Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Ese lunes 14 de mayo, cuando funcionarios del gobierno ecuatoriano entregaron a los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio la información que el presidente Lenin Moreno había ordenado desclasificar, supuestamente relacionada con su secuestro y asesinato, un asesor de la Presidencia de la República se acercó a Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, y le dijo: “Yadira, espero que esta información te permita continuar con tu vida”.
Los familiares de Paúl, Javier Ortega, Efraín Segarra decidieron no abrir esos sobres amarillos ni revisar nada de eso. Los guardaron en una bóveda de seguridad hasta que pudieran entregarlos en manos expertas.
Más de dos meses después, el pasado miércoles 25 de julio, un Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Ecuador para recibir esos documentos e iniciar su propia investigación. Pero su sorpresa fue hallar documentos inútiles para los fines investigativos.
“El Estado nos subestima”, dijo horas más tarde Yadira. Christian Segarra, hijo de Efraín, no tuvo empacho en manifestar su sospecha de que habría intención de ocultamiento de información y Ricardo Rivas no se cansó de mostrar ante las cámaras cómo el gobierno había catalogado como información reservada a las fotografías de los documentos de identidad de las tres víctimas y a los partes de condolencias de gobiernos extranjeros, entre otros documentos inservibles.
“No. La vida no puede continuar frente al ocultamiento y a las verdades a medias –dijo después Yadira, en una sala de hotel, mientras los comisionados de la CIDH mantenían una reunión con miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos–. Y si de algún modo mi vida va a continuar es en la búsqueda de esa verdad que no me pertenece a mí sino que es la verdad sobre lo que ocurre en San Lorenzo y en Mataje”.
Ahora que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza; la experta en medidas cautelares Luz Adriana Camargo, y Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador, tienen en sus manos esta documentación, ahora que el gobierno de Moreno salió al paso del escándalo para anunciar tardíamente que hay la voluntad y la orden de entregar toda la información de todas las instituciones públicas de las que se la requiera, es tarde también para escapar de ciertas inquietudes: ¿Es el contenido vacuo de esa información una evasiva por parte del Estado, un intento de aplazamiento de las investigaciones o una estrategia para apuntalar alguna hipótesis oficial?
En una rueda de prensa, el 19 de julio, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que el secuestro de los periodistas de El Comercio no ocurrió en territorio ecuatoriano. Ante la pregunta de un reportero de Forbbiden Stories, Jarrín exclamó: “Usted lo dice, pero no es así”. ¿Qué implica esto en el marco del discurso oficial que estaría construyendo el Estado ecuatoriano sobre el tema?
Primero, siento una intención de quitarse la responsabilidad de lo que ocurrió. Cuando yo escucho lo que Jarrín dice, no me queda duda de que es como decir ‘no tenemos responsabilidad ni sobre lo que ocurrió ni sobre la investigación que se está llevando a cabo’, y eso, a mí, en lo personal, me causa muchísimo temor, no solamente por el curso de la investigación, sino porque es un precedente terrible. Los tres [periodistas] son ciudadanos ecuatorianos, ¡y el Estado no puede asegurarles ni derecho, ni investigación si ponen un pie fuera de sus fronteras, cuando los ciudadanos ecuatorianos deberíamos estar protegidos en Colombia en Perú, en la China, en Singapur, en donde estemos! Entonces, no me preocupa solo por el caso, sino por la visión que el Estado pueda tener de la Defensa y del aseguramiento de derechos de sus ciudadanos. Me parece muy grave que esas sean sus declaraciones. ¿No tenemos Cancillería? ¿No tenemos embajadores? ¿No tenemos mecanismos internacionales que permitan, al menos, vigilar los procesos cuando le ocurre algo a un ciudadano fuera de sus fronteras?
Cuando ocurrió el secuestro y luego el asesinato, y los entonces ministros de Defensa, Patricio Zambrano, y del Interior, César Navas, fungían de voceros, también hubo evasivas, versiones mínimas que no revelaban nada. Con el cambio de funcionarios por decisión del presidente Moreno, se esperaba que este discurso cambiara, sin embargo, da la impresión de que, más bien, se ha sistematizado de mejor manera…
Incluso, con Navas y Zambrano al menos conversábamos. Con evasivas, con información poco completa, con contradicciones, pero, al menos, había un canal de comunicación entre el Ministerio de Defensa, del Interior, y los familiares. Aunque les llamáramos durante tres días, veinte veces seguidas cada día, al final algún asesor nos contestaba el teléfono.
¿Y ya no ocurre eso?
