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El mandato amazónico y la plaza pública

“No se puede permitir que una persona extraña entre en una casa particular y haga daño. Nosotros decimos que el cuerpo es como un territorio y que la sangre es como las aguas vivas, no queremos que nos destruyan”, dijo Fanny Kaekat cuando protestó junto a cientos de mujeres amazónicas frente a la casa presidencial en Quito. Las demandas de los pueblos amazónicos para que sus territorios sean liberados de actividades extractivas no son atendidas por el gobierno ecuatoriano.

Foto: Emilia Lloret.

Por Guillermo Morán / @gmorancad

La mañana del jueves 22 de marzo, la Plaza Grande –en el corazón de Quito– estuvo colmada de discursos y demandas políticas. Ya desde las 11:30, frente al Municipio capitalino, representantes de las galleras de Pichincha exigían que se les permitiera llevar a cabo peleas de gallos que la ley prohíbe. Del otro lado de la plaza —rebosante de turistas y profetas con discursos apocalípticos— una mujer rodeada de carteles daba cuenta de un pacto oscuro entre el presidente Lenin Moreno, los reptilianos y el chupacabras. Como trasfondo, un secuestro realizado a algunos de sus familiares. Pero a eso del mediodía, una comitiva de mujeres amazónicas se tomó el recinto. El desgaste causado por los cientos de kilómetros recorridos desde sus comunidades parecía haberse atenuado y reemplazado por un ambiente festivo pues, por fin, las líderes indígenas se reunirían con el presidente Lenin Moreno para entregarle un documento con su mandato.

Nada es casual. El mismo día que el Presidente dispuso para hablar con las mujeres amazónicas coincidió con otra fecha: el Día Mundial del Agua, que llevó a cientos de manifestantes provenientes de más de 100 recintos y comunidades del noroccidente de Pichincha, a juntarse en la misma plaza, en la llamada Gran Marcha por la Vida y el Agua. Los grupos antimineros y defensores del medio ambiente exigieron al gobierno no solo que la minería se alejara de los centros poblados, sino que fuera completamente dejada a un lado para, en su lugar, enfocar la economía del país en otras formas de desarrollo sostenibles.

A pesar del cansancio, las voces de las mujeres amazónicas jamás acallaron. Foto: Andrés Yépez.

Luisana Aguilar, quien llegó desde el noroccidente de la provincia de Pichincha, aseguró que la minería responsable no existe. “Este concepto está desactualizado”, dijo, y aclaró que ni siquiera los mismos mineros lo utilizan por caduco. “No hay la posibilidad de que la minería no afecte a las poblaciones. El ejemplo más claro es lo que sucedió con el proyecto Mirador”. Según la agrupación antiminera Caminantes, todavía existen 2 000 concesiones mineras en trámites, que ocupan el 15% del territorio ecuatoriano y ponen en peligro zonas ricas en biodiversidad como Chocó, Tumbes, Mindo, Nambillo, Maquipucuna, por citar algunos ejemplos. Dicen algunos de los manifestantes que la ganancia generada por la minería no compensa los daños que ocasiona.

A eso de las 14:00, los distintos marchantes convocados se reunieron en la Plaza Grande: las mujeres amazónicas, habitantes del noroccidente, activistas y otros sectores, quienes no creen en el desarrollo propiciado por las industrias extractivas y defienden como prioridad el preservar los territorios libres de contaminación.

La marcha por el agua y la vida llega a la Plaza Grande para unirse a las mujeres amazónicas. Foto: Andrés Yépez.

