Más de 750 hectáreas han sido devastadas por la minería ilegal en las cercanías de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en la frontera norte de la Amazonía ecuatoriana. En la zona operarían los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos se detectaron en Sucumbíos, una de las provincias más pobres de Ecuador, donde cerca de ocho de cada diez personas viven con menos de tres dólares al día. Esto da pie a conflictos territoriales: mientras las comunidades a’i cofán protegen su reserva, otros grupos indígenas y mestizos quieren explotar los recursos naturales.
Redacción Mongabay Latam
La minería irregular carcome los ríos y los bosques de los alrededores de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Entre 2020 y 2024, la actividad provocó la deforestación de 754 hectáreas –unas 1000 canchas de fútbol profesional–, según el reporte #227 de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP). Grupos armados impulsarían la minería ilegal y cobrarían porcentajes de la venta de oro a los mineros ilegales.
“Esta minería es 100 % ilegal”, asegura un líder indígena que prefiere no revelar su identidad por seguridad. Los especialistas de MAAP y la Fundación Ecociencia identificaron que la mayoría de la minería es ilegal, ya que se realiza por fuera de las áreas de concesión o porque no cuentan con las autorizaciones correspondientes.
En la zona existen concesiones mineras, pero la fase de explotación no habría sido aprobada. Mongabay Latam consultó sobre esto al Ministerio de Energía y Minas y a la Agencia de Regulación y Control Minero, pero no recibió respuesta.
Las actividades se desarrollan en la zona de amortiguamiento de la Reserva y en el Bosque Protector El Bermejo, pero se concentran en el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales. Estas áreas de conservación se sobreponen y colindan con territorios indígenas de las etnias shuar, kichwa y a’i cofán. Según el reporte de MAAP, el 68 % de la deforestación por minería en el área de estudio está dentro de estos territorios indígenas.
En esta zona fronteriza con Colombia operan los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A ellos se atribuyó la muerte de 11 militares ecuatorianos en los frentes de minería ilegal de Punino, a mediados de mayo de 2025. “Hay una cercanía fuerte, las realidades que viven estos dos sectores son bastante similares”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia y MAAP.
También estarían presentes otras disidencias. El 4 de junio de 2025, una patrulla militar de una treintena de hombres se encontró con una columna armada de unas 200 personas, que fue identificada como parte del Frente Carolina Ramírez. Se evitó el enfrentamiento mediante un diálogo, pero según el Ejército Ecuatoriano, en la operación detuvieron a un integrante de la agrupación ilegal. El suceso se dio en La Barquilla, una localidad al suroeste de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo (RECB).
La minería creció gradualmente
El análisis de MAAP recoge que la minería ilegal pasó de ocupar 37.37 hectáreas en 2020 a 754.06 hectáreas en 2024. “El boom fue en 2021, con un aumento de 163.02 hectáreas. Toda la expansión de la minería se desarrolló alrededor de las zonas impactadas en ese año”, explica el especialista de MAAP y Ecociencia.
Mongabay Latam accedió a un informe técnico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) que señala que el conflicto socioambiental se originó por la escasa presencia del Gobierno en la zona fronteriza. Aunque de Sucumbíos salió el primer barril de petróleo en 1967 y desde ahí la explotación petrolera solo se ha extendido, esta es una de las provincias más pobres del país. Unas ocho de cada diez personas viven con tres dólares al día, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
La minería ilegal creció aceleradamente en las comunidades shuar de Etsa, Taruka, Yamaram Nancais, San Antonio y Sharup, y en el recinto mestizo Bermejo, indica el documento del Maate. Miembros de la etnia shuar participarían de la extracción ilícita de oro. “Ya todos sus ríos, todas sus quebradas, incluso la minería en su territorio se están acabando”, asevera el líder indígena consultado. Otro morador de la zona cuenta que en Cascales, el centro poblado más cercano a los frentes mineros, ahora habitan ciudadanos colombianos que “se dedican a estas actividades”.
Los habitantes mestizos de la localidad no se quedan fuera de la extracción ilegal de oro, que está “dinamizando” la economía local. En Cascales, ahora se ven autos de alta gama, algo que en 2019 no se hubiera imaginado. Además, en algunas viviendas estacionan hasta siete excavadoras, maquinarias que pueden costar entre los 20 000 y 150 000 dólares.
Casi la totalidad de la minería está dentro del Área de Conservación y Uso Sostenible Cascales (ACUS), que tiene el objetivo de conservar la biodiversidad mientras se permite el desarrollo de actividades sostenibles. También se admite la minería realizada dentro de los parámetros legales establecidos. El morador del sector cree que el municipio de Cascales, al ser pequeño, no tiene la capacidad para controlar la minería ilegal.
La extracción irregular de oro se ha acercado a la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, que fue una de las áreas protegidas mejor conservadas de Sucumbíos por encontrarse lejos de las presiones urbanas o petroleras. En un reporte anterior, MAAP documentó que entre 2020 y 2024, 337 hectáreas de la zona de amortiguamiento fueron afectadas por la actividad ilícita. Además, una hectárea ya estaba dentro del límite de la Reserva.