Al ministro Jarrín y al ministro Toscanini los hemos visto solo en la entrega de la información desclasificada, el 14 de mayo, y no ha habido ninguna otra posibilidad de conversar con ellos aunque siguen siendo autoridades a cargo de los ministerios que estuvieron involucrados en toda la crisis del secuestro. Hay que reconocer que en el Ministerio de Justicia hay un muy buen funcionario que es subsecretario de DDHH, Juan Pablo Morales, que cuando lo han puesto a coordinar las cosas con las familias ha demostrado completa sensibilidad, una intención de ser eficiente y de hacer bien las cosas.
Pero la sensibilidad suelta sin decisión política, y la decisión política sin sensibilidad no resultan suficientes…
No son suficientes porque esto debería corresponder a una estrategia nacional para el tratamiento de este caso, y si la decisión política es no hacerse responsable del antes, durante y después del secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín, ¿de qué sensibilidad podríamos hablar? Pueden existir muy buenos funcionarios, pero si no hay una intencionalidad política, lamentablemente ese trabajo eficiente y esa sensibilidad no van a encontrar ningún asidero en el que puedan engancharse para hacer bien las cosas.
Luego de esta primera visita de la CIDH y de comprobar la inutilidad de esa información, ¿cuál es la postura de los familiares una vez que se han reunido con los miembros del Equipo de Seguimiento Especial?
Bueno, los criterios sobre esa información los tienen que dar el comisionado y la jefa del equipo de especialistas. Pero, desde nuestra perspectiva, nosotros nos preguntamos cuáles son las nociones para clasificar o desclasificar información en este país. Con las declaraciones del ministro Jarrín, de algún modo esperábamos que esas insinuaciones hubieran sido reflejadas en el informe que nos había sido entregado. Y encontrarnos en ese informe con una foto del cuaderno de bitácora, solamente de la página en la que se ven los nombre de los tres, hojas en las que aparecen las cédulas y las credenciales de los chicos con la palabra reservado, nos hace pensar cuál es el criterio para clasificar la información. Si en este caso que es muy mediático es esa la información que el Ministerio de Defensa otorga, no me quiero ni imaginar lo que ocurre en casos que lamentablemente no son visibilizados. Eso me pone en la dualidad de ser familiar de una víctima pero también ciudadana de este país, en el que doce hojas representan toda la información que un Ministerio de Defensa puede ofrecerte sobre el secuestro de tu pareja que ocurrió en una zona fronteriza donde se supone que había un mando unificado, una zona controlada por la Marina, y no existe un solo informe de la Marina [Armada] dentro de ese expediente. Me deja pensando sobre cuál es la visión que el Estado tiene de sus ciudadanos.
¿Podríamos decir que esta ausencia de información o esta información inútil demuestra poca presencia del Estado en la zona del conflicto?
Doce hojas para un secuestro ocurrido en frontera, en una zona controlada por las Fuerzas Armadas, dan cuenta, precisamente, de ese vacío. Es una metáfora y me parece increíble que así sea.
¿Doce hojas es la importancia que le da el Estado ecuatoriano a la zona de frontera, con semejante conflicto encima?
Exactamente. Y yo he leído una declaración del Viceministro del Interior [Andrés de la Vega] que pide a los familiares no fijarse en la cantidad de hojas sino en la calidad.
Hablemos de la calidad…
Hablemos de la calidad de ese informe de 12 hojas: cuatro hojas que son los dos originales y dos copias de oficios en los que se habla de envío de información y recibo de información. Cuatro hojas más que establecen una cronología, como si yo no conociera de memoria desde el día en el que me fue informado que Paúl fue secuestrado. Una hoja de foto del cuaderno de la bitácora, cuando debían habernos entregado la bitácora completa y fotografías de las cédulas y credenciales con la palabra clasificado sobre ellos. Creo que la calidad de esa información habla por sí sola.
Ahora, ¿qué es lo que piden los familiares, en calidad de familiares así como ciudadanos?
El exministro Patricio Zambrano era parte del Comité de Crisis que trataba el secuestro [conformado el 26 de marzo]. Por lo tanto, había una participación del Ministerio de Defensa. Más allá de que el ministro Zambrano haya dicho que no sabía nada, que no estuvo enterado de nada, que le pidieron no hablar con los familiares, si ingresas a un comité de crisis es porque debes tener una función. En San Lorenzo había un estado de excepción en el que el Ministerio de Defensa era parte. Se supone que había un mando unificado. El mismo exministro César Navas y Zambrano dicen que había coordinación entre fuerzas militares y fuerzas policiales. Bueno, ¿dónde está evidenciada esa coordinación? Se ha hablado mucho de que existía inteligencia militar e inteligencia policial en el área. Bueno, ¿dónde está ese reporte de la inteligencia militar? ¿Dónde están las acciones o los patrullajes que hacía o no hacía FFAA en el territorio? ¿Dónde se evidencia la coordinación entre la fuerza policial y la fuerza militar, en este caso que involucraba algo tan tremendo como la vida de tres personas y la seguridad nacional?
