Por Bernarda Tomaselli Cuesta
“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (…) 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. (…)”
Constitución de la República del Ecuador 2008
La media sanción a favor de la ley sobre la despenalización del aborto en Argentina parece haber abierto la caja de pandora en toda América Latina y nos ha obligado a mirarnos de frente, como países en los que la planificación familiar y el derecho a servicios de salud obstétrica laicos y de calidad son asuntos que pasan por la moral, la culpa, las opiniones personales de los mandatarios y la clase política, en lugar de pasar por la necesidad urgente de legislar para salvar vidas y garantizar la dignidad y la salud de los cuerpos gestantes.
A raíz de la publicación de mi artículo en este medio Aborto legal, seguro y gratuito, ese es el debate, hemos recibido una serie de críticas que, a pesar de ser muy variadas, apuntan siempre a un aspecto fundamental y preocupante como sociedad: el desconocimiento absoluto por parte de un gran porcentaje de la ciudadanía, de lo que implica el concepto de Estado laico. En este sentido, es necesario responder a estas críticas con razones y argumentos pragmáticos que nos permitan preparar el terreno para hablar de lo que de verdad importa: aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito.
En una sociedad democrática, las razones argumentadas –y no las convicciones intransigentes de cada uno de nosotros– deben ser las que configuren el contenido de las normas colectivas. Esta es la premisa clave de los estados democráticos, constitucionales y laicos. El Ecuador es un Estado laico desde 1906, esto implica que los códigos morales de las personas que pertenecen a una determinada religión y son fieles de una determinada iglesia no pueden ser los que configuren el contenido de las normas colectivas de una comunidad que se proclama políticamente democrática y constitucional.
En el siglo XVIII el filósofo humanista Cesare Beccaria consideraba de fundamental importancia para el desarrollo de sociedades más justas y humanas la necesidad de distinguir entre pecado y delito. Un pecado se aplica a todas aquellas personas que voluntariamente deciden conformar su comportamiento y su vida de acuerdo con los postulados de una organización religiosa que permite y prohíbe a partir de ciertas consideraciones de carácter metafísico; para aquellas personas que profesan el catolicismo, por ejemplo, está prohibido blasfemar, comer carne el Viernes Santo, no confesarse, porque lo dicen las normas de su religión.
Un delito, por otra parte, es una acción que va en contra de lo establecido por la ley, las leyes se aplican a todos los miembros de una sociedad determinada y se establecen como tal en base a consensos de los distintos poderes del Estado y la ciudadanía. Las leyes otorgan derechos y afectan los modos de vida de los habitantes de una comunidad. Es así que, como comunidad, consideramos justo que una persona vaya a la cárcel por corrupción o malversación de fondos, porque esa es una acción que va en contra de la ley. Pero nos parecería injusto que el día de mañana alguien vaya preso por blasfemar, comer carne el Viernes Santo o no confesarse, porque estaríamos atentando contra la libertad de esa persona para gobernarse moral e individualmente como le plazca, imponiéndole unas normas personales que no eligió seguir.
Uno de los retos de las sociedades democráticas inspiradas en el constitucionalismo de los derechos, que fomentan la libertad de las personas, es tener la capacidad de mirar los problemas de las sociedades con pragmatismo. Ese pragmatismo es necesario para ofrecer políticas públicas (soluciones) concretas que beneficien a todos y a todas en un clima de equidad. Eso implica tener la capacidad de distinguir entre pecado y delito, pero tambien considerar que los delitos que no nacen del consenso entre ciudadanía y Estado para ofrecer soluciones a los problemas de todos quizá hayan nacido de la visión particular del mundo de unos pocos, de los que tienen el privilegio de tomar las decisiones, y quizá sean en realidad derechos que se niega sistemáticamente a aquellos que en un acto de torpeza matemática hemos decidido llamar “las minorías”. Entonces, preguntémonos: ¿la penalización del aborto ofrece o ha ofrecido soluciones concretas a problemas como la falta de educación sexual, el embarazo adolescente, la pobreza, las violaciones o el incesto? ¿La penalización del aborto ha servido para que no se practiquen más abortos?
