Las máquinas pesadas para excavar terrenos son la principal herramienta en la minería ilegal en Ecuador. En Napo, operan sin permisos y sin matrículas. Además, se venden sin controles o son robadas en Colombia y Perú. Con ellas se han devastado más de 1.400 hectáreas de selva amazónica.
Por Franklin Vega / @BitacoraEc
Nadie habla en voz alta sobre el origen de la pujante economía en Tena, al centro del Ecuador. La gente tiene miedo por los reportes de crímenes tipo sicariato y por enfrentamientos armados en las comunidades. Pero la riqueza no se oculta.
En esta ciudad de la Amazonía se observan edificios nuevos y otros en construcción. Por las calles circulan vehículos todo terreno de lujo (4×4), convertibles deportivos rojos que con dificultades circulan por los caminos de tierra y empedrados, así como decenas de camionetas enormes de modelos recientes.
Algunos se atreven a señalar que el origen de esa opulencia es la minería ilegal y la cantidad de dinero que circula, pero lo hacen en privado y con reserva absoluta. Hacen notar el funcionamiento de tres concesionarias de maquinaria pesada en Tena, donde las excavadoras son el producto estrella. Estas máquinas son la principal herramienta de la minería aluvial, que se practica en los lechos de los ríos y cerca de los bosques.
La mayoría de ese equipo “trabaja” de forma ilegal, porque su compra y uso deberían estar regulados por el Estado. Sin embargo, sus propietarios no cumplen con el registro obligatorio que dispone el Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, el cual indica que toda maquinaria pesada debe matricularse en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Esas excavadoras que se usan en la minería ilegal son como “fantasmas” para las autoridades, aunque están a la vista de todos. De hecho, adquirir una es tan fácil como comprar una motocicleta: una cuota de entrada en efectivo y pagos a plazos. Solo que la moto cuesta 1.500 y la excavadora 250.000 dólares.
Entre 2017 y 2024, la importación de excavadoras representó un negocio de más de 500 millones de dólares, según las importaciones registradas en el Banco Central del Ecuador y el Servicio de Aduanas del Ecuador (SNAE). En este monto también se incluye la maquinaria nueva y la usada, la que se destina a obras civiles como las construcciones de edificios o para abrir carreteras. Con la información disponible en el MTOP no se puede conocer para qué las utilizan ni dónde. No obstante, debido a que no se puede conocer el destino final ni se puede determinar quién las opera en el campo, se ignora cuántas se utilizan en la minería ilegal.
En recorridos realizados para esta investigación periodística, se observaron 50 excavadoras sin matrícula en Napo y 24 en Zamora. Se constató también que solo la maquinaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Municipales o Provinciales luce una serie de números y letras pintados que la identifica.
En zonas como el sector de Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, donde no tienen acceso, los activistas de Napo Ama la Vida (un frente ciudadano que ha enfrentado la minería ilegal) calculan que hay unas 100 excavadoras más minando en los ríos. Ya no pueden utilizar drones para ubicarlas, porque afirman que los mineros ilegales tienen instrumentos electrónicos que bloquean la señales que controlan esos aparatos. El 9 de mayo, en esta zona se produjo la masacre de 11 militares al realizar un operativo de control a la minería ilegal; el Ejército del Ecuador afirmó que los uniformados fueron emboscados.
Además de no contar con el registro requerido por las autoridades, Sandra Rueda, asambleísta por la provincia de Napo, señala otra ilegalidad: únicamente los municipios están autorizados para realizar minería de materiales pétreos, pero no para extraer oro. Por ello, “trabajar justamente y directamente en los lechos de las fuentes hídricas, a menos de que tengan todo el proceso de autorización del Ministerio del Ambiente para utilización del recurso hídrico, es ilegal”, subraya.
Esta actividad destruye el bosque adyacente a los lechos de los ríos, como ocurre en Zamora Chinchipe, en la Amazonia sur del Ecuador, donde hay extensas áreas devastadas en el cauce del río que da nombre a esa provincia minera del sur del Ecuador.
