hagan algo’?
Primero, que es una fecha importantísima. Dictaminarla como un día de luto de la prensa es lo correcto, puesto que es un caso bastante complejo. No puedo dar una posición de Estado en este momento, puesto que se sigue analizando, sobre todo, por los debidos procesos del caso, pero puedo dar una opinión personal: No entiendo qué de reservado pudiese existir, sobre todo en el acceso a la verdad en un caso que enlutó no solamente al Ecuador sino al periodismo en sí mismo, que es base de la democracia. Por otro lado tienes el caso Furukawa, por ejemplo, que tiene también una serie de deudas por parte del Estado ecuatoriano, y que junto con la Secretaría de DDHH estamos trabajando para que el Ecuador pueda cumplir y pueda llegar no solamente ante los pedidos de información que existen sino ante la necesidad de generar los cumplimientos ya dictaminados contra el Ecuador sobre esas responsabilidades. Para nosotros es muy importante el trabajo que hace nuestra dirección de DDHH y esta Cancillería, desde la política exterior ecuatoriana, con la Secretaría de DDHH, para que logremos cumplir todas estas deudas del Estado. Luego, hay muchos otros casos: el de Nelson [Serrano] en EEUU, el caso Chevron, que está en la última etapa judicial y es bastante complejo para el Estado, sobre todo en lo político, donde el Estado ha perdido en todas las instancias por una politización absurda de un caso en el que el Ecuador pudo haber ganado. Ojalá en ese caso haya una repetición para el gobierno que nos metió en ese problema.
Hablemos de meter mano en la justicia. Se ha dicho que necesitamos generar un espacio de cohesión, de recuperación de los principios democráticos, y por eso el otro caso del que quería hablar tiene que ver también con DDHH: Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y una centena de organizaciones han hablado de la centena de violaciones al debido proceso en el caso del programador sueco Ola Bini. Hago esta pregunta al canciller porque Suecia ha emitido comunicados al Ecuador en aras de que se respete el debido proceso. Hay una noticia criminis provocada por una rueda de prensa de la exministra María Paula Romo y del excanciller José Valencia, y no ha habido pronunciamientos del Estado ante las demandas de estas organizaciones en este caso. ¿Qué nos dice el canciller?
Que los hay, por supuesto, y Ecuador ha garantizado el juicio justo de cualquier ciudadano extranjero que está acá. De hecho, yo, personalmente, conversé con la embajadora de Suecia concurrente en Ecuador que vino en enero y estuvo presente en el juicio. ¿Por qué? Como señal nuestra y en todo su derecho, y es un gran mensaje estar presente en el proceso de defensa de un ciudadano de su país. Lo que se debe garantizar es un juicio justo. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros ciudadanos en el exterior. Precisamente, hemos tenido en estas semanas varios. El día de ayer tenemos un nuevo caso de un ciudadano ecuatoriano que fue encontrado con droga en Rusia. ¿Qué puede hacer nuestro país? Nada más garantizar que él tenga un juicio justo.
Y lo mismo ocurría en el caso de Ola Bini, pero, claro, no se puede entrometer un poder en otro poder…
Justamente, la garantía de nuestro país a nivel diplomático es que se lleve un juicio justo y en el momento en el que se nos dirija cualquier información por parte de Suecia de que hay cualquier vicio de que exista una politización, tendremos que analizar. Hasta el momento eso no ha sucedido.
Pero ya lo han dicho organizaciones internacionales como Amnistía Internacional: que se ha politizado el caso…
Nosotros, formalmente, no hemos recibido esa información de Suecia, y como comento: siempre estamos abiertos a que, sin intervenir en un tema judicial, podamos siempre darle información al otro gobierno que así exija información a nuestro Estado.
Hay una alusión a un personaje que se escuchó cuando nació esta noticia, que es Julian Assange. ¿Qué es Assange para Ecuador?
Ehhh… Yo puedo hablar hoy como canciller y he podido revisar poca información que queda acá en Cancillería, porque funcionarios de aquel tiempo que le dieron una nacionalidad a él -de hecho, lo que veíamos públicamente y yo lo veía como ciudadano- han perdido mucha documentación. Pero sí puedo manifestar de manera frontal que indudablemente fue un proceso irregular la concesión de nacionalidad a él.
Más allá de su nacionalidad, ¿qué piensa la Cancillería ecuatoriana de Julian Assange?
