Por Alexis Serrano Carmona

Hablaba Elizabeth Durazno, a través de Zoom, desde Molleturo. Usaba una chompa color salmón y una bufanda blanca. Hablaba la defensora del agua y la naturaleza de Cuenca. Sobre ella, el techo de bloque visto y vigas de madera. Hablaba la presidenta de la Organización de Mujeres en Resistencia, que luchan contra el proyecto minero Río Blanco. A sus espaldas, por un momento, pasó un niño sin darse cuenta de la cámara. Hablaba la activista cuyo tío, también activista, fue asesinado en marzo de este año. Elizabeth Durazno dijo:

—Queremos que ya no nos persigan. Que nos escuchen y que, por una vez en la vida, nos respeten nuestros derechos.

Lo dijo durante la presentación del informe que hizo público este martes la Alianza por los Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos en el país. Un documento que recoge 22 casos de persecución o criminalización, que implican a al menos 449 personas, en los últimos 10 años. Casos que van desde intimidación y amenazas, hasta la muerte, pasando por el presunto uso de la justicia para criminalizar.

Además, la mayoría de casos se registran en zonas alejadas, donde hay también discriminación en cuanto al acceso a otros derechos fundamentales, como salud, educación y vivienda.

—Durante años, hemos venido luchando, alzando nuestras voces para que nos escuchen las autoridades —dijo Durazno—. El Gobierno de Rafael Correa, el Gobierno de Lenín Moreno, siempre nos han mandado a criminalizarnos, a hostigarnos. Hay una cantidad de compañeros procesados judicialmente, pedimos que ya no haya esa criminalización por ser defensores.

La Alianza reúne a varias organizaciones de Derechos Humanos, ecologistas y abogados, que apoyan esta lucha. Según los resultados de este informe, que fue recibido por delegados del Gobierno, encabezados por la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, los casos de persecución están regados por todo el país, pero la lista la encabeza Cotopaxi, con 123 de los 499 activistas denunciantes.

Las causas de las vulneraciones

De los 22 casos analizados por esta plataforma, 18 tienen que ver con actividades extractivas. “Una de las causas principales de estos conflictos es el incumplimiento de los estándares de garantía del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así también del derecho a la consulta ambiental por parte del Estado, en complicidad con las empresas”, cita el informe.

—Mientras el extractivismo avanza, la vida de los defensores está en riesgo —agregó Lina María Espinosa, abogada y activista que es parte de esta red.

El documento concluye, además, que el Estado no garantiza un entorno seguro para que los defensores de derechos ejerzan su labor. “Es más, por las múltiples denuncias de intimidación, amenazas, hostigamiento, judicialización, persecución e incluso asesinato, detalladas en el reporte, podemos concluir que ejercer la labor de defensa de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza es un riesgo”.

Como ejemplos de estas denuncias, la Alianza presentó también los testimonios de Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar Arutam; Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana; y Gabriela Fraga, habitante de la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.

—No somos terroristas, somos ecuatorianos pero no podemos caminar con tranquilidad —dijo Josefina Tunki—. Estamos amenazados. Ningún ecuatoriano debe ser perseguido por extranjeros y nosotros estamos siendo perseguidos por estas empresas. Ese es nuestro temor.

Lo que el Estado debe

En su informe, esta coalición concluye que es urgente que el Estado implemente el Acuerdo de Escazú que fue implementado este año a nivel regional para proteger a los defensores de derechos. “Este instrumento obliga a que el país se comprometa a atender la situación de riesgo y vulnerabilidad que afrontan las personas defensoras en contextos donde entran en disputa los bienes comunes y de los derechos de la naturaleza”.

Agrega que debe existir un reconocimiento de la labor de los defensores en la sociedad, sistemas para su protección y los recursos económicos para su funcionamiento. Todo esto debe reflejarse en la garantía de su integridad, su libertad de expresión, de participación política y de protesta social.

La respuesta, a nombre del flamante Gobierno, llegó en el mismo acto de presentación de informe, de parte de la secretaria Bernarda Ordóñez.

—Mi compromiso profundo es cambiar lo que haya que cambiar. En el Gobierno del encuentro nos tomamos los derechos muy en serio. Cuenten con nosotros para trabajar en agendas comunes; sigan alzando su voz, créanme que les estamos escuchando —les dijo, luego de recordarles que ella también viene de la sociedad civil, aunque ahora esté al otro “lado de la mesa”.

Gabriela Fraga habló en representación de la comunidad de Buenos Aires.

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