Al penalizar el aborto estamos legislando en base a convicciones intransigentes y no sobre razones argumentadas. Preferimos insistir en que nuestras premisas morales personales son mejores que las del resto y pensar que como se adecúan a nuestro criterio entonces deben ser válidas para los demás, en lugar de hacer un ejercicio de empatía y otorgar a las personas la libertad de conciencia y decisión que aspiramos para nosotros.
En una sociedad democrática e inspirada en el constitucionalismo de derechos que fomenta la libertad de las personas, la mayoría de las normas debería permitirnos llevar a cabo acciones. Solo en una sociedad en la que la mayor parte de las conductas están permitidas y la prohibición penal es una medida excepcional, razonada y argumentada en base a datos concretos, los ciudadanos son tratados como adultos responsables y no como hijos. Somos nosotros y nosotras quienes, en ejercicio de nuestras libertades y autonomía, de manera responsable, decidimos qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto de vida y con nuestro cuerpo.
Es por esto que, si decimos que el aborto es inconstitucional porque el artículo 45 de la Carta Magna dice: “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”, e ignoramos los postulados de la legislación internacional, entonces solo estamos buscando ajustar la política pública a nuestra moral particular y a nuestras circunstancias más convenientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la despenalización del aborto no es contraria a la protección de la vida desde la concepción, porque el cuidado de la vida se interpreta como el cuidado de la gestante hasta el momento del nacimiento del niño. La despenalización del aborto es, además, una medida de salud pública recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que resulta más que necesaria en un país como Ecuador, que tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, un país donde 2 de cada 10 adolescentes embarazadas aseguran haber sido violadas en su entorno familiar íntimo.
En un país que se hace llamar laico y garantista de derechos, lo inconstitucional es desconocer esos derechos y las libertades consagradas en los marcos que procuran regir el mundo, para replegarnos ante nuestros temores morales.
Un estado en que el aborto está penalizado es un Estado violento y dogmático que hace uso de la fuerza institucional para torturar mujeres obligándolas a gestar, a parir, a vivir empobrecidas y en casos de embarazos precoces a morir, porque, como es lógico, ¡el cuerpo de una niña de 9 años no está listo para dar a luz!
Un estado que le niega a la mujer la posibilidad de dar libremente a un niño en adopción sin que medien juicios dogmáticos es un Estado que permite a los grupos religiosos imponer su voluntad moral en las decisiones que nos afectan a todos.
Un estado que restringe la educación sexual científica y los métodos anticonceptivos a sus ciudadanos, acusándolos de hedonistas o de buscar el placer por el placer, es un Estado medieval que no merece llamarse laico.
El cumplimento de la Constitución es responsabilidad de todos los ecuatorianos y para cumplirla es necesario distinguir la diferencia entre derechos, pecados y delitos. Solo así mereceremos vivir en un país de ciudadanos y no de feligreses. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la religión, creencia o culto que desee, y la ley debe resguardar que nadie imponga su concepción religiosa como razón de Estado. Solo así podremos vivir en un estado equitativo de derechos y no de privilegios.
¿Quiénes abortan?
Para hablar de despenalizar o no el aborto, es necesario remontarnos a los datos duros e interpretarlos en sus contextos. Ecuador tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, después de Venezuela, con 77, 3 de cada 1 000 partos, y es la octava más alta en todo el continente, según la Organización Mundial de la Salud.
La tasa de abortos en Ecuador es ligeramente superior a la del embarazo adolescente: 115 por cada 1 000 nacidos vivos. Según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), desde 2004 hasta 2014, 431 614 mujeres tuvieron alguno de los siguientes tipos de abortos: espontáneo (9%), médico justificado (6%), algún otro tipo de embarazo que terminó en aborto (85%), lo que podría indicar que un porcentaje de estos sean producto de un aborto clandestino o autoinducido.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) resalta el dato de que 8 de cada 10 adolescentes embarazadas no tiene ingresos, y para el INEC las adolescentes con bajo nivel educativo y bajos recursos son cuatro veces más proclives a quedar embarazadas.
