La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Cada 10 de diciembre se celebra un año más de la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marco que rige las políticas de todos los Estados parte y que debería funcionar como la base de los regímenes sociales y económicos implementados por todos los gobiernos de turno, en sus planes de gestión pública.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, bajo el encargo que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, puso en manos de Gina Benavides en mayo del 2018, reconoció –a propósito de esta fecha– ciertos avances en materia de derechos en el país, pero destacó que en Ecuador, la falta de información sobre #DDHH y la escasa visibilización de casos de violación de derechos son dos de los mayores problemas que un órgano como la Defensoría ha tenido que enfrentar.
Como parte del informe emitido en conferencia de prensa, y gracias al trabajo cartográfico del colectivo Geografía Crítica Ecuador, esta institución ofreció un diagnóstico general de la salud del país en materia de Derechos Humanos.
Las actividades extractivas encabezan las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y, de acuerdo con la interpretación de la entidad, son indicio de la articulación existente entre los tres tipos de violación estructural de derechos, premisa que confirma que donde hay violación de derechos a la naturaleza, habrá como consecuencia violación de derechos a pobladores y, por efecto, serán también violentados los defensores y defensoras de esos derechos vulnerados.
La violencia de género, la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, la limitación del derecho a la salud, las migraciones como caldo de cultivo de explotación laboral, xenofobia o cualquier tipo de discriminación, el abuso de poder por parte de empresas públicas o privadas, el hacinamiento y la vulneración física, sexual y psicológica en las cárceles ecuatorianas, las desapariciones y las escasas medidas de reparación para las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales son otras de las grandes preocupaciones de la Defensoría del Pueblo luego del período comprendido entre mayo y diciembre, que ha estado bajo la administración de Gina Benavides.
Los mapas revelaron 495 tipos de vulneración de DDHH registrados en el país. De ellos, 112 corresponden a violaciones a derechos de la naturaleza, 65 a defensoras o defensores, y 318 a derechos de poblaciones. No es coincidencia: la provincia más afectada por violaciones a los DDHH en Ecuador es Esmeraldas, la misma que registra los mayores índices de inseguridad y de abandono por parte del Estado. La misma en donde se reveló que opera una red de narcotráfico vinculada con grandes carteles colombianos y mexicanos. La misma donde fueron secuestrados tres periodistas de diario El Comercio, el pasado marzo.
Sí y no
Si bien la Defensora destacó que el gobierno del presidente Lenín Moreno haya mostrado más apertura que su predecesor (Rafael Correa) para abrir las puertas a la acción de organismos internacionales de Derechos Humanos en casos que se investigan en el país, reiteró también la preocupación que despierta en su gestión el manejo que el gobierno ha dado a algunos temas relacionados con DDHH.
Uno de ellos tiene que ver con las investigaciones sobre narcotráfico en zona de frontera y, específicamente, sobre el secuestro y asesinato de los tres miembros de diario El Comercio, en marzo y abril. Las declaraciones que hizo el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 6 de diciembre, acerca del caso, levantó alertas. “La Procuraduría debería revisar estas posiciones –dijo Benavides–, para todo el país es necesaria la presencia de la CIDH mediante el Equipo Especial de Seguimiento”.
Este pronunciamiento ratificó el comunicado que la Defensoría divulgó el 9 de diciembre, en el que había aclarado que, “si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico de Diario El Comercio, solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE, llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en zona de frontera, pues no se ajustaría al mandato del ESE y no formaría parte del plan de trabajo original”.
La postura del Estado ecuatoriano –representada en el Procurador Salvador– alcanzó incluso a lanzar como verdadera su hipótesis de que tanto el secuestro, como el cautiverio y el asesinato de los tres miembros de El Comercio ocurrieron en territorio colombiano, cuando las investigaciones que llevan adelante las Fiscalías colombiana y ecuatoriana no han terminado, y aun cuando varios trabajos periodísticos e indicios obtenidos en declaraciones emitidas por los ciudadanos detenidos como parte de estos procesos, ratifican que la ruta delincuencial que terminó con la vida de los periodistas se inició en la parroquia ecuatoriana de Mataje.
