Por Desirée Yépez / @Desireeyepez

Que no sirve, han dicho. Que adolece de imprecisiones, aseguran. Que no ofrece garantías, insisten.

Tal vez tengan razón. Tal vez no. La discusión alrededor de la aprobación del Código Orgánico de la Salud (COS) fue simplista, superficial y redujo la atención hacia las falacias que se inventaron para descartarlo desde un principio.

Los medios de comunicación nos alternamos los mismos voceros para referirnos a tres ideas una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez: curas, activistas, asambleístas para afirmar o rebatir “¿El nuevo Código Orgánico de Salud permite el aborto?”. “¿El nuevo Código Orgánico de la Salud permite que los menores de edad se cambien de sexo?” “¿La maternidad subrogada está permitida en la propuesta del Código Orgánico de la Salud?”.

Pero resulta que el documento de 187 páginas y 405 artículos “adolece de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas”, según expuso Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, en nombre de Lenín Moreno el 25 de septiembre. A eso, hay que añadir que el Ejecutivo -con asesoría científica y legal (supuestamente)- hizo más de 400 observaciones en fondo y forma. En promedio, entre los tres libros que conforman el proyecto hay 48% de objeciones (el primero tiene 55%, 44% el segundo y 46% el tercero), o sea en casi la mitad de la redacción. En palabras del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, son demasiadas. Y, no menos importante, no contiene temas relacionados con la pandemia.

Llama la atención que en el veto que remite el Presidente de la República al Presidente de la Asamblea no se detalla, ni siquiera se menciona, todo lo que -probablemente- está mal en el proyecto. Es una página. Siete párrafos cortos que no ahondan en por qué se debe descartar por completo la propuesta.

Es obvio que no tiene temas relacionados con la pandemia, pues se presentó ante el Legislativo hace ocho años. OCHO (así, con mayúsculas). Ese tiempo da cuenta de la prioridad de los asambleístas de entonces para no garantizar el acceso integral al servicio -al derecho- de salud.

Pero esa gente, que vive de los impuestos de cada una de nosotras y nosotros -con no menos de cuatro mil dólares mensuales-, no consideró una actualización del proyecto. ¿Es en serio?

El primer debate del COS se dio entre el 9 y el 10 de mayo de 2017; mientras que el segundo ocurrió entre el 7 de mayo de 2019 y el  25 de agosto de 2020. ¿A ninguno de los 137 legisladores se le pasó por la cabeza refrescar los contenidos? Puede ser, si se toma en cuenta que la pandemia -además de miles de muertos- dejó una Asamblea desnuda en estado absoluto de descomposición.

Pero el Gobierno de Moreno también es responsable. Además de la revisión rigurosa que Zevallos asegura se hizo, ¿cuál es su aporte? ¿Desempolvar un documento viejo, detectar lo que no funciona y echarlo a la basura abona el camino para “ubicar a Ecuador como un ejemplo y estar acorde a la norma de salud pública a escala internacional”?

No. No hace falta que responda.


Desirée Yépez es periodista. Ha publicado en medios de Ecuador y de América Latina. Becaria del International Center for Journalists, de Agencia Pública (Brasil) y de la WAN-IFRA.