Cervecería Nacional pagó 49 millones en utilidades a sus extrabajadores tras una contienda legal que duró 15 años. Patricio Donoso, el ministro de Trabajo del gobierno de Guillermo Lasso, decidió que los demandantes reciban menos de la mitad de lo que realmente les corresponde.
La demanda de los extrabajadores de Cervecería Nacional expone la corrupción del funcionariado en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
Al menos 200 extrabajadores no pudieron cobrar su compensación en vida. Los 49 millones serán entregados a sus herederos y a los 2608 perjudicados que continuaron la lucha.
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Por Lisbeth Moya González*
Un retrato fiel de Gabriel Segovia lo mostraría en medio del tumulto de extrabajadores de Cervecería Nacional (CN), con su camiseta amarilla que luce la leyenda “Chuta Paga” y un tambor en mano. Al fondo, el edificio de la Corte Constitucional aparecería blindado, con funcionarios cabizbajos que entran y salen, azotados por las consignas de cientos de manifestantes: “La unidad hace la fuerza”.
Ese retrato se repetiría cada semana.
Durante 15 años.
Gabriel Segovia trabajó desde 1991 hasta 2010 en el área de elaboración de Cervecería Nacional. Ante varias injusticias laborales y el hostigamiento a los trabajadores, él fue uno de los que decidió formar un sindicato para reclamar condiciones más justas de trabajo y despidos con dignidad y respeto por los derechos laborales. Los sindicalistas lograron, incluso, inscribir la nueva organización en el Ministerio de Trabajo. Desde entonces, comenzaría para ellos una cacería de brujas.
“Los empresarios de Cervecería [Nacional] nos fueron despidiendo y amenazando uno por uno. Me querían dar un cheque de 5400 dólares por 19 años de trabajo y me negué a recibirlo”, cuenta Gabriel.
“¡En las calles nos vemos!”, les respondió.
Una victoria a medias
La primera demanda contra CN por el pago de las utilidades se presentó en el 2008, a nombre del extrabajador Arturo Cervantes, quien laboraba en el área administrativa. Arturo murió en 2022 y no vio cumplido su sueño de justicia.
En ese mismo año, 160 extrabajadores de compañías vinculadas a Cervecería Nacional solicitaron al director del Trabajo del Litoral que disponga el pago del 15% de las utilidades acumuladas desde 1990 hasta 2005, lo que correspondía por derecho a los exempleados. Enseguida comenzaron a sumarse otros extrabajadores a una lucha que ha demorado tres lustros y que concluyó con una victoria amarga.
El 8 de junio de 2023, la Corte Constitucional notificó el cronograma de pago de 51 millones de dólares a los extrabajadores de CN. El 13 de octubre pasado, dicha empresa depositó 49 millones de dólares (monto que resultó de los descuentos por intereses e impuestos) que serán entregados a los 2608 extrabajadores y a los herederos de los más de 200 fallecidos.
El monto real que correspondía a los demandantes era de 155 millones de dólares, explica Vicente Reátegui, uno de los abogados del caso. No obstante, la interpretación del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien tras la sentencia de la Corte Constitucional debía emitir el saldo del pago, fue de menos de la mitad. Eso, descontando los montos correspondientes a los intereses e impuestos que conlleva este tipo de gestión, y a los cambios en las normativas del sistema financiero y tributario ecuatoriano, dio como resultado un pago injusto para los demandantes y perjudicados.
Vicente Reátegui dice que los ministerios de Trabajo y Producción “pactaron” con CN, y asegura que esa sería la causa, tanto de la demora del fallo, como del incumplimiento en el pago del monto real que corresponde a los perjudicados.
El 28 de octubre de 2021, los ministerios de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca firmaron un convenio en una notaría pública de Guayaquil por un valor de 100 millones de dólares, que otorga beneficios a CN, tales como la exoneración de impuestos, a cambio de la creación de puestos de trabajo.
Como resultado de este documento, la empresa sólo creó 21 nuevos empleos en cinco años. Además, en septiembre de 2021, Guillermo Lasso pactó con Michel Doukeris, CEO de Anheuser Busch InBev, empresa líder en el mercado de cervezas a escala mundial y accionista mayoritaria de CN, por un compromiso de inversión de 100 millones de dólares. Así lo registró la prensa nacional e internacional.
El acuerdo dejaría beneficios tributarios a CN por 35 millones, y la exoneraría del pago del impuesto a la salida de divisas por las utilidades de los accionistas. Dicho acuerdo viola el artículo 30 del Capítulo I, contenido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que impide al Estado suscribir ese tipo de contratos con empresas que no hayan cumplido sus obligaciones legales.
Desde 2018, CN tenía pendiente de cumplimiento una sentencia dictada por la Corte Constitucional a favor de los extrabajadores. El ministro de trabajo de turno debía definir el monto a pagar. No obstante, el caso pasó de mano en mano hasta llegar a Patricio Donoso, en cuya gestión no solo se han firmado contratos con Cervecería Nacional, sino que su fallo, ya ineludible por el proceso legal en curso, beneficia a la empresa.
