Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Fotos: Luis Mariño Carrera / @luchomarino
El lunes 24 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) ofreció “disculpas públicas” al colectivo ambientalista Yasunidos, al grupo de colegiales detenidos por el gobierno de Rafael Correa y reconocidos bajo el nombre de Los 10 de Luluncoto, y a varios periodistas de medios de comunicación de todo el país que habían sido violentados «por el silencio que la Institución Nacional de Derechos Humanos guardó en sus respectivos casos, ante la vulneración de derechos».
Gina Benavides, encargada desde mayo de esta institución nacional de Derechos Humanos, emitió tres resoluciones defensoriales que reconocen la vulneración de derechos y la «inacción» en materia de protección de derechos, y exhortó a las autoridades correspondientes a impulsar procesos de reparación integral.
Según los Principios de París, que rigen el estatus y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el mundo, una Defensoría del Pueblo tiene –entre otras– la responsabilidad de supervisar cualquier caso de violación de los derechos humanos, asesorar a los poderes Ejecutivo, Legislativo «y a cualquier otro órgano competente (…) y en lo que concierne el cumplimiento con, y la aplicación de, los instrumentos internacionales de derechos humanos», y a educar e informar en materia de derechos humanos.
Gina Benavides asumió el encargo de la Defensoría del Pueblo en mayo del 2018, por disposición del presidente Lenín Moreno, y desde sus nuevas funciones no ha dejado de criticar que, durante la década pasada, las instituciones nacionales de derechos humanos no hayan trabajado para prevenir y hayan sido funcionales al poder gubernamental. «Es necesario instaurar procesos de promoción de derechos mediante la sensibilización e información, que se articulen con procesos de investigación; los derechos humanos deben tener sentido para prevenir violaciones, no solamente para actuar cuando la violación ya está cometida, es el mayor reto», nos dijo, durante esta charla.
“El ser defensor de derechos significa conocerlos, ejercerlos y saber que esto me comporta deberes de adecuación de mi vida personal, ética y profesional, hacia el cumplimiento de esos derechos”.
En mayo, el 60% de las atenciones en las que se ocupaba la Defensoría del Pueblo correspondían a trámites de reclamos por mala atención o deficiente provisión de servicios. El 40% correspondía a vigilancias del debido proceso, en los que no se habían emitido informes. Apenas un 5% de las atenciones de la entidad correspondían a activación de garantías jurisdiccionales. Con el propósito de invertir esta dinámica y de «reinstitucionalizar» a la entidad, la Defensora ha diseñado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo «que está basado en la necesidad de que el Estado demuestre que quiere tener una institución sólida en materia de DDHH”.
De mayo a este momento, ¿cómo podemos resumir el ambiente en cuanto a derechos humanos y derechos de la naturaleza en Ecuador?
Creo que hay una coyuntura especifica en el país: primero, hay una decisión popular, un referendo y una consulta popular que manifestó la decisión de la ciudadanía de cambiar el manejo que se había dado en la institucionalidad del país. En ese marco, se inició un proceso de nuevas elecciones, de reconfiguración de las instituciones, de hacer una evaluación, especialmente, a las instancias de control. De ahí surge la necesidad del cambio en la Defensoría del Pueblo. Asumo el encargo como algo que no estaba buscando ni esperé, pero que en un momento determinado me definió por la necesidad de contribuir a ese cambio, y sobre todo, por creer que en Derechos Humanos, en el país hay desafíos muy grandes después de una década en la que los derechos no tuvieron lugar en la agenda pública.
La Constitución del 2008 es –ciertamente– una de las más vanguardistas en cuanto a garantía de derechos, y, sobre todo, en cuanto a garantía de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, quizá desde el 2008 hasta hoy hemos sufrido una de las arremetidas más violentas en contra, precisamente, de los derechos de la naturaleza. Esto desdice de ese intento de institucionalizar al Estado cuando encontramos esta serie de episodios de violencia en contra de esos derechos.