No puedo dar, siendo un caso judicializado en cortes internacionales, yo no puedo dar una opinión como canciller. Puedo dar una opinión sobre lo que sucedió acá y sobre lo que el Ecuador está defendiendo en cortes, que fue una entrega de una nacionalidad con vicios e irregularidades…
¿Y sobre WikiLeaks?
No puedo dar una opinión al ser un caso judicializado en cortes internacionales con dos países. Inclusive hemos visto que Reino Unido ganó las últimas medidas, hace pocos días. Por respeto a aquello no puedo dar una opinión.
Entiendo.
SEGUNDA PARTE
27 de abril
Medio Ambiente y cambio climático
El pasado lunes 25 de abril se presentó el Observatorio Regional Amazónico (ORA), como parte del Proyecto Bioamazonía, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). ¿Qué ocurrió en el encuentro y cuáles son las connotaciones a futuro?
Para nosotros, como eje de la diplomacia, la transición ecológica es uno de los ejes más importantes. De hecho, al tercer eje lo hemos denominado Diplomacia para la transición ecológica, precisamente, para aprovechar todo lo que hoy la lucha contra el cambio climático puede dar, sobre todo en cooperación internacional, a los países. Hay una etapa muy importante en la cual los países con economías desarrolladas tienen una visión de solidaridad absoluta para el combate al cambio climático y hay mecanismos de cooperación o de canje de deuda que hay que saber aprovechar. Esta Cancillería trabaja de la mano con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en toda una estrategia de posicionamiento internacional y de entrega de proyectos; ahí resalto dos áreas fundamentales, la primera, protección de océanos, pero también la protección de bosques amazónicos, y dentro de esto lo que hemos hecho en la última reunión del Observatorio Regional Amazónico es iniciar una nueva etapa para la cooperación. Alemania juega un papel fundamental ahí. Tenemos la posibilidad de contar con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y eso nos permite presentar una serie de proyectos que al mismo tiempo de proteger bosques amazónicos puedan entrar también con investigación, por ejemplo, en el caso del Observatorio Regional Amazónico vamos a trabajar un proyecto de orquídeas (…) La idea es trabajar con las oquídeas como uno de los proyectos fundamentales del Observatorio.
Pero, hay algunos datos, canciller, por ejemplo: más del 63 % de las concesiones petroleras están entregadas sobre territorios indígenas o territorios de comunidades. Entre 4 países de la cuenca amazónica: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, Ecuador tiene la mayor superposición de concesiones petroleras sobre territorios, casi en su totalidad en la Amazonía. Y esto, si supiéramos que se maneja bajo políticas respetuosas del medio ambiente y bajo permisos ambientales que son regulados, controlados, no alarmaría tanto, pero eso no ocurre. Desde inicios de los setenta, cuando se inició la explotación petrolera, hay problemas que no se han resuelto, comunidades que protestan continuamente porque no hay medidas de remediación a los daños a la naturaleza, ni control por el uso de tuberías obsoletas de la misma empresa estatal Petroecuador. ¿Cómo podemos pensar en este tipo de políticas a nivel regional o incluso global frente al cambio climático, cuando adentro, domésticamente, no hemos resuelto eso, cuando el Maate no tiene los recursos ni el personal suficientes, pero tampoco políticas medioambientales de remediación, de prevención sólidas?
Yo creo que hay dos aspectos ahí, Diego. El primero: todo nuestro relacionamiento hacia la cuenca amazónica se da, efectivamente, a través de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) y el abordaje de los temas transnacionales, de estas problemáticas que no las tiene solo Ecuador, sino que las tienen todos los países de la cuenca amazónica, se dan precisamente en estos grupos de discusión. Hoy, efectivamente, gran cantidad de la producción petrolera ecuatoriana está en la Amazonía. De hecho la semana pasada (el 13 de abril), se abrió una nueva llave de extracción en zona amazónica…
En el Yasuní…
Y hay que entender desde ahí que, precisamente, la producción sostenible y responsable con el medio ambiente tiene que ser tratada en ese equilibrio con nuestro Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El problema más grande es la minería ilegal. Yo mismo hace tres semanas me fui con el ministro de Defensa a sobrevolar toda la cuenca del río Santiago, del río Zamora, estuvimos en la frontera con Perú, y más allá de que las investigaciones periodísticas o muchas de las oenegés han centralizado sus causas en relación a la producción autorizada, el grave cáncer que tiene este país es la minería ilegal y la tienen todos los países de la cuenca amazónica. Es muy preocupante ver cómo se ha destrozado el medio ambiente, no hay capacidades de los estados para atender esta problemática desde una perspectiva de defensa y seguridad y si no se hace algo pronto, en el cortísimo plazo, la devastación va a ser irreversible. Yo creo que ese es el problema a abordar hoy por hoy, porque, por el otro lado, la explotación petrolera y la explotación minera trabajada con responsabilidad tiene, sobre todo en la cooperación de países que tienen empresas petroleras o mineras responsables, una serie de protocolos y mecanismos que permiten la protección ambiental con esa explotación. Hoy es evidente que no hay una transición ecológica sin explotación minera por una serie de minerales que se requieren, por ejemplo, para las baterías eléctricas, entre otras cosas. Pero es importante entender qué empresas son las que tú quieres en tu país. Quiénes son las que tienen equilibrios con la comunidad. El presidente de la República ha mantenido varias reuniones con lo que se llama el Grupo de Países de Minería Responsable, que lo lidera Canadá. Están ahí Reino Unido, Colombia, Australia, Chile, Perú, entre otros. Y eso nos permite a nosotros tener una serie de medidas y, sobre todo, barreras para que no haya irresponsabilidad ecológica al momento de la explotación.
