Los defensores ambientales enfrentan graves riesgos en América Latina mientras sus gobiernos perfeccionan políticas extractivistas bajo el pretexto de buscar “desarrollo” y “progreso”. Los Estados de la región y sus sucesivos gobernantes -sin importar sus tendencias ideológicas- han elaborado durante años distintos mecanismos políticos para violar los mismos instrumentos internacionales que suscriben. Uno de ellos es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en 2020.
La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Durante los últimos años, Ecuador se ha convertido en uno de los países con más conflictos socioambientales en el mundo y la criminalización de líderes defensores ambientales se ha incrementado a un ritmo que eleva todas las alarmas, tanto dentro como fuera del país.
Sentencias judiciales incumplidas, amenazas en contra de defensores de derechos y una creciente arremetida de políticas extractivistas han desencadenado una ola de protestas y acciones en defensa de los territorios y de las comunidades afectadas en toda la región. Llaman la atención las políticas cada vez más presentes que criminalizan y buscan usar la fuerza pública para someter a los habitantes de los territorios codiciados por la minería o la industria petrolera.
Las ideas de desarrollo y de progreso
El pasado 28 de septiembre, en el 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tuvo lugar el encuentro ‘Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en el contexto de las industrias extractivas’. Organizaciones de México, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Perú, junto a las Relatorías sobre la situación de personas defensoras, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de Naciones Unidas estuvieron representadas en la cita internacional.
En el encuentro, uno de los denominadores comunes entre los problemas que enfrenta la región fue la colusión entre autoridades gubernamentales, empresas privadas o públicas extractivistas y operadores de justicia. La connivencia entre estos actores busca despojar de sus territorios a pueblos y nacionalidades indígenas con el pretexto de que la explotación de recursos naturales sería una acción estratégica de interés nacional.
En efecto, la idea de desarrollo que se impone desde las dirigencias políticas -se llamen de izquierda o de derecha- en el continente deslegitima las luchas de los habitantes de los territorios explotados y a sus defensores. El propósito de estos pactos pretende favorecer los intereses de grandes industrias extractivas que funcionan, por lo general, como corporaciones que extienden su presencia en todo el mundo para la extracción desmedida de recursos como petróleo, oro, cobre y otros minerales, para sostener un modelo de consumo que ni siquiera con la llegada de la pandemia ha sido puesto en debate. La contaminación de cuencas hídricas y fuentes de agua de consumo humano es una de las principales y más graves consecuencias en medio de una crisis climática que ya nos advierte que el planeta está consumiendo más de lo que puede dar.
Sofía Jarrín, representante de Amazon Watch en Ecuador, destacó en ese evento los últimos datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que señalan que en 2020 hubo 604 agresiones contra defensores que trabajan en cuestiones de derechos humanos relacionadas con empresas en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de esos casos ocurrieron en América Latina.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador ha documentado en el país 22 casos emblemáticos, de los cuales 18 están relacionados con industrias extractivas y con el sector energético. Como siempre ha ocurrido, los más vulnerables son los pueblos y nacionalidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes, migrantes y las mujeres. O sea, las mismas personas que siempre han sido discriminadas y vulneradas sin que sus condiciones socioeconómicas mejoren como resultado de las actividades extractivas.
Se trata de un ejercicio del poder político-corporativo que se vale del discurso de la necesidad de progreso para violar todas las estructuras jurídicas locales, regionales y globales con desparpajo e impunidad. Se trata de desvanecer los principios del respeto por los recursos naturales, los territorios y las vidas de poblaciones rurales que no comparten la misma idea de desarrollo y que, por pensar diferente, son tratadas como criminales e incluso son sometidas a actos de hostigamiento, persecución o atentados contra su vida. En este empeño juegan un papel importante los corrompidos sistemas de justicia que discriminan y judicializan procesos de lucha colectiva sirviendo a los intereses de las industrias extractivas. En el camino, las amenazas incluyen aniquilar los derechos a la protesta social y a la organización comunitaria mediante el uso de la fuerza pública, la militarización de los territorios, la vigilancia, el amedrentamiento e incluso la compra de conciencias.