La Constitución del 2008 nos está marcando unos retos superimportantes y abre paradojas. Esas paradojas de tener en el discurso, hasta por escrito, estas grandes proclamaciones, pero que son tan difíciles de llevarlas a la práctica. La Constitución garantiza estos derechos pero, en la práctica, el modelo institucional que la propia Constitución establece no está acorde para la efectiva garantía de los derechos. Hay una proclamación de los derechos de la naturaleza pero, a la par, el modelo institucional que la Constitución establece plantea que la visión del Estado puede ser llevada a partir de un modelo extractivista. Esto, en la práctica, lleva a la contradicción. Por una parte tienes derecho a la resistencia, pero por otra, tienes la visión de un modelo de Estado basado en una economía que dice: tengo que sustentarme en un proceso extractivista que va a violar estos derechos de la naturaleza. Y esto es sincrónico, porque la violación de los derechos de la naturaleza lleva a los procesos de movimientos sociales y organizaciones a reivindicar y a decir: ¡hagamos vigentes estos derechos! Y como respuesta tienes represión, criminalización de la protesta social, silenciamiento de la población y mucho temor. Creo que vivimos diez años en los que hubo formas diversas de generar procesos de estigmatización social a través de grandes cadenas sabatinas o por mensajes que se difundían por parte del Estado, y a través de enjuiciamientos penales o procesos administrativos como mecanismos de coartar la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de organización y la libertad de asociación.
Hay una proclamación de los derechos de la naturaleza pero, a la par, el modelo institucional que la Constitución establece plantea que la visión del Estado puede ser llevada a partir de un modelo extractivista.
O estigmatización de ciertos personajes hasta anular completamente su vida pública. ¿no?
Así es. Eran procesos de mucha estigmatización y de jugar con esta posibilidad que tiene todo ser humano cuando dice en un momento dado: tengo que pensar en mí y en mi familia. Y muchas voces se acallaron por este sistema. Lo paradójico es que esto se fue gestando bajo un discurso que se presentaba como muy revolucionario, de vanguardia y de izquierda, incluso. Además, evidenció cómo todas las funciones del Estado, incluso las instancias de control, terminaron reproduciendo un modelo definido por el Ejecutivo. La democracia se sustenta en el contrapeso de poderes, y paradójicamente en nuestra Constitución hay cinco funciones del Estado, y esas cinco funciones estaban ‘coptadas’ hacia el Ejecutivo, y los mecanismos de control también. Entonces, en la práctica no tenías un modelo democrático vigente. Esto nos habla de que, más allá de la proclamación formal, tienes que establecer mecanismos concretos que puedan materializar la vigencia de los derechos. La consulta popular fue hacia eso, es una lógica que busca fortalecer el modelo democrático y yo creo que ese es el reto que tenemos todas las personas que ahora estamos con los encargos y quienes van a ser elegidas para los cargos de estas instancias de control. ¿Cómo deben ser las instancias de control? Autónomas, independientes, que puedan pronunciarse y frenar los abusos de poder.
Cuando hablamos de DDHH hablamos de algo que está por sobre cualquier gobierno de turno. ¿Cómo hacer que ahora no siga ocurriendo lo que antes ocurría, y en tan poco tiempo? ¿Cuál es la estrategia para que a nivel integral esto no se convierta otra vez en una plataforma de abuso del poder de turno?
Primero, los derechos humanos pueden ser utilizados tanto hegemónicamente como contrahegemónicamente. A través del discurso de DDHH se han legitimado abusos de poder. Ese es el reto. Yo estoy en un encargo. Creo que había un clamor ciudadano por decir: necesitamos un cambio en la Defensoría del Pueblo, necesitamos que haya una nueva imagen y una nueva acción.
O una acción, porque estos meses ustedes han asegurado que en la administración anterior hubo «inacción».
Así es, eso es lo que se buscaba. Yo planteé como retos establecer que esta tiene que ser una instancia autónoma e independiente, que tenga la capacidad de pronunciarse frente a cualquier poder del Estado, que pueda decir: en esto no estoy de acuerdo, y que lo haga sin temor. Devolverle la voz a la Defensoría del Pueblo. Que podamos pronunciarnos, decir y dar nuestra opinión especializada en Derechos Humanos sobre los asuntos de interés que están en la agenda pública. Es un reposicionamiento de la institución, es mirarla por dentro. Yo me encontré con una institución que, si bien ha crecido y tiene una cobertura nacional, tiene una estructura muy vertical.
¿Hablamos de una cultura institucional instaurada por el gobierno anterior?
Es, evidentemente.
¿De obediencia?