Un daño irreparable
Según un reporte de EcoCiencia, ONG que investiga el impacto de la minería ilegal, hasta 2024 esta actividad había destruido por lo menos 1.400 hectáreas tan solo en la provincia de Napo. Eso equivale a casi cuatro veces el Centro Histórico de Quito. Este es el tamaño de la destrucción, solo que no es concentrado, sino que se presenta en áreas sinuosas de 20 metros de ancho que discurren junto a los ríos amazónicos.
El impacto, no obstante, podría ser mayor, porque miembros del colectivo Napo Ama la Vida afirman que se han registrado 275 excavadoras que operan en 65 frentes mineros, únicamente en Napo, según reportes de las comunidades y el uso de drones.
Para tener una visión inicial del daño ambiental de las excavadoras en la minería ilegal, hay que revisar el informe elaborado por la Asamblea Nacional del Ecuador en el sector de Yutzupino en Napo. En el documento muestran la “Ecuación del Oro, Napo”, realizada por el Ministerio de Gobierno del Ecuador en 2022. Allí establecen que para cada gramo de oro se necesita el trabajo de cuatro personas, una excavadora, procesar seis toneladas de tierra, 1.060 litros de agua y cinco gramos de mercurio.
Además del costo de la operación, están los daños al bosque conservado. Por ejemplo, un letrero del Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente recuerda que, en la zona de Huambuno, a 15 minutos de puerto El Ahuano, la comunidad Kichwa Río Blanco Napo-Orellana recibe un pago anual por conservar la selva o lo que queda de ella. El rótulo cita al Ministerio de Ambiente del Ecuador y al Banco Alemán de Desarrollo (KfW). Además, indica que es un “Área bajo conservación perteneciente a: Comunidad Kichwa Río Blanco Napo-Orellana”.
Justo frente a ese anuncio de la “conservación” de Socio Bosque están dos excavadoras estacionadas a un costado de la vía. El chofer que acompaña en esta investigación afirma que “seguramente” están por recibir mantenimiento y que hay mecánicos que se desplazan en camionetas grandes y llevan en el cajón los repuestos más utilizados. “Pagan lo que les pidan los mecánicos. Lo que les interesa es que la operación no se detenga”, dice.
Según los colectivos y otras fuentes consultadas, hay autoridades cómplices de los mineros ilegales. “De otra forma no se entiende que las excavadoras operen a simple vista, junto a la carretera. Vaya a la zona de Huambuno y encontrará decenas de excavadoras trabajando y nadie les dice nada. Todos sabemos que es minería ilegal”, afirma el propietario de un comercio.
Por su parte, Diana Salazar, fiscal general del Ecuador, confirmó en la Asamblea Nacional, en febrero de 2022, sobre el control a la minería ilegal, que “el sistema está permeado, que los actores, que los funcionarios públicos encargados de las actividades de control forman parte de estas estructuras criminales”.
Sería falso decir que las autoridades no han actuado para detener esta empresa ilegal. Rueda cuenta que, fruto de su fiscalización impulsada en la Asamblea sobre la minería ilegal, se lograron cambios mínimos que evidencian la participación de algunas autoridades. Al menos se removió a algunas personas que estaban al frente del Ministerio del Ambiente, en Napo. Con toda la presión que se ha realizado, “se le ha declarado como una amenaza para la seguridad del Estado”, comparte.
En un operativo llevado a cabo en 2022 que se llamó Manatí y que se promocionó como uno de los golpes más duros contra la minería ilegal, decomisaron 148 excavadoras. Rueda recalca que de esas excavadoras detenidas solo lograron liberar cuatro. Las restantes 144 tenían adulterados o borrados los números de identificación del motor y del chasis. Desde febrero de ese año se oxidan en los patios del Centro Agrícola de Tena, a la entrada de la ciudad.
Uno de los activistas de Napo Ama la Vida cuenta por qué las excavadoras siguen oxidándose. Al inicio, las casas comerciales pidieron que devolvieran las máquinas que fueron incautadas aduciendo que fueron rentadas, pero la Fiscalía exigió los contratos de arrendamiento. Entonces llegaron a un acuerdo: le darían una nueva excavadora a los mineros y ellos tendrían que pagar por las dos, la incautada y la nueva.
El cese a la extracción minera ilegal en esa zona duró poco. Integrantes de Napo Ama la Vida señalan que la “paz” duró menos de un mes. Cuentan que a los 25 días empezaron a llegar plataformas (camiones o tráileres tipo cama baja) con decenas de excavadoras.