Pero esas barreras no son compatibles con la política pública ni con la realidad. Voy a dar un ejemplo: sin ir muy lejos, hay amenazas en la provincia de Pichincha, en el noroccidente de Quito, o en Imbabura por Codelco, por ejemplo. El noroccidente de Quito es Reserva de la Biosfera, hay una protección global más allá de lo local, de lo nacional, sin embargo, hay falta de presencia del estado y hay avances en exploración y explotación ilegal, incluso. En El Oro, las mineras legales contaminan el ambiente aun con permisos ambientales.
Es que hay que separar -perdón, Diego-, Codelco es una de las empresas que tiene más avanzadas políticas de explotación responsable. Pero ese proyecto inclusive se encuentra en este momento en un proceso legal amistoso entre ambos países, pero lo más preocupante es la minería ilegal o la minería ilegal vestida de minería artesanal, que es el problema más grande de este país.
Pero las fronteras entre la minería legal y artesanal son difusas, pero también son difusas las fronteras entre la minería legal, la ilegal y la artesanal. En el sur de la Amazonía se desalojó a una pareja de ancianos sin un programa de remediación o reparación para ir a algún otro lugar. El Estado no está pensando en que primero debería haber una consulta previa en todos los territorios.
La debe haber.
Pero no ha habido…
Bueno pero a mí me gustaría…
Pero, solo para terminar la pregunta, lo que ocurre es que el Estado nunca ha discutido verdaderamente el problema de que la consulta previa no ha sido respetada nunca. ¿Qué hacemos con eso?
A ver, primero, yo como Canciller no soy el responsable de este tema pero es un tema que me preocupa personalmente y por eso, hace tres semanas, nos tomamos dos helicópteros para sobrevolar toda la zona de minería ilegal. ¿Por qué tomó el canciller esa decisión? Porque nosotros tenemos un problema de minería ilegal, minería artesanal, en las fronteras con Colombia y Perú. En el caso de Perú tenemos dos concesiones mineras, una de ellas en territorio ecuatoriano, una en territorio peruano en frontera, donde la explotación se hace en una limitación territorial bastante cuestionada. Los túneles están interconectados…
¿En qué provincia?
En Zamora [Chinchipe]. Se viste de artesanal una estructura criminal de minería ilegal. Está controlada por las mismas estructuras criminales que vemos en Perú o que vemos en Colombia. Entonces estamos ya hablando de crímenes transnacionales y hay que tener un abordaje entre países. Esta Cancillería también ha logrado, junto con el liderazgo del ministro [Gustavo] Manrique, el poner dentro de la discusión de política pública la necesidad urgente de tener un mecanismo de atención de defensa inmediata. Esto quiere decir que tengamos no solamente la Fiscalía de Delitos Ambientales, que ha sido uno de los grandes logros de la fiscal genral Diana Salazar, pero que requiere muchísimo apoyo de financiamiento y de capacidades; sino también una unidad de atención emergente solo de delitos ambientales, porque no es lo mismo atender un problema limítrofe con las perspectivas de las guerras anteriores a tener que atender un caso de minería ilegal (…); se requiere una unidad que tenga -bajo el liderazgo del Maate, ese es mi criterio- a las Fuerzas Armadas, a la Fiscalía y, sobre todo, a la Agencia de Regulación [y Control Minero, Arcom]. Hoy –y yo aquí tengo que ser sincero– hay un vacío de Estado en el abordaje de la minería ilegal o minería artesanal (…); ejemplos: en algunos lugares llegas al límite entre las provincias de El Oro y Zamora y los delegados de la Arcom no pueden entrar a cinco metros de donde está la minería ilegal porque dicen que ese no es su territorio, y en Zamora solo hay una persona. Llega un feriado en el que tienes que hacer un operativo y no puedes tener a la gente de Arcom, puede ir solo las FFAA.