Es de obediencia. En algunos casos, también, de guardar silencio. Recientemente hicimos el acto de disculpas públicas, en el que me aproximé a casos específicos. Revisé expedientes y lo que encontré es que hubo decisiones que se tomaron que buscaban silenciar casos, o abrir casos y tener una actitud de bajo perfil, solamente de justificación, meramente de trámite y no de decisión. Un trámite en la Defensoría debe llevar a una resolución, a la activación de un mecanismo y de nuestras competencias, y tiene que ser sustentado. He encontrado funcionarios que me dicen: sí, mire, efectivamente, yo pensaba distinto, pero si tenía la orden superior, si los del jerárquico superior me ordenaban que haga esto, yo tenia que cumplir órdenes. ¡Preocupante! ¡Yo he oído eso en los estratos policiales!
¿Por qué no debería ocurrir eso en una instancia como la Defensoría del Pueblo?
Porque nosotros trabajamos en derechos humanos y quien trabaja en derechos humanos tiene que saber por principio que tiene que velar por la promoción y protección de derechos. Si a mí me dan una orden que va a ir en desmedro de los derechos, yo tengo el legítimo derecho de objetar. Quienes trabajamos en derechos humanos tenemos obligaciones éticas. Y la ética me obliga a estar permanentemente mirando dónde está el abuso de poder y cómo yo mismo puedo ejercer el abuso de poder en mi vida individual, familiar, comunitaria, en mi trabajo y frente a la colectividad.
¿Cuáles son las principales adversidades que se ha identificado que enfrenta la Defensoría del Pueblo como institución?
Es una estructura institucional con un marco jurídico de respaldo que te impide actuar para traducir la autonomía y la independencia. ¿Por qué? Porque tienes una estructura que está condicionada a ser un ministerio. Yo tengo un ministerio más del Ejecutivo. Uno se pregunta si soy independiente, cuando yo tengo que pedir permiso a Senplades, al Ministerio del Trabajo, y luego depender del Ministerio de Finanzas para todo el tema económico.
¿Eso limita las capacidades de acción de la Defensoría del Pueblo y su eficacia?
Y contraría los principios constitucionales. La Constitución dice que la Defensoría del Pueblo es una institución pública que goza de autonomía e independencia administrativa, financiera y organizacional. Ese es un obstáculo para mí: este marco institucional y normativo que hace que la independencia sea realmente una ficción. En un momento determinado puede ser un condicionamiento decir: bueno, esta Defensoría del Pueblo está molestando mucho, no le damos el dinero, y con eso la institución baja su perfil. Y esto sería realmente preocupante. Y el otro [obstáculo] es cambiar la cultura institucional. ¡Es fuerte! Tengo funcionarios que tienen aquí veinte años o están desde que surgió la DDP y reproducen este modelo jerárquico, burocrático. Tengo personal más joven pero que viene de este último período, profesionales buenos pero que fueron coartados en su iniciativa de proponer y entraron en esta lógica de: bueno, lo que usted diga…
No proponer, sino obedecer…
¡Claro! Esto es algo en lo que se tiene que trabajar. No se va a cambiar de la noche a la mañana, pero de una u otra manera se está abriendo un espíritu crítico. Creo que el relacionamiento que se ha abierto con organizaciones de la sociedad civil ha propiciado estas nuevas visiones.
Entonces, estoy generando algunas acciones que sientan las bases para que el futuro de la DDP sea distinto, para que se posicione a la institución, se le dé mayor solidez y, sobre todo –y este es el tercer punto– [mejorar] la comprensión que la ciudadanía tiene sobre la DDP. Para muchos es primero la confusión entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Nosotros no damos atención jurídica, no ponemos abogados, nosotros tenemos competencias de actuar cuando hay violaciones de derechos humanos. Y, ¿cuándo hay violaciones? Las violaciones se dan por acción u omisión de actores estatales, cuando estos no cumplen con sus competencias constitucionales y se generan abusos de poder. Y también, cuando los particulares, especialmente empresas, abusan de su poder y lo hacen con la anuencia estatal. Muchas de las empresas, extractivas, de servicios públicos a las que se les da concesiones para efectivizar esos derechos, no actúan de manera adecuada.
«Las violaciones se dan por acción u omisión de actores estatales, cuando estos no cumplen con sus competencias constitucionales y se generan abusos de poder».