Antes de la llegada de la comitiva minera, una breve rueda de prensa se improvisó en las afueras de Carondelet. El tema había ocupado la atención mediática durante una semana, hasta que ahora, finalmente, las mujeres indígenas amazónicas manifestaron su voluntad y expusieron lo que estaba sintetizado en el mandato que entregaron a Lenín Moreno. Allí se escucharon voces de mujeres con una larga trayectoria de lucha y de defensa de sus territorios. Fanny Kaekat, representante de la organización Pueblo Shuar Arutam y habitante de la provincia de Morona Santiago, estuvo el 2017 en el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano, en Montevideo, Uruguay, con el fin de hablar de la traumática experiencia que ha vivido junto a su comunidad por los enfrentamientos con las compañías mineras. “Vamos a pedir al Gobierno Nacional que sea consecuente con lo que dijo, que va a respetar los territorios indígenas –proclamó Fanny–. Las concesiones siguen y no nos dejan en paz. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio porque nacimos ahí, donde tenemos nuestro mercado, la medicina, la caza y la pesca”. Además, aclaró: “Nosotros no somos opositores, somos los que hacemos la selva viva. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a ocupar el territorio chino o canadiense? ¡Quedaríamos como tontos! No se puede permitir que una persona extraña entre en una casa particular y haga daño. Nosotros decimos que el cuerpo es como un territorio y que la sangre es como las aguas vivas, no queremos que nos destruyan”.

Catalina Chumbi, presidenta de las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza. Foto: Andrés Yépez.

Así como sucede con las empresas mineras, otras líderes exigen también que se ponga un alto a la concesión de los bloques petroleros del centro-sur de la Amazonía. Un ejemplo son los bloques 79 y 83, concesionados a Andes Petroleum y ubicados en el territorio de la nacionalidad sapara. Gloria Ushigua, su representante, teme que los daños ambientales causados por la contaminación petrolera destruyan la selva de donde obtienen su alimento, su medicina, y donde intentan recuperar la sabiduría de sus ancestros, devastados, entre otros motivos, por la explotación cauchera que asoló hace más de un siglo a los habitantes de la Amazonía.

Poco antes de ingresar a Carondelet, Patricia Gualinga –líder de la comunidad de Sarayaku– dijo sentirse inconforme por la dificultad que implicó pactar una entrevista con el Presidente. Estaba apenada por todo lo que las mujeres tuvieron que soportar para conseguirla: días y días a la intemperie, en la incertidumbre, lejos de sus hogares y de sus familias. También afirmó cuáles serían las consecuencias de no ser escuchadas: “Si no quieren hacer caso a nuestro mandato, nosotros vamos a continuar resistiendo desde nuestros territorios. Les va a costar ingresar y las consecuencias van a ser la violación de derechos constitucionales, internacionales y derechos humanos. Cualquier agresión hacia nosotros la denunciaremos públicamente hasta que nuestras voces sean escuchadas”.

Una de las mujeres amazónicas alzando su voz ante los proyectos extractivistas que invaden sus territorios. Foto: Emilia Lloret.

A las 17:36 de ese 22 de marzo, las mujeres amazónicas pudieron entregara Lenín Moreno el documento de su mandato. Allí estuvieron, además del Presidente, los ministros de Justicia, Rossana Alvarado, y de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, escuchando las demandas y tratando de llegar a un consenso. Que no sería fácil cumplir con todos los mandatos –dijo Moreno–, pero que su intención sería la de procurar hacerlo.

La activista Nina Gualinga declaró en un video publicado por Fundación Pachamama sus impresiones respecto a la reunión: lo que más le sorprendió fue la declaración del ministro Carlos Pérez, según la cual el Bloque 10, Zona Villano, “es uno de los lugares donde mejor se ha manejado la explotación petrolera”. Gualinga no cree lo mismo y recuerda cómo la explotación petrolera ha afectado a la cuenca del Villano-Curaray, y llama la atención sobre los abusos hacia las mujeres, como violaciones sexuales y abusos de poder.


Las mujeres amazónicas, después de esta reunión, tienen apenas la siguiente certeza: el presidente Lenín Moreno ha escuchado personalmente sus demandas, sabe cuáles son sus inquietudes y sus necesidades. Las mujeres amazónicas están en alerta y saben que pueden volver a tomarse la plaza.