De hecho, hay una cuestión que no se lo dice a viva voz, y es que esta ilegalidad de la minería involucra a empresas legales, en muchos casos, pero también involucra otros negocios ilegales como el mismo narcotráfico y por eso la minería se asienta en zonas fronterizas.
Solo hay que ir a ver en las ferreterías, en Zumba, en la frontera con Perú, todas las herramientas y ciertos químicos que se compran, que no tenemos en Ecuador y que necesariamente tienen que venir por vías clandestinas desde el Perú.
Pero, canciller, es importante que el Estado entienda que la minería legal e ilegal no están separadas. El problema de no haberla erradicado tiene que ver con no haberla tratado como un problema que también involucra a la minería legal, a la trata, al narcotráfico…
A la legal de pequeña escala, que es la artesanal…
¿Pero no es ilegal también violar la consulta previa, los derechos de los pobladores donde se inician trabajos?
Bueno, ahí es donde la ciudadanía y la sociedad civil tienen que estar alertas a que exista, por ejemplo, en el noroccidente de Quito, la consulta previa. Ahora, hay muchos casos de grandes empresas mineras que han tenido un equilibrio muy positivo con las comunidades y ese es el gran reto de las grandes inversiones mineras, que puedan tener en primer lugar –y en eso no tiene que participar el Estado– una relación coherente con las comunidades, sostenible, y que el bienestar que produce una concesión se vea reflejado en esa comunidad.
Cerca de cincuenta años de explotación petrolera en Ecuador y las poblaciones desde donde se ha sacado el petróleo siguen en la misma situación…
Bueno, hay casos distintos como el OCP, donde en muchas de las fases del OCP, trabajando desde una perspectiva de responsabilidad empresarial, sí se lograron cambios en algunas comunidades.
Pero el petróleo cuesta muchísimo como para que los cambios sean tan poco notorios y poco trascendentes en las vidas de esas personas.
Bueno, hay que pensar en el futuro y un gobierno que tiene un año y que tiene esta perspectiva de que el petróleo va a jugar un papel fundamental todavía, más allá de los cambios a 20 o 30 años, la guerra de Ucrania y Rusia va a generar un efecto que, lamentablemente, va a hacer que el mundo vuelva a combustibles fósiles y va a haber explotación petrolera en los siguientes años. Hay que corregir esos errores del pasado que, efectivamente, desde la década de los setenta no dejaron nada bueno a las poblaciones, peor aún con los precios históricos del petróleo en la última década, ¿de qué se benefició el país?
Sí es una competencia de la Cancillería en un tiempo en el que el combate al cambio climático depende de interconexiones. El Estado ha tendido históricamente a trabajar con instituciones aisladas entre sí.
Bueno, lo que se ha propuesto es que exista una unidad de atención como entidad del estado, porque hoy no puedes dejar la minería ilegal o la explotación petrolera irresponsable o los delitos ambientales bajo esta excusa de que una institución no puede coordinar con la otra. Uno de los grades legados de ese gobierno puede ser ese.
Se acerca el gabinete binacional con Perú (el encuentro presidencial y el XIV Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú tuvo lugar el viernes 29 de abril del 2022, en el Teatro Bolívar, en Loja), uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región y en materia pesquera. Y tenemos serios problemas en la industria pesquera nacional, pues la vigilancia pesquera no cuenta con entidades estatales con incidencia real en su trabajo. No se garantiza la vigilancia real y esto genera pesca incidental permanente y muchos problemas de vinculación -de nuevo- con el narcotráfico. ¿Cómo estamos pensando el control, la vigilancia y la pesca responsable en nuestras costas, incluidas las Galápagos?