Hablemos de casos específicos: al asumir el cargo Gina Benavides, se vivía ya la cota más dramática, quizás, en la provincia de Azuay, en Molleturo. ¿En qué momento se encuentra este caso y cuáles son los obstáculos que enfrenta?
El caso de Molleturo es un reflejo de los efectos de la implementación de una política minera que se está promoviendo en el país, que gesta un modelo de desarrollo que se basa en los procesos extractivos. Se plantearon medidas cautelares como una iniciativa desde actores de la sociedad civil. El caso está ganado y hay una sentencia que ha establecido la suspensión de actividades mineras en esa zona hasta que se dé la consulta previa. La Defensoría del Pueblo está encargada de dar el seguimiento para que se cumpla con esas medidas cautelares. Algo que nos preocupa es el grado de polarización social. Una de las estrategias que se está utilizando en todos los conflictos en materia minera, petroleros y otros, es la división comunitaria: se rompe con el tejido social y se producen enfrentamientos entre las propias comunidades. Por un lado se ofrece trabajo y por otro lado están las comunidades que dicen: nosotros no creemos en ese modelo de desarrollo, este modelo está acabando con nuestra naturaleza.
¿El caso Sinangoe es similar?
En este caso, activamos nosotros las medidas cautelares y la acción de protección, pues se trata de la contaminación de un río que abastece a una de las ciudades principales de la Amazonía. Es un caso, además, que compromete territorios indígenas. Estos modelos de producción a gran escala extractivos no solamente afectan a la naturaleza, están afectando a comunidades, a pueblos asentados en sus riberas. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución, y a nivel de los instrumentos internacionales, la necesidad de proteger a estos pueblos. Tiene que respetarse su derecho al territorio. No hemos llegado a tener una ley efectiva de consulta previa. Los pueblos y comunidades tienen el derecho a ser consultados y a decidir sobre el destino que tengan sus territorios porque es su vida. Tienen relaciones con la naturaleza que no son solamente económicas o sociales, sino espirituales. Siempre se nos ha dicho –y fue un discurso manejado desde el anterior gobierno– que tenemos que pensar en el derecho de las mayorías, y por pensar en el derecho de las mayorías se van violando los derechos de las denominadas minorías.
Y, además, es solo una interpretación de lo que son las mayorías, ¿no?
Así es. Y, además, las mayorías pensadas desde una visión inmediatista.
En la frontera norte, luego de los lamentables episodios del secuestro y asesinato del equipo de prensa de El Comercio, de dos civiles y de cuatro militares, el pueblo de El Pan ha sido desplazado y muchos de sus habitantes viven ahora en San Lorenzo. Pero ellos están atemorizados no solamente por la crisis que se agudizó en marzo, sino por una crisis histórica, por carencia de institucionalidad y de presencia del Estado, de atención en servicios básicos. ¿Cómo mira este problema la Defensoría del Pueblo y cómo se puede inaugurar una postura firme del Estado frente a Esmeraldas, una de las provincias más pobres del país?
…hemos hecho una misión de verificación conjunta con el pueblo siona, entre la Defensoría del pueblo de Colombia y la de Ecuador, y nos está dando algunos elementos de lo que podría ser el trabajo por los territorios indígenas binacionales, las formas de organización propias de las organizaciones indígenas, como las guardias indígenas, la afectación por parte de actores armados pero también por modelos y prácticas de empresas extractivas petroleras o mineras.
Pero algo que yo tengo que reconocer es que, con la estructura que tengo en este momento, no puedo hacer un sistema de seguimiento constante.
Por otro lado, está el tema de movilidad humana, que generó una activación de las oficinas de zonas de frontera norte y sur por el flujo de población venezolana. La Defensoría del Pueblo activó medidas cautelares, pues nosotros necesitábamos sustentar cuáles eran los efectos que traía el establecimiento del pasaporte como documento de identidad válido para ingresar al país. Tuvimos que hacer un monitoreo para demostrar que la medida –contrario a lo que planteaba el gobierno– generaba violación y ponía en situación de inseguridad y vulnerabilidad a las personas. Esto también ha sido positivo porque nuestros funcionarios y funcionarias se han acercado a la realidad, están saliendo a terreno y tienen contacto con la gente, están hablando con las personas y están entendiendo que la violación tiene carne y hueso.
