Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
En condiciones precarias, sin seguro social, con pagos inferiores al salario básico y hacinados en campamentos sin electricidad ni agua potable, durante casi 6 décadas, más de 1 244 abacaleros y abacaleras han trabajado en condiciones de esclavitud en las haciendas de Furukawa, empresa de capital japonés dedicada a la producción y exportación de la fibra abacá.
En sus plantaciones se denunció la existencia de una forma de esclavitud moderna conocida como servidumbre de la gleba, una práctica que condiciona a las personas por ley, costumbre o acuerdo, a “trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad de cambiar su condición”.
La compañía niega y minimiza los cargos, amenaza, hostiga e interfiere en los procesos de investigación borrando evidencias, mientras el Estado ecuatoriano no cumple con la reparación integral. Sin embargo, la semana del 28 de enero, se registraron tres avances significativos en el proceso. Aproximadamente un año después de que finalmente se aceptara la existencia de esclavitud moderna en las haciendas de Furukawa y a cuatro años de que se iniciaran las denuncias, estas tres acciones son pasos representativos en el proceso de reparación de las familias afectadas.
106 trabajadoras y trabajadores presentaron acusación particular
El martes 25 de enero, 106 trabajadores presentaron acusación particular en el proceso penal contra Furukawa. Pero, ¿qué es una acusación particular? Es la figura por la cual una víctima acusa penalmente a quien haya cometido el hecho delictivo, lo que le permite involucrarse activamente en el juicio. En el caso Furukawa, los demandantes tendrán así la oportunidad de conocer el procedimiento, participar en él, además de vigilar que el proceso ocurra en defensa de sus derechos vulnerados, los cuales, a pesar de ser reclamados desde el 2018, todavía no encuentran justicia ni reparación digna.
La Corte Constitucional seleccionó el caso
Dos días después, el jueves 27 de enero, la Corte Constitucional seleccionó la acción de protección presentada por 123 trabajadores de la compañía, al considerar que la gravedad y novedad del caso permite generar precedente jurisprudencial obligatorio. Con esta acción, el caso Furukawa no solo sentará precedente simbólico, sino que condicionará las decisiones y procedimientos futuros en casos de vulneraciones de derechos semejantes. La Corte Constitucional señaló que generar un precedente jurisprudencial permitirá “definir los parámetros […] para la prevención y protección sobre las formas de servidumbre contemporáneas, el trabajo infantil y la explotación laboral en Ecuador”.
Considerando que las personas accionantes mencionaron la falta de respuesta del Estado, la institución aclaró además que el caso le permitirá “desarrollar los estándares que la justicia constitucional debe considerar cuando existen cargos por omisión y la vulneración o no de derechos constitucionales”.
Fiscalía vinculó a tres personas y a la misma compañía a las investigaciones
La fiscal a cargo del caso, por otra parte, solicitó el miércoles 26 de enero se fije fecha y hora para la audiencia de vinculación de tres mandos operativos de la empresa, además de una persona jurídica de la compañía Furukawa. Hugo Adolfo Ch. B, gerente comercial; Seiji N., exgerente de producción; Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos y la persona jurídica de la compañía fueron convocados inicialmente el 31 de enero a la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, la audiencia se aplazó hasta el 4 de febrero, día en el que finalmente se realizó la diligencia y se vinculó a las tres personas naturales y a la persona jurídica a la causa investigada.
Según el comunicado de la Fiscalía, los ciudadanos vinculados serían los responsables del diseño y la implementación del sistema de arrendamiento de tierras, el cual habría constituido el mecanismo por el cual se violó los derechos fundamentales de los trabajadores con el fin de multiplicar los beneficios económicos de la empresa. En la audiencia de vinculación, la jueza dispuso prohibición de salida del país, presentación cada quince días ante la autoridad y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico a los vinculados, y además confirmó las medidas de protección que están vigentes a favor de las víctimas. Hasta el momento, seis personas naturales y una jurídica son procesados en esta causa.
El caso continúa
No obstante, la lucha de las víctimas en este caso no ha finalizado. Un comunicado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más recordó que hay asuntos pendientes por resolver, entre ellos, la admisión de la acción extraordinaria de protección presentada después del fallo de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 9 de noviembre del 2021, donde se revocaron algunas medidas cautelares, se liberó de responsabilidad al Estado, se reformó la sentencia y se afectó la ejecución de las medidas de reparación que se dispusieron el 15 de octubre del 2021 a favor de los trabajadores y extrabajadores de la compañía.