Desde que iniciamos este gobierno, uno de los puntos de atención prioritaria fue la salida del narcotráfico vestida de pesca legal. Hay que entender que casi un 30 % del narcotráfico que sale del país sale en pequeñas y medianas pangas pesqueras que después hacen trasbordo de combustible y alimentación a otras lanchas que llevan droga hasta Centroamérica, México o EEUU. Más allá de la pesca, el abordaje del narcotráfico es una prioridad de estado que está dentro de la perspectiva de la Diplomacia para la Seguridad, y nosotros tenemos una necesidad inmediata de tener herramientas que nos permitan hacer una vigilancia de seguridad marítima. Ecuador no tenía las herramientas adecuadas. El gobierno anterior hizo un buen primer paso que fue el acuerdo con EEUU para el sobrevuelo de los aviones P3, que nos permiten tener un mecanismo de identificación de embarcaciones ilegales o de embarcaciones con acciones inusuales. Pero, puedes tener la identificación aérea y nuestra Marina no tiene las herramientas para –por ejemplo, a través de lanchas rápidas– llegar a las incautaciones o a la vigilancia. Eso ha cambiado: hay una primera donación de EEUU y en la Ley de Cooperación Estratégica que se está debatiendo en el Senado, en su último capítulo, se logró la donación de dos buques que tienen esa doble función: la vigilancia de la pesca pero, sobre todo, la lucha contra el narcotráfico. Ese es el primer concepto de abordaje. La problemática más importante en la pesca es el narcotráfico, más que la pesca incidental, porque las empresas pesqueras ecuatorianas sí tienen mecanismos de responsabilidad que realmente no tienen incidencia mayor de carácter ambiental. Con buen control y una relación transparente con las empresas pesqueras, el problema de la pesca incidental puede ser atendido. El grave problema son muchos buques de bandera internacional que llegan a altamar en aguas internacionales, que permanecen durante todo el año en ciertos lugares de aguas internacionales cerca de nuestras costas, y llegan buques de trasbordo, por lo tanto estos buques nunca salen, tienen una pesca permanente y ese es un gran daño incidental. ¿Qué se tiene que hacer? Discutir la política de trasbordo, y eso es algo que ojalá nuestro gobierno lo pueda hacer.
Apertura comercial internacional
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Ecuador lidera el Grupo Abierto Internacional de Trabajo encargado de negociar el Tratado Jurídicamente Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Pero parece que Ecuador está liderando este grupo solo en nombre, ¿o qué ha hecho?
¿Por qué tu aseveración?
Por varios casos: el caso Furukawa, el caso Holcim, el caso Chevron…
Lo hablamos la vez pasada. No es que Ecuador lidera de manera verbal, como tú mencionas, lo hablamos en la primera parte de la entrevista y [Furukawa] es uno de los casos que más atención genera en el gobierno pero, además, en vías diplomáticas. Y hay varios otros casos de DDHH e inversiones internacionales que tienen cuestionamientos fuertes, y para ello se trabaja junto con la Secretaría de DDHH en atender precisamente desde la vía diplomática pero también desde acciones concretas dentro del territorio ecuatoriano, esas líneas rojas que tiene la inversión.
¿Cuáles son los avances que nos puedan probar que Ecuador está buscando inversión extranjera pero respetuosa de los DDHH y no con licencias para todas las empresas?
Los constantes reclamos que ha hecho el Ecuador, el seguimiento a todas las medidas que se han presentado al respecto y, sobre todo, una Secretaría de DDHH que trabaja coordinadamente para atender todos los pedidos de información y de recomendaciones que existen alrededor de los casos que puedan tener violaciones de DDHH.
¿En el caso Furukawa, en particular, hay algo?
Hay medidas que la entidad a consultar por tu parte, que es la Secretaría de DDHH, te las puede mencionar, pero para nosotros, en el trabajo en conjunto a nivel diplomático es de constante preocupación y, sobre todo, de alerta.
El gobierno de China y el gobierno de EEUU, políticamente, podrían mostrarse como adversarios en el panorama internacional, sin embargo, para Ecuador, son dos de sus principales socios comerciales. Ahora, Ecuador es candidato a ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia. El panorama geopolítico es bastante complejo. ¿Cuál es la postura de la Cancillería para conciliar esta posible polémica con la necesidad de conservar a nuestros socios comerciales y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con los dos países?