Además, Reátegui explica que los pagos a cada persona perjudicada se iniciarían durante el primer trimestre de 2024.
El costo de la justicia
Ya en 2010, CN se había desecho de los sindicalistas, despidiéndolos con cheques compensatorios cuyos montos no reflejaban el tiempo de trabajo ni las utilidades que correspondían por ley a personas con casi 20 años dedicados a la empresa.
Como les prometió a sus jefes el día del despido, Gabriel Segovia se fue a las calles.
Su protesta no sería común. Ese día se ató, semidesnudo, a una cruz de madera, y se plantó frente a la Corte Constitucional. Ese instante comenzó una huelga de hambre y sed que sería interrumpida por varios ataques de epilepsia. Al volver en sí y verse en el hospital, Gabriel exigió regresar al sitio de la protesta y ahí se quedó durante un año, en una carpa de plástico, con sólo unos cartones para dormir. La huelga de hambre apenas duró una semana, pero su lucha se ha extendido hasta la actualidad.
Desde 2010, a Gabriel se le podía ver con un tambor inmenso frente al Palacio de Justicia de Guayaquil, protestando. En 2011, las autoridades gubernamentales intentaron que desistiera a la fuerza, pero ahí estuvo seis meses, hasta que el proceso judicial se trasladó a Quito.
En 2012, durante las manifestaciones de los extrabajadores frente a la Corte Constitucional, la Policía reprimió con violencia las protestas. Ese enfrentamiento le costó 20 días de cárcel a Segovia. “Yo solo me defendí y un policía me empapeló por intento de homicidio. Cuando salí de la cárcel volví al mismo lugar y le dije: ‘aquí estoy, policía corrupto’”, recuerda Segovia.
Más allá de la protesta
El 27 de febrero de 2023, durante una de las manifestaciones de los extrabajadores de CN frente a la Corte Constitucional, fundaron oficialmente la Coordinadora para la Defensa de Derechos Laborales de los Extrabajadores, que incluye las denuncias de exempleados de otras compañías como OCP y Andes Petroleum.
Cuando me presenté como periodista y aclaré que quería escribir sobre el caso, a los manifestantes se les iluminó el rostro. “A la prensa no le importamos, señorita”, me dijo uno de ellos, frustrado. De pronto, estaba rodeada de extrabajadores que querían contar su historia a viva voz. Yo hacía mis preguntas y ellos respondían de cara a la Corte Constitucional, parlante en mano. Mi entrevista se convirtió así en parte de la protesta.
La labor de asesoramiento político y comunicacional del académico ecuatoriano Felipe Ogaz Oviedo, junto a la gestión de los abogados Washington Andrade y Vicente Reátegui; así como los liderazgos de Segovia y Bolívar García, como procuradores comunes pertenecientes a la Coordinadora, han sido fundamentales para la victoria actual. El acompañamiento de estos expertos consolidó los lazos entre los extrabajadores y articuló formas de participación que van desde jugar al bingo, reunirse los domingos o soñar con la creación de una marca de cerveza propia llamada Chuta Paga. En el proceso se creó también una organización que engloba la causa de extrabajadores víctimas de las trasnacionales en Ecuador.
Felipe Ogaz explica que la Coordinadora se formó después de un gran desgaste de los extrabajadores. Al morir Arturo Cervantes, uno de los dirigentes históricos del movimiento, se dio una crisis de liderazgos y conflictos internos. El nacimiento de la Coordinadora y la celebración de elecciones internas permitieron superar la inacción.
La Corte Constitucional, dando continuidad al fallo inicial, reconoció el 7 de junio de 2023 la legitimidad de más de un procurador y trabajó para ejecutar el veredicto final de manera justa. Se reconoció el trabajo de los cuatro procuradores comunes, dos de ellos pertenecientes a la Coordinadora, y otros, como Jackeline Vallejo, cuyo impulso al movimiento fue decisivo, sobre todo en las primeras etapas.
Respecto de las implicaciones del caso Cervecería Nacional, Gabriel Segovia afirma: “Aquí no se trata de dinero, sino del ejemplo que le hemos dado a la clase obrera ecuatoriana. Le ganamos a un monstruo trasnacional que va a tener que pensar bien antes de vulnerar los derechos de los obreros, porque dejamos un precedente de lucha”.
El caso Cervecería Nacional no se ha cerrado hasta que no cobre cada trabajador. Reátegui aclara que “actualmente está consignado el monto a pagar, pero es un proceso que debe hacerce efectivo”. Los extrabajadores pretenden emprender una batalla legal por la reducción de los intereses que se han aplicado a este pago, aclaró Reátegui.
* Periodista y académica cubana residente en Quito.
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Felicidades por este reportaje,una historia que bien quedará en la memoria de muchos y ejemplo a la honestidad y derechos a los obreros, impidiendo que las grandes empresas perjudiquen y se aprovechen de ellos gracias a la corrupción de los políticos de turno,deben saber éstos grandes señores,que el dinero que han robado a la pobre gente trabajadora,no les servirá cuando deberán dar cuentas a nuestro creador, ladrones miserables,gracias por este gran servicio, saludos