Lo que dices daría una señal de que no estamos amparados por un Estado que tenga políticas claras frente a este tipo de vulnerabilidad. En este caso fueron periodistas, que naturalmente son más visibles en episodios de violencia. ¿Pero, qué ocurre con un ciudadano que no sea visibilizado? ¿El Estado está mostrándonos que como ciudadanos estamos desamparados?
¿Qué ocurre con Oscar y Katty? Si sus familiares pidieran información desclasificada, ¿qué les podrían dar a las familias de estos ciudadanos que fueron secuestrados por el mismo grupo, que fueron asesinados por el mismo grupo, cuyos cuerpos se encontraron una semana después de que se hallaron los cuerpos del equipo periodístico? No me llego a imaginar qué tipo de información puede dar el Ministerio de Defensa a los familiares de Oscar y Katty que los pudiese dejar tranquilos.
Tampoco las relaciones a nivel de estados, entre Colombia y Ecuador, parecen haberse dado en concordancia con la importancia que amerita el caso, que es, evidentemente, un problema binacional. ¿Qué han percibido ustedes, como familiares, al respecto?
Absoluta falta de comunicación. Durante los días del secuestro, Ecuador afirmó que el secuestro ocurrió en Ecuador y que luego los llevaron a Colombia. Colombia dijo: aquí no están, ellos son ecuatorianos, Guacho es ecuatoriano y ese grupo es ecuatoriano. ¿En qué se respalda el Estado ecuatoriano? En el argumento de que apenas supimos del secuestro, vino un equipo del Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Pero si uno va al histórico de los secuestros ocurridos en frontera, por regla general llamas al Gaula, no es nada extraordinario llamar al Gaula. Este no era un secuestro extorsivo, era un secuestro en el que el Estado estaba involucrado, y durante los 19 días llegamos a suplicar que se contratara un equipo mediador especializado, y la respuesta siempre fue todavía no es el momento. Cuatro meses después no hemos tenido una explicación del porqué no se contó con esa asesoría experta internacional. Cuando el presidente Santos anunció en su cuenta de Twitter el hallazgo de tres cuerpos y nosotros llamamos a nuestros contactos oficiales para preguntar de qué se trataba, su respuesta fue: también nos enteramos por el tuit del presidente Santos. En esta época en la que estamos hiperconectados, una llamada entre autoridades, un mensaje de Whatsapp a los familiares, ¿no se pueden realizar? No. Tenemos que enterarnos vía Twitter de que probablemente son ellos. Tenemos que ir a Colombia y enterarnos vía Twitter de que ya hay un 99% de cartas dentales identificadas y que pueden ser ellos. Tenemos que exigirle al Estado que por una vez se ponga del lado de las víctimas…
El Estado ha sido siempre reactivo…
Sí. Siempre reactivo. Tengo que reconocer que el canciller (José) Valencia ha demostrado una gran diferencia frente a la canciller anterior [María Fernanda Espinosa]. Pero, ¿qué más puede hacer él? Somos nosotros los que tenemos que asumir esos papeles de exigencia y es un ejercicio que hay que empezar a hacer. Todos decimos que el Estado no nos hace favores, que el Estado nos garantiza derechos y que los derechos no se piden, y yo creo que hay que empezar a decir que los derechos se exigen. Uno tiene que empezar a exigir derechos. Si nosotros, como familiares de Paúl, Javier y Efraín –periodistas que estaban haciendo una cobertura– nos callamos, ¿qué otras posibilidades existen para esa exigencia de nuestros derechos? Constantemente –no solo en redes sociales– me dicen: ya los encontraron, ya los enterraron, ya están capturando gente en Colombia…
Sigue tu vida, como te dijo el asesor de Presidencia…
¡Sigue tu vida! ¿Cómo puede uno seguir su vida cuando ha sido testigo de la impunidad? ¿Cómo puede uno seguir su vida cuando ha sido testigo de la inoperancia, de la falta de sensibilidad? ¿Cómo uno no transforma su vida? ¿Cómo uno se queda callado? No hay lugar para quedarse callado. En este país hay muchas voces que han gritado en contra de la impunidad. Tuvieron que morir tres periodistas, tuvieron que asesinarlos para que por fin nos juntemos todas esas voces que gritamos en contra de la impunidad y podamos hacer un grito mayor. Dentro de todo eso es lo único que me podría consolar, que con este crimen han surgido varias voces que no están dispuestas a aguantarse la impunidad. Pero es lo único, porque después de ver doce hojas del Ministerio de Defensa y 106 hojas de notas de solidaridad como información desclasificada, no existen reivindicaciones posibles.