Hay que entender que ese pragmatismo de la política internacional tiene siempre líneas [rojas] también, por ejemplo, en DDHH; y tiene líneas en violaciones del derecho internacional, y eso creo que ha sido evidente en una política frontal del gobierno del presidente Guillermo Lasso respecto del ataque de Rusia a Ucrania, siendo un socio comercial muy importante, quizás uno de los países de América Latina y de economías subdesarrolladas con mayor nivel de comercio entre países, tomó una postura frontal, de las primeras en el mundo, porque como ha dicho el presidente Lasso, nunca el comercio puede estar supeditado a estas líneas de DDHH o de violación de territorio, soberanía o del derecho internacional. Y creo que esta posición, por más dura que haya sido para nuestros exportadores, ha sido también explicada a ellos para que se comprenda que dentro de los intereses que tienen los ecuatorianos, Ecuador también juega un rol fundamental por los principios en el mundo, tomando en cuenta también el no creernos un actor sobredimensionado en la geopolítica sino dentro de nuestros límites y siempre atentos a nuestros propios intereses. Creo que lo de China y EEUU es una discusión más que nada diplomática sobre la que el Ecuador hoy no tiene una posición política, puesto que tenemos una buena relación con ambos países, con ambos mercados. Tenemos nuestros intereses con China y nuestros intereses con EEUU y vamos trabajando con ambas potencias con la lista de proyectos y prioridades que tenemos en nuestra política internacional. EEUU tiene fluidas relaciones comerciales con China, por lo tanto sería un absurdo pensar que Ecuador, por una relación comercial y geopolítica, por más cercanía con EEUU, no pueda tener una relación comercial con China. Y lo hemos hablado con esa transparencia. Los actos de esta Cancillería son completamente transparentes ante todos, poniendo las cartas sobre la mesa de nuestras prioridades con cada uno de los países. Con China tenemos la prioridad de un acuerdo comercial, de una renegociación de nuestra deuda, de la desvinculación del petróleo ligada a esa deuda, y después, de algunos aspectos bilaterales prioritarios (…); Ecuador quiere tener relaciones comerciales con la mayor cantidad de países posibles en el mundo, siempre con estas líneas rojas donde Ecuador ya ha dejado ahora un precedente de cómo va a ser su actuación. Con miras al Consejo de Seguridad Ecuador es un país fiel creyente en el multilateralismo, en la resolución de los conflictos a través de los canales multilaterales, del diálogo diplomático, y consideramos que esa va a ser la posición en medio de una coyuntura mundial que será muy compleja, pero creo que los altos apoyos que ha tenido el Ecuador hasta el momento en su candidatura reflejan ese posicionamiento que ha tenido nuestro país sobre sus principios de creencia en las vías diplomáticas.
Muchos especialistas, exdiplomáticos y analistas han hablado de que la pertenencia de Ecuador al Consejo de Seguridad podría significarle ciertos desafíos, ciertas incomodidades en determinados momentos, precisamente cuando se tomen decisiones ante el conflicto [Rusia–Ucrania] y ante esta polarización del momento en el mundo. ¿Qué puede adelantar la Cancillería ecuatoriana frente a eso?
Creo que todos han visto cuál ha sido la posición de Ecuador en medio de este conflicto, en el que el país fue un tercer afectado, no solamente por la cantidad de ciudadanos que había en la zona de conflicto, sino por el comercio bilateral con Rusia.
¿Se mantendría esa frontalidad?
Somos un gobierno que toma decisiones y que las toma en pos de lo que es correcto en este momento de la historia, y eso ha sido altamente valorado por sobre todo el mundo internacional (sic), y yo creo que eso es lo que se va a esperar de Ecuador en la posibilidad de estar en el Consejo de Seguridad.
Defensa vs. vigilancia
A finales de 2018 llegó a Ecuador un avión radar de EEUU para compensar la ausencia de radares y control en la costa ecuatoriana. Pero no se supo más de esto.
Esos son los sobrevuelos de los [Orion] P3…
¿Se están haciendo esos sobrevuelos?
Es lo que te comento. Se los hace. ¿Cuál es el problema? Que Ecuador no tiene infraestructura de defensa, y eso es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, en el próximo viaje internacional, que es a Israel, precisamente con una agenda de defensa y seguridad que nos permita como estado recuperar las capacidades de atención, porque tampoco es posible operar con radares internacionales, es una discusión alrededor de la soberanía. Nosotros tenemos que recuperar las capacidades de unas FFAA que fueron desmanteladas en los últimos años, sea por razones de responsabilidad administrativa o sea por razones deliberadas. Lo importante ahora es que Ecuador, con esas capacidades, pueda tener una atención integral a la defensa y seguridad. No sirve de nada un sobrevuelo de un P3 cuando no tienes la capacidad marítima de interceptar un buque. Puedes ver en el radar que hay acciones ilícitas y solo lo ves en una computadora y en una pantalla…
(El presidente Lasso, el canciller Holguín y otras autoridades de gobierno viajaron a Israel el 8 de mayo con el fin de firmar un acuerdo de cooperación en materia se seguridad y defensa)
Ahora, la integralidad que se necesita en un Estado implica que también dentro las cosas estén bien, y hablo de los sistemas de inteligencia, también comprometidos y puestos al servicio de la política. Eso no se ha subsanado. Hay que reconocer que eso no se ha reparado. ¿Cómo trabajar con esas estructuras todavía insertas en este estado y que, además, comprometen con otros casos a la fuerza pública de una manera muy preocupante?