Según la OMS, uno de los factores que inciden en que el Ecuador posea números tan altos en embarazo adolescente es debido al alto índice de violaciones a menores de edad. La Defensoría Pública, por su parte, guarda registros de que una de cada 5 denuncias de violación es contra niñas menores de 14 años y 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son también menores de 14 años. Además, se registran más de 2 470 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años.
Para añadir información, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) guarda datos que aseguran que 2 de cada 10 adolescentes embarazadas han sido víctimas de abuso sexual. Muchas adolescentes abusadas no denuncian a sus violadores porque la mayoría de agresores son parte de su círculo familiar.
Un estudio multidisciplinario liderado por Esteban Ortiz, docente e investigador de la UDLA, demuestra que en 2013 se presentó la tasa más alta de abortos por cada 1 000 niños nacidos vivos (122 por cada 1 000 nacidos vivos) en Ecuador. Según Ortiz, las mujeres que más abortan tienen entre 16 y 25 años, poseen pocos años de educación formal, son pobres y viven alejadas de los centros urbanos. Más de 45 de cada 100 mil mujeres mueren cada año a causa de un aborto en el Ecuador —la provincia que más abortos registra por cada 1 000 nacimientos es Pastaza (186/1 000), seguida por Pichincha (174/1 000), Guayas (166/1 000), Galápagos (165/1 000) y Esmeraldas (164/1 000).
Estos datos nos permiten crear un perfil de las mujeres que abortan en nuestro país: adolescentes, abusadas, pobres, poco escolarizadas, que viven fuera de los centros urbanos. Como vemos, no se trata del placer por el placer, sino de un cúmulo de circunstancias adversas que responden a deficiencias estructurales.
Cuando hablamos de legalización del aborto hablamos de otorgar derechos a las mujeres vulnerables de nuestro país, a las campesinas, a las pobres, a las abusadas. Hablamos de una ley que no castigue con hijos a las víctimas de violación, de ignorancia, de pobreza y de centralismo, de abandono y de silencio.
Para profundizar en el tema, puedes revisar también estos documentos:
- Aborto sin riesgos (Organización Mundial de la Salud)
- Vivencias y relatos sobre embarazo en adolescentes (Unicef)
?Cómo cambiar esta realidad?, si hablamos de un país que se sumerge en la pobreza, en donde los pobres no tienen derecho ni tan siquiera a contar con servicios básicos (agua potable, luz, alcantarillado, educación, salud, telefonía, internet).
Un país en donde el interés del gobernante, gira en torno a mantenerse en su puesto más que en generar un ambiente de desarrollo de bienestar humano y para este propósito, echará mano de todo recurso que tenga a su disposición para generar ficciones en inocentes y maleables mentes de los pobladores más vulnerables que sin ninguna formación, están sujetos a ser seducidos por estas prácticas que son parte de las costumbres de la clase política ecuatoriana.
Ante ese escenario, con esa sociedad marginada, descoyuntada, desintegrada hablar de prevención, educación sexual, planificación familiar, etc., resulta realmente una tarea cuesta arriba ya que para estas cosas no hay recursos, los gobiernos central y locales prefieren gastar nuestros recursos en otras cosas que sólo apuntan a mantener su popularidad y cargo, seguimos haciendo obras descomunalmente caras y sin sentido ni razón en el contexto de desarrollo del bienestar de las personas, triste realidad del país y de América Latina.
Se necesita una sociedad consciente, enterada y movilizada, sólo así se podrán cambiar las conductas de los políticos y con ello, el destino de Ecuador (en este país no existen políticas de Estado en ninguna materia, tan solo políticas de gobierno, eso no nos lleva a nada!), somos sino el país más densamente poblado de la región, uno de ellos, sin duda.