Originalmente, la sentencia disponía la entrega de tierras a los trabajadores junto a una indemnización económica por los años de trabajo en situaciones precarias y las mutilaciones sufridas por la falta de seguridad al tratar la planta de abacá. Además, se ratificaba que la empresa había violado la prohibición del trabajo infantil. La aclaración del 9 de noviembre, en cambio, dispuso que las medidas de reparación económica deben conjugarse en una sola medida. Se revocó la medida cautelar que evitaba la violación del derecho a la vivienda de las personas que se encontraban en campamentos de resistencia, sin considerar que, durante el 2019, la firma agroexportadora demolió varios campamentos con el fin de desaparecer las evidencias y de expulsar los trabajadores denunciantes. A su vez, la Corte Provincial señaló que “no se puede establecer que esta sea una práctica generalizada, permanente o mantenida en las haciendas de la compañía”, a pesar de que la presencia de niños en las plantaciones fue verificada en varios informes y visitas a los campamentos una y otra vez.
Cuatro años de ínfimos avances, seis décadas de esclavitud
Furukawa cuenta con 32 haciendas que ocupan una superficie de 2.300 hectáreas, terreno repartido entre las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Los Ríos. La compañía, que es la principal empresa exportadora de abacá del Ecuador, reconoció que para continuar produciendo sin incrementar su nómina de agricultores, implementa la figura de contrato de arrendamiento de predios rústicos, a través de la cual se exime de varias obligaciones laborales.
La empresa, de esta manera, arrienda sus terrenos a contratistas de campesinos para que estos trabajen las parcelas de las plantaciones. A continuación, genera un contrato a través del cual estos tienen que venderle el producto solo a la empresa arrendataria. Por cada tonelada de fibra de abacá, la empresa paga a los trabajadores 640 dólares, y vende esa misma tonelada en aproximadamente 2.700 dólares.
Bajo esta modalidad, la compañía declara que es obligación del arrendatario asumir las responsabilidades laborales, la afiliación a la seguridad social de los trabajadores, la precautelación de su salud y de sus agricultores y el costo de la gasolina y el diésel para las máquinas, entre otros gastos corrientes y de ley. El dinero que reciben los arrendatarios se debe dividir entre ocho o más obreros. Según el análisis de datos presentado por La Barra Espaciadora y Plan V, en promedio cada agricultor gana 240 dólares al mes. Esta figura permite que la empresa tenga una gran cantidad de trabajadores sin vínculos laborales legales.
Las personas que comparecían como arrendatarias usualmente eran analfabetas, por lo que el contenido del contrato les era desconocido.
La alerta inicial se hizo pública en febrero del 2018, cuando un grupo de trabajadores denunció que, durante décadas, habían trabajado en las plantaciones de la empresa sin ningún beneficio laboral, seguro social ni amparo de la ley. Las denuncias también incluían desalojos de los campamentos. No obstante, no eran las primeras acusaciones que existían contra la empresa. Se habían registrado 80 demandas laborales contra Furukawa, demandas que fueron archivadas o desechadas por los jueces porque los demandantes no pudieron comprobar las relaciones laborales.
En marzo del 2018, la denuncia de las condiciones inhumanas de los trabajadores de Furukawa llegó a los despachos estatales. Seis meses después, el 21 de septiembre, el Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de Furukawa y reconoció la violación de los derechos laborales que sufrían los abacaleros y abacaleras. Al mes, se convocó a seis instituciones más para realizar una inspección en las haciendas de Furukawa. Finalmente, el 18 de febrero del 2019, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que se concluía que las condiciones de los trabajadores de la empresa eran una forma de esclavitud que, bajo los parámetros establecidos por Unesco, configuran esclavitud de la gleba, una de las formas de esclavitud moderna.
En las plantaciones se evidenció que los trabajadores no cuentan con horarios laborales y sus jornadas de producción se extienden de 10 a 12 horas seguidas, por lo menos. Varias personas presentan mutilaciones o discapacidades por el uso inseguro de la maquinaria agrícola. En las plantaciones existen trabajo infantil y embarazo adolescente. Niños y adultos mayores trabajan en contra de lo dispuesto por los derechos humanos. Más de 100 trabajadores y 59 niños ni siquiera constan en el Registro Civil.