El Procurador General del Estado, además, solicitó que se levantaran y se archivaran las medidas cautelares emitidas por la CIDH, argumentando que el Estado ecuatoriano habría cumplido con ellas. “Llama la atención también la afirmación realizada por el funcionario ecuatoriano, al sostener que el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”, reza el mismo comunicado.
La mañana del lunes 10, Salvador ofreció una rueda de prensa en la que intentó precisar sus declaraciones y ratificarlas con argumentos que, según dijo, no habían sido recogidos por los medios: “Cuando el proceso penal concluya –dijo Salvador–, el Estado ecuatoriano no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se haya establecido, sin importar si se trata de personas particulares o de agentes estatales”. Salvador insistió: “Que el ESE no haya aprovechado el tiempo que tenía a su disposición para hacer su trabajo no es algo que pueda ser imputado al Estado ecuatoriano”. Y acomodó su declaración del 6 de diciembre: “El Estado ecuatoriano postula que el delito de asesinato ocurrió en Colombia y, de momento, podemos declarar que sobre la base de la investigación hasta ahora realizada, todo indica que el delito de secuestro ocurrió también en Colombia”. Para decir esto último, el Procurador se amparó en las investigaciones del fiscal Wilson Toainga, a cargo de los procesos.
La aseveración de Íñigo Salvador demostraría la falta de coordinación entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia, pues ese mismo 6 de diciembre, la representante de la entidad colombiana en la respectiva audiencia ante la CIDH, Claudia Carrasquitra, mostró sus propios avances en los procesos investigativos que desmienten la versión que ensaya el Procurador de Ecuador, entre los cuales se muestra una imagen de la ruta del cautiverio de los tres periodistas ecuatorianos:
Entre las señales que la defensora Gina Benavides presentó como positivas, en materia de DDHH, constan una disminución de la criminalización a defensores de derechos, mayor independencia de los jueces para resolver garantías como en los casos Río Blanco, pueblo Cofán-Sinangoe, un clima de mayor apertura para la libertad de expresión, entre otros.
Sin embargo, estas aparentes luces se empañan al compararlas con algunos hechos: mientras se muestra una aparente apertura del Estado a la participación de organismos internacionales, sus funcionarios diseñan trabazones que entorpecen sus procesos investigativos, se niegan a entregar información clave o la retrasan. Mientras el discurso oficial celebra ese mejor clima para la libertad de expresión y las mejores condiciones para el ejercicio periodístico en el país, sus funcionarios entorpecen o minimizan las nacientes iniciativas para consolidar protocolos de seguridad para el trabajo de la prensa en situaciones de alto riesgo. Mientras se aprueban leyes como la Orgánica para prevenir y erradicar la Violencia contra la Mujer o se ratifican Tratados como el concerniente a Discriminación, las restricciones presupuestarias y el desperdicio de infraestructura que podría ser utilizada por funcionarios a cargo de agilizar los procesos en materia de derechos, aumentan.
Sin duda, el esfuerzo de organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, colectivos activistas, periodistas, pueblos indígenas y otros, por posicionar en Ecuador la necesidad de exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos y de la Naturaleza ha rendido ciertos frutos, aun pese a estas adversidades: a partir del pasado 5 de diciembre, el país cuenta con una Ley que rige las acciones de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y que permite abrir el camino para una gestión independiente y autónoma tendiente a articular una política pública capaz de promover, proteger y generar conocimiento sobre Derechos Humanos y de la Naturaleza.
El mapa de Derechos Humanos de Ecuador refleja un país ambiguo. Detrás de los números, que pueden abrigar una que otra esperanza, quedan todavía los afanes por obedecer y socapar al poderoso, en desmedro de los ciudadanos de a pie. Es urgente que el Estado ecuatoriano deje de depender del discurso demagógico que le caracteriza y que, en la praxis, atienda la necesidad de proteger los derechos de las personas y de la naturaleza, y deje de proteger y encubrir a los gobiernos de turno, a sus funcionarios y exfuncionarios, a sus malas decisiones o a sus negligencias.