Un recorrido por la cuna de la minería ilegal
En la visita al sitio de donde se incautaron las máquinas en 2022, a cinco minutos al sur de Tena, en El Mirador, junto a la carretera, se aprecia el sector del Yutzupino aún con maquinaria trabajando: excavadoras y clasificadoras tipo zeta. De ahí provienen las 144 excavadoras que se oxidan al ingreso de la ciudad.
De El Mirador del Yutzupino se avanza una hora y media hacia el pueblo de Ahuano, uno de los puntos turísticos de la provincia de Napo. Allí, para cruzar, se debe utilizar una gabarra pequeña, con capacidad para unas cuatro camionetas o dos camiones. El cruce cuesta cinco dólares y se demora unos diez minutos.
Los habitantes de El Ahuano explican que en el puerto de embarque de la gabarra se instala un campanero, que es como le llaman a la persona que vigila y alerta de cualquier movimiento inusual a los mineros ilegales. “Los campaneros cobran 20 dólares por la vigilancia a cada frente minero”, relata uno de los activistas. En la zona del Río Huambuno, a 15 minutos en camionera de El Ahuano, hay por lo menos cuatro frentes mineros. Es decir, recibe 100 dólares al día por mantener informados a los mineros.
A cinco minutos de El Ahuano, se encuentran las primeras excavadoras marca coreana Doosan, las cuales laceran el lecho del río y no lucen la matrícula del MTOP. Más adelante, otra máquina se dedica a retirar los árboles del bosque con la pala mecánica. La destreza de los operadores de las maquinarias es notoria: en solo cuatro movimientos tumban lo que parece un árbol de chuncho, su corteza rojiza da una pista. Junto a las excavadoras, a unos 50 metros de distancia, una moto con dos personas recorre una trocha entre dos frentes mineros. El pasajero lleva una escopeta o carabina, suficiente intimidación para limitar el tiempo de la parada.
El recorrido por la zona del río Huambuno sigue y en total se contabilizan 42 excavadoras que trabajan en 21 lugares junto a la carretera. Ocho excavadoras más se encuentran estacionadas junto a viviendas. En ninguna se aprecia la placa, la serie de letras y números que deben portar obligatoriamente luego de ser matriculadas en el MTOP.
Pero la cifra de maquinarias trabajando puede ser más grande, ya que se observan más mangueras que llevan agua para que clasificadoras en forma de Z separen el material con oro de la tierra simple. Se les llama zetas. Son equipos de separación y funcionan como colador. En la parte superior, las excavadoras depositan la tierra para que, con la fuerza del agua impulsada por la bomba, el material con oro (que suele ser más pesado) caiga al nivel inferior de las zetas y se escurra la tierra liviana sin valor comercial.
La escena se repite en 21 lugares del río Huambuno: dos excavadoras hurgan la tierra y depositan el material en las zetas sin pausa. Una persona se encarga de mantener permanentemente el flujo de agua en la parte alta de las zetas. Para bombear el líquido utilizan bombas impulsadas por diésel, las cuales absorben el agua de los ríos o esteros y la impulsan sobre estos coladores metálicos.
Esta acción se realiza durante 24 horas, en turnos de 12 horas. En cada turno intervienen, en promedio, seis personas por cada excavadora; es decir, son 12 personas las 24 horas. Los jornaleros reciben 30 dólares al día. Ellos son los encargados de mantener funcionando las bombas y que el agua llegue sin interrupciones hasta las zetas. A los operadores de las excavadoras les pagan 60 dólares.
Compras a crédito, en efectivo o en oro
¿Cómo puede haber tantas excavadoras trabajando en Napo? Una pista está en las facilidades de compra y que, para los mineros ilegales, el costo de esa herramienta es marginal, si se consideran los beneficios económicos. Según los testimonios recopilados, tanto en Tena como en Yantzaza (Zamora Chinchipe, en la Amazonia Sur), los mineros ilegales acuden a un concesionario de maquinaria pesada y la adquieren a plazos solo con demostrar que son mineros. Con 50.000 dólares de abono se llevan la excavadora y la pagan en menos de un mes; aunque se registran ventas a crédito por el 100% del valor de la maquinaria, el aval es ya haber minado u operado un frente minero. En Napo, incluso, las excavadoras se pagan en oro, con las conocidas chocolatinas que son piezas de oro fundido con la forma de un chocolate. “Con lo que produce en una semana en oro, pagan la excavadora”, recalca José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida.
