VERDADERO
La cuenta de Instagram Integración Ciudadana compartió el 3 de noviembre una publicación en la que señalaba que el expresidente Rafael Correa proponía adelantar elecciones por la crisis en Ecuador. Después de realizar la verificación, se comprobó que el contenido es verdadero.
Ecuador enfrenta una grave crisis de inseguridad. Entre el 1° y el 3 de noviembre, 26 atentados y ataques se registraron en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. Producto de las escalada de violencia, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las tres provincias afectadas.
Diversos actores políticos se han pronunciado respecto de la situación del país y del accionar del gobierno. El 1° de noviembre, el Partido Social Cristiano citó en su cuenta de Twitter al presidente salvadoreño Nayib Bukele para expresar su opinión ante la declaración del estado de excepción. Ese mismo día, Bukele había señalado que “el Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”, señaló Bukele en su cuenta de Twitter.
El 2 de noviembre, el expresidente Rafael Correa respondió el tweet del PSC: “Vamos entonces de las palabras a las acciones: con 92 votos en la Asamblea -que los socialcristianos anteriormente negaron- se pueden anticipar elecciones y buscar una salida democrática a esta pesadilla”, dijo, refiriéndose a la llamada muerte cruzada.
Según el artículo 130 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede destituir al presidente por dos causales: por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente (en este caso se precisa el aval de la Corte Constitucional) y por “grave crisis política y conmoción interna”. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), para proceder a la destitución en el segundo caso se necesitaría el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En este periodo, la Asamblea está compuesta por 137 legisladores, lo cual implicaría que para la destitución se necesitan 92 votos.
La ley establece que, de alcanzarse los votos para la destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas, las cuales deberían realizarse en un plazo máximo de 90 días después de haberse realizado la convocatoria.
La Bancada Legislativa de la Unión por la Esperanza (UNES) emitió un comunicado en el que exigió acciones para frenar la ola de inseguridad del país. Además, manifestó que si el gobierno no tenía una estrategia para solucionar la crisis, Guillermo Lasso debía asumir su responsabilidad e “irse a la casa”.
Ante el pedido de elecciones anticipadas y la respuesta del expresidente, el PSC señaló que solo se pronunciarán ante la destitución cuando exista un pedido formal ante la Asamblea.
Durante el paro nacional de junio 2022, la bancada de UNES inició el proceso de destitución de Guillermo Lasso por la segunda causal del artículo 130. Sin embargo, en la tercera votación, el pedido obtuvo solo 80 votos favorables. Estos votos provinieron de UNES, casi la totalidad de Pachakutik y una facción “rebelde” de la Izquierda Democrática (ID). La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), el PSC y otra parte de la ID votaron en contra de la destitución.
La ley establece que la función de la muerte cruzada solo podrá “ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo.”
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