Ya no hay muchas excusas de tiempo, de que recién llegamos hace un año, porque ya es un año, pero realmente, el estado en el que se encontraron las cosas es el de un desmantelamiento profundo, y el CIES es una de esas instituciones que requieren un fortalecimiento inmediato de sus capacidades sobre todo tecnológicas, porque como tú mencionas, tuvimos un sistema de inteligencia ligado a la persecución política y no a los temas de interés del Estado. El director del CIES nos acompañará a la visita oficial a Israel, precisamente porque uno tiene que tomar una línea en la visión de defensa. No puedes hacer un mosaico de defensa, porque aquí se ha creído que el armar defensa es ir a negocios particulares de compra de armamento e infraestructura. Tú tienes que elegir un camino para tener un sistema integrado de defensa donde todo el estado, en sus distintas ramas: FFAA, Policía y en este caso el sistema de inteligencia, tenga un solo norte de sus capacidades, y eso es lo que estamos tratando de armar desde esta perspectiva, en la Cancillería, de la Diplomacia para la paz. Nosotros somos un pequeño actor en ese sistema nacional de inteligencia pero un actor importante a la hora de encontrar quién va a ser el cooperador más importante para esas líneas. Hay una línea dentro del sistema nacional de defensa que es la de los ciberataques y ciberdelitos, la ciberseguridad. Y la ciberseguridad también estaba desmantelada porque lo que se había hecho a nivel de inteligencia era más bien abordar la ciberseguridad para la persecución a través de troll centers, vigilancia ilegal… hoy lo que necesitamos es estar protegidos para estas nuevas amenazas híbridas que existen a nivel cibernético y, por ejemplo, allí, en lo personal, no creo que la misma cooperación de grandes herramientas de defensa sea la correcta para ciberseguridad. España, por ejemplo, tiene un buen mecanismo de ciberseguridad que puede ser un referente en la cooperación y hemos iniciado ya con ellos el camino bilateral de diálogo para atener la cooperación técnica y tratar de implementar el sistema de ciberseguridad que ellos tienen, que es distinto al de muchos otros países, porque está inmerso desde una política en la policía, con un eje interinstitucional. En el caso de Ecuador, la ciberseguridad tiene o está atendida hoy por dos instituciones: el Ministerio de Defensa pero también el Ministerio de Telecomunicaciones. Es importante tener solo una línea de ciberseguridad.
¿Que sería cuál?
Yo creo que tiene que estar en el mecanismo de defensa, no en telecomunicaciones.
¿Y la policía dónde entra?
Con la Policía. En España, de hecho, depende de la Policía.
Pero se han vuelto comunes los ataques y vulnerabilidad de datos personales, tanto a sitios del sector público, como a CNT, el Ministerio de Salud y otros, así como a la empresa privada, como ha sucedido tantas veces con Banco Pichincha… Con esos antecedentes, ¿estamos preparados, como estado, integralmente, para enfrentar las lógicas de la era digital y no arriesgarnos a ser vigilados, por ejemplo, por la Policía, que ha estado acostumbrada a eso desde hace décadas?
El primer gran paso es haber tenido una Ley de Protección de Datos, que creo yo es una buena ley. Muchos de sus principios están basados en los principios de la Unión Europea, que indudablemente tiene una de las legislaciones más avanzados sobre protección de datos, y creo que eso ayuda a poner límites al poder, y mientras tengamos sistemas de ciberseguridad que protejan los datos, que tengan mecanismos de geolocalización adecuados siempre con la aprobación de los usuarios, podremos tener un mecanismo que no vulnere los DDHH de los ecuatorianos. Para ello, lo principal es haber tenido la legislación que hoy tenemos y que tiene que ser inmediatamente reglamentada para cada una de las visiones de defensa que tiene el país. Creo que vamos en buen camino. Hay un gobierno que ha entendido que el rol del estado es precisamente salir de la política y abordar la ciberseguridad desde la defensa, por las vulnerabilidades que tiene el estado y que tiene también el sector privado, como hemos visto en los casos que has mencionado. Yo creo que es la oportunidad más grande que se ha dado en la región para que podamos ser un pilotaje de cómo con responsabilidad y, sobre todo, con buenos aliados estratégicos, podamos tener las herramientas necesarias para la digitalización del país.