Hace falta control y recursos
Desde los satélites, las áreas minadas lucen devastadas. No hay patrones claros para la extracción del oro de los lechos de los ríos y las áreas circundantes. Tampoco para la creación de piscinas para separar el oro de la roca. El especialista de Ecociencia apunta que es justamente esa irregularidad la que marca la pérdida de bosque, el cambio del curso de los ríos y la generación de sedimentos que cambian el color de los cuerpos hídricos.
Aunque no hay estudios en Cascales, la minería de oro es considerada una fuente importante para la liberación de metales pesados en el ambiente, como lo indica el estudio Ecological and probabilistic human health risk assessment of heavy metal(loid)s in river sediments affected by mining activities in Ecuador. El artículo científico reveló que la población de Ponce Enríquez, uno de los mayores centros mineros del país, enfrenta graves niveles de riesgo ecológico y para la salud humana.
Recientes operativos militares han hecho retroceder a algunos frentes mineros y desde entonces, el agua de los ríos en Cascales dejó de ser anaranjada y volvió a ser clara, de acuerdo con el morador local. “Solo porque murieron los militares se movieron, pero minería y muertos ha habido desde hace tiempo”, asegura. Para él, la amenaza persiste.
De acuerdo con el informe técnico del Maate al que accedió Mongabay Latam, los guardaparques de la Reserva patrullan de manera permanente. En los recorridos se ha documentado la agresiva deforestación de las orillas del río Bermejo y la presencia de excavadoras, motobombas y grupos de hasta 25 personas armadas. “La falta de denuncias por miedo a represalias es alarmante, las comunidades locales y los guardaparques de la RECB viven un clima de temor”, alerta el documento.
Los grupos ilegales portan armas de diferentes calibres, pero además, cuentan con aparatos tecnológicos como teléfonos satelitales o drones. Campaneros en diferentes sectores les alertan de posibles operativos. Mientras tanto, aunque el personal de la Reserva tiene preparación técnica en su rama, de ninguna manera está preparado ni equipado para hacerle frente a esas actividades.
Por eso, el morador del sector reclama que las autoridades nacionales, que conocen de estas actividades ilegales en detalle a través de diferentes instituciones, como los grupos de inteligencia, son las responsables de detener el avance de la minería ilegal.
La reserva indígena es una barrera
La extracción ilícita habría empezado hace unos 10 años en el río Cascales. “Ese río, que era cristalino, ahorita ya no sirve ni para ir de turismo porque el agua está contaminada”, relata el líder indígena. Pronto las amenazas también se acercaron a la Reserva Ecológica Cofán Bermejo.
El área protegida nació en 2002, con el fin de proteger 55 000 hectáreas de bosque amazónico. Pero principalmente fue una estrategia rápida, en comparación con los trámites de titulación, para cuidar el territorio ancestral a’i cofán de diferentes olas de invasiones colonas. Por eso, el manejo de esta área protegida no está a cargo solamente de los guardaparques, sino también de la guardia a’i cofán.
En muchas ocasiones, los guardaparques y los indígenas hacen patrullajes y mingas en conjunto. También lo hacen por separado, brindando una protección reforzada a la Reserva. Este sería el motivo por el que, a pesar de la falta de equipos y recursos, la minería ilegal solo ha llegado hasta los bordes y no se ha internado en el área protegida.
Las comunidades a’i cofán que habitan dentro de la Reserva se están formando para fortalecer la vigilancia territorial, el monitoreo y el mantenimiento de los límites. Los abuelos enseñan a los jóvenes sobre el respeto con el que deben caminar sobre su territorio, al que consideran sagrado.
Los integrantes de la guardia recorren a pie por hasta un mes los puntos accesibles. La geografía intrincada, por estar en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, impide el acceso a ciertas zonas. Si no hay lluvia intensa, caminan unas ocho horas diarias, con mochilas cargadas de artículos personales y alimentos. A medida que avanzan, limpian los senderos con sus machetes. Al atardecer levantan el campamento, cocinan y descansan.
Aunque los mineros de la zona conocen bien los límites del área protegida, han hecho varios intentos de internarse en ella para ampliar los frentes mineros. No se han documentado enfrentamientos físicos, pero sí hay tensión entre estos grupos y los a’i cofán. Durante las patrullas, la guardia no ha encontrado solamente mineros ilegales, sino también invasiones.
Todas estas amenazas han sido enfrentadas mediante el diálogo, ya que los a’i cofán no son una guardia armada. Los indígenas explican a los mineros o invasores que el cambio del uso de suelo y la contaminación del agua en áreas protegidas son delitos ambientales penados con hasta cinco años de prisión.
Los indígenas no cuentan con todos los recursos para hacer un control integral, por lo que demandan la presencia permanente del Ejército en sus territorios. Por ahora, aunque los grupos armados y la minería ilegal se acercan cada vez más, el territorio a’i cofán está siendo protegido.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