El secuestro y asesinato de Paúl, Javier, Efraín, Oscar y Katty ha develado cuán involucrado está el Ecuador con la dinámica global del narcotráfico. Hay quienes hablan ya de Ecuador como un narcoestado y nadie puede negar que durante años hemos sido territorio de paso. ¿Tú crees que este caso puede ser visto como una lección para todo un país?
Definitivamente. Creo que la categoría de narcoestado debe analizarse bien antes de que empecemos a declararnos como tal. Sin embargo, sí creo que la realidad ha cambiado. Por años, creernos la isla de paz en la que no pasa nada solamente ha ayudado a silenciar cosas que sí que pasan en este país: 4 000 desaparecidos, penetraciones del narcotráfico, todo el mundo sabe que existen pequeños puertos artesanales en toda la costa ecuatoriana desde donde parten lanchas, avionetas que se caen con millones de dólares dentro, sin embargo hemos querido creer eso de que somos un país pacífico. Todos los países deberían aspirar a ser pacíficos pero no se puede cerrar los ojos frente a la realidad. No se puede cerrar los ojos frente a lo que ocurre en Esmeraldas, frente a que poblaciones históricamente abandonadas, penetradas por una gran cantidad de violencia son poblaciones que van perdiendo sus oportunidades. ¿Qué vamos a hacer para devolver esas oportunidades a esas poblaciones? ¿Qué vamos a hacer para acabar con el imaginario de que la frontera está lejos y que no nos compete? Es una lección para replantearse el papel del periodismo, la imagen del periodista héroe. Porque un periodista no puede ser un héroe que muere en la búsqueda de la noticia. Es una oportunidad para replantearse las seguridades en el trabajo periodístico, para replantearnos cómo miramos al otro. Es una oportunidad para ver hasta qué punto cosas tan terribles como el narcotráfico están presentes en nuestro país y cuáles son las salidas. Las salidas tienen que ser integrales, tienen que ser salidas de país. He escuchado declaraciones del ministro Jarrín en las que dice que la frontera está controlada. ¿Ha regresado la prensa a la frontera? ¡No hemos regresado desde el 26 de marzo!
¿Porque no hay condiciones?
No hemos regresado porque hay miedo y porque evidentemente no existen condiciones para regresar. Entonces, ¿de qué seguridad fronteriza podemos hablar, de tanquetas en la selva? Uno de los últimos trabajos fotográficos que hizo Paúl en Palma Real es la más clara evidencia de cuál es la realidad en esas zonas: completamente abandonadas, sumidas en la miseria, sin infraestructura, sin servicios básico, y sin embargo con gente que no pierde la esperanza de seguir sonriendo. Es con esa gente con la que el país tiene una deuda. Si no aprovechamos esta oportunidad ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y es bien lamentable para mí tener que reconocer eso porque a mí el asesinato de Paúl no me sirve. A mí me servía su regreso con vida, y sin embargo ahora necesito hacer un ejercicio de reconceptualizar lo que ocurrió para ver nuevas posibilidades en el futuro. No me puedo olvidar de lo que pasó. No puedo seguir mi vida como me lo pidió ese asesor presidencial el 14 de mayo, porque mi vida ya no es. Cambió. Le debo a Paúl ese cambio de vida como un homenaje a su propia vida. Creo que esa es la decisión de todos los familiares: nuestras vidas ya no son iguales pero hay que hacer que nuestras vidas que ya no son iguales sean un homenaje a ellos. Que no sea solamente mirar sus fotos sino trabajar por algo mucho más grande. Esa es la lección que debería quedarle al país entero. Aquí ha habido un asesinato a sangre fría a cinco personas: Paúl Rivas, Javier Ortega, Efraín Segarra, Oscar Villacís y Katty Velasco. Han muerto cuatro militares más en el cumplimiento de su trabajo pero emboscados por un grupo criminal. Frente a esto no podemos quedarnos callados. ¿Qué vamos a hacer para recordarlos? ¿Vamos a ir a poner flores cada 26 de marzo? ¿O vamos a reinventarnos esta historia terrible que nos pasó y darle algún sentido en el futuro? Eso ya solamente depende de nosotros. A veces para los estados la memoria es una estatua o colocarle el nombre a una calle y es nuestro deber no dejar que esa sea la memoria de los cinco asesinados.