La violación tiene carne y hueso, y cuando hablamos de violencia de derechos no hay preferencias. En Imbabura, en Mascarilla, el 24 de agosto se registró un homicidio por el que está detenido el policía David Velasteguí Carrera, de 33 años. Según evidencias que ha mostrado la familia del detenido, al parecer no sería él quien disparó, y surgen sospechas por el hecho de que él sea el único detenido en un caso que registró agresiones contra propiedad privada, el secuestro de una grúa policial, destrucción de bienes públicos, infracciones de tránsito, etcétera.
Inmediatamente después de que se conoció el caso, nuestra delegada en Imbabura abrió lo que nos corresponde: una vigilancia al debido proceso. Esto es una competencia constitucional, nosotros podemos actuar de oficio o a petición de parte. Se ha dado seguimiento, se ha asistido a las audiencias, pero nos preocupa en este caso el nivel del manejo del discurso que ha generado niveles de resquebrajamiento social. Han florecido manifestaciones de un discurso racista. Hemos hablado con la Ministra del Interior sobre el caso, porque en la zona de Mascarilla hay muchos elementos que están en juego y frente a los cuales se puede ver que ha habido una falta de actuación estatal, una desinstitucionalización que ha permitido el crecimiento de niveles de conflictividad, el contrabando, la presencia de diferentes actores que están poniendo en riesgo a la población civil. Hay una zona, que es Buenos Aires, en donde hay minería ilegal y hay necesidades de intervención… Entonces, hemos hablado con el Ministerio del Interior y la Gobernación en el sentido de que cualquier acción que se haga tiene que estar enmarcada en derechos humanos. La idea es agotar los mecanismos de resolución de conflictos, establecer procesos consensuados con la población y que el Estado tenga presencia, no solo con ejército o policía sino generando desarrollo social.
Ecuador ve cómo se incrementan los índices de femicidio a pesar de las campañas y de la activación de la población en las calles. ¿Por qué no encontramos la manera de frenarlo?
Sí es sumamente preocupante. Las estadísticas nos demuestran que la violencia de género es sistemática en el país. El femicidio, el embarazo adolescente, la violencia sexual por parte de actores muy cercanos a las mujeres, las discusiones sobre la tipificación del aborto, la criminalización de mujeres, son preocupantes. Es un discurso contradictorio: a nivel legal se promueve una ley de erradicación de la violencia contra la mujer, pero la institución rectora [Ministerio de Justicia] en materia de aplicación de la ley está siendo suprimida y no se sabe hacia dónde van a ir esas competencias. Nosotros hemos promovido reunión con Senplades y con el ministro de Justicia encargado [Paúl Granda, secretario de Gestión Política, a cargo de Ministerio de Justicia] mientras se da el traspaso, y no encontramos respuestas sólidas. Yo creo que el gobierno nacional tiene que pensar muy bien, porque el mensaje que dé y la decisión que tome van a ser decisivos para saber si hay una real voluntad de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y también de las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Creo que las políticas tienen que ser integrales. No basta una ley. Es necesario que para las políticas se asignen recursos. La gran preocupación es que en política de austeridad, los programas sociales para prevenir e intervenir en materia de violencia contra la mujer sean recortados. El Gobierno tiene que dar prioridades y una de esas prioridades es esta. Las organizaciones de mujeres están impulsando un llamado de emergencia nacional al cual nosotros nos unimos, porque consideramos que hay una emergencia. No se puede dejar de solventar los graves problemas que hay en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia, no se puede dejar en desprotección los albergues para mujeres víctimas de violencia. Dentro de nuestras competencias, y dependiendo de la decisión que tome, nosotros tendríamos que mirar si activamos garantías específicas por política pública.
Si quieres escuchar la entrevista completa, pincha en nuestro sitio en Soundcloud, a continuación:
https://soundcloud.com/user-466851309/entrevista-a-gina-benavides-defensora-del-pueblo-ecuador
Muy buena entrevista en cuanto al tipo de preguntas, su intención, contenido y enfoque.
En cuanto a las respuestas, se enfatiza reiteradamente el error al reducir recursos o presupuestos para atender y afrontar las competencias de la Defensoría; debería ponerse profunda atención en la Planificación del destino de uso de esos recursos para que lleguen al objetivo específico y se obtengan los beneficios esperados con realidad práctica.