Al interior de las haciendas, además, los campamentos donde los abacaleros y abacaleras vivían con sus familias carecían de baños, luz eléctrica y agua potable. Las construcciones eran viejas. Los campesinos que ahí habitaban empezaron a presentar problemas en los pulmones por el uso de candiles a falta de electricidad.
Según la pericia antropológica a cargo de la antropóloga Catalina Campo Imbaquingo, en las haciendas existe una “micro sociedad” analfabeta y poco escolarizada, puesto que las familias no cuentan con recursos para darles educación y los centros educativos se encuentran lejos. Hasta cuatro generaciones se han visto atrapadas en un círculo de pobreza y discriminación en las haciendas de Furukawa.
De esta manera -sin colchones, hacinados en las habitaciones y sin servicios básicos ni derechos laborales- la vida de los abacaleros y abacaleras es la razón oscura de la supuesta prosperidad de esta firma agroexportadora.
Mientras el Ministerio de Inclusión Económica y Social mostró que el 83% de las personas que vivían en la empresa se encontraban en situación de pobreza, la empresa Furukawa registró en el 2018 ingresos de más de $7.632.721 de dólares.
El 15 y 18 de febrero de ese año, se emitió la resolución para sancionar a la empresa con una multa de US$42.880 y una clausura de 60 días. Al final, luego de la emisión de otra resolución, las multas ascendieron a 177 840 dólares. Considerando todas las condiciones de los trabajadores, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) señaló que la respuesta del Estado fue insuficiente. Las autoridades del gobierno buscaron tratar la denuncia como un conflicto laboral, sin tener en cuenta que la empresa y los trabajadores no se encontraban en igualdad de condiciones, sino que estaban sometidos por relaciones de poder y violencia. Por miedo a perder el empleo y sin tener seguridad alguna de que sus voces fueran escuchadas, solo 123 trabajadores se animaron a denunciar.
El 15 de agosto del 2019, la empresa usó su posición de poder para ejercer presión sobre los trabajadores y bloquear las denuncias. A través de un documento extrajudicial, prometía un préstamo de 206 hectáreas de tierra a 63 trabajadores abacaleros. En la novena cláusula del Acta, sin embargo, se quería prohibir cualquier reclamo de los trabajadores hacia las condiciones inhumanas de trabajo a las que fueron sometidos. Y si bien muchos de los trabajadores accedieron, impulsados por la necesidad, la Defensoría del Pueblo no avaló el acuerdo por considerarlo ilegítimo.
El 15 de enero del 2021, y sobre los intentos de la compañía y del gobierno de minimizar el caso, el juez Constitucional de Santo Domingo Carlos Vera Cedeño declaró la existencia de servidumbre de la gleba en las haciendas de Furukawa. El 19 de abril, el juez dispuso que la empresa debía pedir disculpas públicamente, además de entregar 5 hectáreas de tierra a cada afectado y otras medidas de reparación económica. Ante el silencio y la ineficacia cómplice de las autoridades, Vera también resolvió que los Ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado para impedir esta situación.
A pesar de las evidencias y las sentencias, durante estos cuatro años, la empresa se ha negado a reconocer la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de sus agricultores. En su lugar, ha optado por intentar dilatar los procesos legales y, con el fin de clausurar el caso, ha intimidado, hostigado y amenazado de muerte a los denunciantes. De esta manera, y pese a los avances, las reparaciones que se deben ofrecer a los trabajadores de Furukawa todavía son una deuda pendiente del Ecuador para con la dignidad humana y la democracia.
Puedes leer todo sobre el caso Furukawa pinchando en el banner
¿Ya escuchaste nuestro podcast?
Al Oído Podcast es un proyecto de periodismo narrativo de la revista digital La Barra Espaciadora y Aural Desk, en colaboración con FES-Ildis Ecuador y FES Comunicación.
Al oído Podcast son crónicas y reportajes que recogen los relatos de ciudadanas y ciudadanos, pueblos, nacionalidades y colectivos que han sido víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales y de sus libertades individuales, como un ejercicio de memoria colectiva.
El equipo de Al Oído podcast está integrado por Pepe German, en la dirección técnica, la producción y el diseño de sonido; Ana Cristina Alvarado y Jonathan Venegas, en la locución; Diego Cazar Baquero, en la dirección de contenidos y un amplio equipo de reporteros free lance.
Búscanos donde sea que encuentres tus podcasts favoritos. Si tu aplicación de podcast lo permite, suscríbete para recibir nuestras entregas automáticamente.
Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukaw Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawa Los avances en el caso Furukawaa