Sin reglamentación por parte de una Asamblea caotizada, autosaboteada, que no procesa nada, no tenemos reglamentación para eso ni para algunas otras leyes. Hay muchas empresas que han aprovechado este vacío, sobre todo proveedoras de telefonía celular, empresas multinacionales, y por eso lo digo aquí, que hacen lo que les place con nuestros datos personales. ¿Cuál es el mensaje que el estado les da a esas corporaciones?
Es que eso no puede pasar, ahí es cuando la sociedad civil tiene que actuar con mucha fuerza, cuando los poderes del estado no defienden los intereses de los ciudadanos, es la sociedad civil la que debe alzar la bandera, no solamente la alerta de los riesgos que existen en esas vulneraciones de derechos sino también en las quejas inmediatas y sanciones que deberían darse a las empresas que mal utilicen la información de los ciudadanos. Sí hay una coyuntura mundial al respecto: este tipo de fenómenos se han dado debido a que la pandemia acrecentó los problemas económicos, financieros, a la falta de trabajo, y hay una proliferación, por ejemplo, de mecanismos ilegales de call centers, negocios personales donde, a través de bases de datos, se trata de vender productos, y hay que entender que esas coyunturas no han sido solo en Ecuador sino también en otros lugares, pero la vulneración de datos personales en mi opinión hoy debería tener en la sociedad civil la bandera de lucha para alertar a todos los poderes del estado sobre lo que está pasando y, sobre todo, exigir que haya un reglamento a la protección de datos.
En la primera parte de esta entrevista hablamos de un tema al que quisiera volver, pues es fundamental para Ecuador y poco se habla de él. Me refiero al caso Julian Assange. EEUU está detrás de esta persona que reveló cuestiones sobre su política de guerra, sobre violaciones de DDHH y del derecho internacional. ¿Cuál es la mirada que tiene la Cancillería de Ecuador frente al caso Assange, a lo que se viene y a la posibilidad de que esto también se vea como una persecución sistemática del mundo entero en contra de un ciudadano que reveló evidentes delitos de EEUU en varias guerras?
Entiendo que el ciudadano Assange está acusado de violación y de otro tipo de delitos que no tienen que ver con lo que tú estás mencionando. Ecuador es muy respetuoso de lo que pase en los sistemas de justicia internacionales y en la soberanía de varios países de exigir una extradición, por ejemplo, por delitos que se hayan cometido en otros territorios. En lo que se refiere a Ecuador, aquí hubo una entrega ilegal de la nacionalidad al señor Assange, donde Ecuador ya ganó en el sistema judicial todos los juicios y demostró la entrega ilegal de esa nacionalidad y hoy está esperando una reafirmación de la justicia sobre esta posición que el estado ha puesto, y la realidad es que eso es lo que llama la atención: alguien que obtuvo de manera irregular su nacionalidad y que ahora sus abogados tomen como excusa para defenderlo de otro tipo de delitos, de nuevo, de otros países, mencionando que el ciudadano es ecuatoriano. Aquí se entregó irregularmente una nacionalidad a un ciudadano y ojalá todos los responsables de ese otorgamiento de nacionalidad sean después solicitados por la justicia.
¿Podríamos decir que Assange no es ecuatoriano para el gobierno actual de Ecuador?
La justicia ha determinado que se entregó de manera irregular esa nacionalidad. Nosotros somos respetuosos de los casos de la justicia en otros países. Lo estamos viviendo ahora con el inicio de un pedido de extradición a un expresidente que, para la justicia ecuatoriana, es un prófugo de la justicia y que el gobierno del reino de Bélgica, por información pública, se ha mencionado que le ha entregado un estatus de refugiado.
Y acá no ha llegado ninguna notificación…
No, pero además lo que he tratado de explicar es, precisamente, que el gobierno ecuatoriano no tiene por qué saber si otro gobierno le entrega un estatus de refugiado a alguien. Lo mismo es lo que pedimos en este caso [Assange], pero sobre todo un reclamo internacional a alguien que obtuvo una nacionalidad de nuestro país por vías irregulares.
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