En Yantzaza, que es otro centro minero en la Amazonia Sur en Zamora Chinchipe, hay cinco concesionarios de maquinaria pesada. Las empresas más grandes de Quito, Guayaquil y Cuenca les venden sus excavadoras y les dan mantenimiento en sus talleres. Se obtuvieron testimonios sobre cómo se compran de contado, con mochilas llenas de billetes. “Como empleados de la concesionaria tenemos que ver cómo justificamos esas ventas en efectivo. Son pagos de 50.000 o de 80.000 dólares en billetes”, relata uno de los entrevistados que solicitó la reserva de su nombre.
Sobre la compra en efectivo de las excavadoras, preguntamos por escrito a las principales empresas importadoras de maquinaria pesada del Ecuador. No hubo respuesta, Periodismo de Investigación evidenció que por lo menos tres de estas empresas son contratistas del Estado en proyectos de construcción. Lo único disponible es el detalle de la importación de esta maquinaria y la cantidad que está matriculada en el MTOP. Fernando Enrique Amador Arosemena, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del MTOP, tampoco proporcionó el detalle de las excavadoras matriculadas en esa dependencia por año.
Es evidente que se ignoran las regulaciones para las excavadoras. “Solo matriculan cuando quieren vender la maquinaria. Allí se producen problemas porque se generan multas por cada año que no se ha matriculado”, indica una fuente del MTOP que pidió la reserva de su nombre.
A pesar de que se realizaron pedidos oficiales, el MTOP se limitó a entregar cifras totales de la maquinaria matriculada entre 2010 y 2024. Según los datos proporcionados, en el Ecuador hay 673 excavadoras matriculadas por entidades públicas y 7.178 por particulares. De las máquinas importadas no podemos conocer cuáles están matriculadas y cuáles no, aunque se trata de información pública.
Contrastamos los registros proporcionados con el funcionario del MTOP y aceptó comparar la información en el SITOP, que es el sistema informático de ese ministerio. No logró que se generara un reporte de las excavadoras matriculadas por año. Desconocía si tenía la opción de emitir esos reportes o requería de una autorización adicional.
Otro funcionario del MTOP en la Amazonia, que habla bajo reserva de su identidad, confirma que es costumbre matricular solamente la maquinaria que se utilizará en contratos con el Estado; en general, se trata de empresas constructoras. Es decir, ratifica el incumplimiento de la normativa. Explica que durante los 15 años que lleva en el MTOP no han realizado controles. Solo una vez retuvieron una volqueta, pero tuvieron la presión de la Gobernación para liberarle porque era el único sustento de una familia.
Amador refutó por escrito la afirmación sobre la matriculación exclusiva para maquinaria utilizada en contratos con el Estado: “esta es incorrecta. Es importante aclarar que todos los propietarios de maquinaria tienen la obligación de matricular sus equipos, independientemente del uso que les den. De igual forma, deben cumplir con la colocación de la identificación correspondiente en su maquinaria”.
Solicitamos por dos ocasiones la versión de las principales empresas comercializadoras de maquinaria pesada en el Ecuador. Los nombres de algunas de ellas lucen pintados en las excavadoras. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta.
Uno de los activistas menciona que además de las excavadoras que ingresan legalmente existe un número no determinado de maquinaria robada que ingresa desde Colombia y Perú. Como sustento a su afirmación señala que entre las excavadoras decomisadas en Yutzupino hubo algunas que tenían los números de identificación borrados o adulterados. Afirma que varias de esas excavadoras llegaron robadas desde la frontera y otras corresponden a maquinaria adquirida por los municipios, que en lugar de abrir carreteras o construir alguna obra, se utilizan en la minería ilegal.
Para prevenir algún tipo de sanción, señalan los activistas, los mineros entregan a los municipios maquinaria obsoleta a la cual transfieren los números de identificación de las excavadoras nuevas. De esta forma, cuando la Contraloría General del Estado realiza una verificación, constata que la maquinaria supuestamente está en poder de los municipios.
En febrero de 2022, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó por lo menos un caso de maquinaria municipal utilizada en la minería ilegal. Eso fue en la Sesión No. 057 de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional del Ecuador. En esa ocasión enfatizó que encontraron una excavadora con sellos y códigos del Municipio de Yantzaza entre la maquinaria decomisada en Yutzupino.
Salazar fue más allá y preguntó en su comparecencia en la Asamblea: “¿Por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones, no están prestando las facilidades que corresponden y únicamente están beneficiando al crimen?”.
Por su parte, el entonces alcalde de Yantzaza, Martín Jiménez, desmintió la afirmación de la fiscal general. En declaraciones a medios indicó que las cinco excavadoras de su cantón no han salido de su jurisdicción. Tampoco se dispone de más información de la Fiscalía.
César Ipenza Peralta, abogado ambientalista de Perú, resalta que todas las excavadoras decomisadas en la Amazonía norte del Perú, son de procedencia ecuatoriana. “Las zonas mineras peruanas, como en el Cenepa, solo son accesibles desde Ecuador. Los mineros ilegales con la protección de los Grupos de Delincuencia Organizada llevan la maquinaria desde Zamora. Hasta han construido vías para movilizar la maquinaria y los insumos. Hay zonas donde se han asentado facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.
Rueda también apunta que la maquinaria pesada ingresa por la frontera norte. “Sucumbíos es una de las provincias más violentas del país. ¿Y por qué? Porque a través de la provincia de Sucumbíos también se permite el ingreso no solamente de maquinaria (pesada), sino inclusive hasta de productos agrícolas que hacen problema a nuestros productores. ¿Y quién controla eso si no pueden controlar ni la maquinaria pesada que tiene esta esta facilidad?”.
¿Por qué no monitorear la maquinaria?
Una solución, según un funcionario de una ONG que no quiere ser vinculado con esta investigación, para conocer dónde “trabajan” las excavadoras sería instalar un sistema de posicionamiento global (GPS) en cada máquina que se importa al Ecuador. Cada excavadora nueva se compra por entre 80 y 200 mil dólares, según la potencia y la marca. Las usadas cuestan entre 45 mil y 100 mil. Considerando esos valores, la instalación obligatoria de un GPS en las excavadoras que ingresan al Ecuador no representaría una inversión mayor para los importadores, ya que este sistema puede costar entre 500 y mil dólares considerando el dispositivo y el pago por el servicio.
Alexandra Vela, exministra de Gobierno, indica que en su gestión se consideraron varias alternativas para controlar las excavadoras, entre ellas los GPS colocados en la casa que importa la maquinaria. “Para que el momento que sale de la casa vendedora tenga el equipo incorporado. Ahora, sólo el GPS, tampoco te lleva a tener el control. Debe ir con un plan y su ejecución para el control centralizado de la ubicación y desplazamiento de cada retro, en un centro como el del ECU 911. Un registro de la actividad autorizada y a qué persona”.
Ese requisito debería ser incluido en el Reglamento de Maquinaria del MTOP, según el mismo funcionario de la ONG. Pero esa es otra complicación, ya que Amador indica que hasta el momento no se han registrado cambios ni actualizaciones al Acuerdo Ministerial N.º 079 del 21 de octubre de 2011. “El reglamento continúa siendo el marco normativo vigente”, insiste.
Varios de los entrevistados coinciden en que para controlar la minería ilegal sí es opción instalar sistemas GPS en todas las excavadoras, con el fin de rastrear su ubicación y uso junto con un plan de control centralizado y enlazado al ECU 911, que registre la actividad autorizada de cada máquina. Sin embargo, para implementar esta medida hace falta una decisión de las autoridades, que no llega desde el 2022, cuando se planteó esta medida por primera vez. Mientras esto no ocurra, las excavadoras seguirán operando al margen de la ley.
CRÉDITOS:
La Fuente – Periodismo de investigación; Redacción Sonora; Plan V; La Barra Espaciadora y Bitácora Ambiental.
Acompañamiento editorial: Equipo Connectas.