Mara Bocaletti, de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, demandó en el evento del 28 de septiembre el uso de verdaderos criterios judiciales para enfrentar la ola de demandas sin fundamento que enfrentan líderes y defensores ambientales en toda la región. De hecho, una de las estrategias que enfrentan las víctimas es la de poner a los jueces y fiscales al servicio de los intereses de gobiernos y empresas a costa de su seguridad, de su libertad o de sus vidas.
La progresiva violencia contra los cuerpos y los asesinatos de líderes defensores ambientales son el culmen de esta estrategia desplegada en la región. América Latina y el Caribe son la región más peligrosa para los defensores de los derechos ambientales. Entre el 2015 y el 2020, en esta región asesinaron a 1323 defensoras y defensores.
En Ecuador, al menos 449 defensores y defensoras han sido atacados durante los últimos 10 años. De ellos, Andrés Durazno, Freddy Taish y José Tendetza fueron asesinados. Al cierre de este reportaje, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que en el caso de Freddy Taish se ha intentado vincular a uno de los testigos clave del proceso investigativo como sospechoso de su asesinato, con el propósito -de acuerdo con la publicación- de encubrir la participación de miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el crimen.
Ecuador viola sus propias leyes y los instrumentos internacionales
Una de las prácticas naturalizadas en el ejercicio del poder político en América Latina ha sido ignorar acuerdos, convenios, tratados y leyes relacionados con la conservación de recursos naturales, el respeto a los territorios comunitarios, ancestrales, o con los derechos de pueblos y nacionalidades que habitan zonas codiciadas por las industrias extractivas.
En el 2013, el gobierno de Rafael Correa echó abajo la Iniciativa Yasuní-ITT, nacida de sus mismos funcionarios, con el argumento de que la comunidad internacional y el mercado de carbono a escala global no habían accedido a compensar al Ecuador por mantener bajo tierra unos 856 millones de barriles de petróleo en la zona de los campos petroleros Ishpingo, Tiputini y Tambococha. Esta zona está ubicada en un área que fue declarada en 1998 Zona Intangible con el fin de proteger la vida de los pueblos indígenas no contactados tagaeri y taromenane.
La decisión de Correa provocó el inicio de un proceso de deserción de las filas de su gabinete y de los grupos afines que lo llevaron al poder. Al mismo tiempo, el régimen inició una escalada extractivista en la Amazonía que incluyó rediseñar y manipular los mapas oficiales donde se sabía que habitaban esos pueblos nómadas, para instaurar o ampliar límites de bloques de exploración y extracción petrolera en sus territorios, a conveniencia. Concretamente, se empeño en hacer crecer el bloque ITT. “La zona intangible está terriblemente mal hecha”, dijo Correa en el 2013 y aseguró que para definir esa zona “no había estudios técnicos”. De paso, a los grupos ambientalistas los tachó de “muchachitos fanáticos”, persiguió, criminalizó a organizaciones como Acción Ecológica, Fundación Pachamama o Yasunidos e impuso su idea de desarrollo.
Veamos brevemente lo que se fraguó desde el Estado ya por esos años:
El bloque ITT original tenía sus límites casi 100% dentro del Parque Nacional Yasuní. La actividad de exploración en este sector empezó en 1943 a cargo de la compañía Shell y estos trabajos se hicieron hasta el 2002, cuando ya estuvo a cargo la estatal Petroecuador. En la mancha de color verde vemos que una parte de los límites del bloque, hacia el sur, están dentro de la Zona Intangible, pero esas líneas se extendieron después de que se conoció la existencia del campo Ishpingo, el que resultó ser el más rico del bloque.
El primer cambio en la extensión del bloque parecería ser operativo: como vemos en el mapa que sigue, el límite norte del bloque, representado ahora por la mancha morada, se amplió como si se quisiera que coincida con el del vecino bloque 31. Pero esta inocente ampliación facilitaría la actividad dentro del bloque, al cual se podría acceder directamente a través del río Napo, además de que permitiría también extender la infraestructura ya montada en la parte norte del bloque 31, ya en fase de explotación.
Además, en el mapa a continuación –que es uno de los que aparece en el documento con el que el Ejecutivo de entonces pidió a la Asamblea que se conceda la autorización de explotación- se puede apreciar que el límite sur del bloque se mantiene todavía inalterado.
Pero en medio hubo un nuevo catastro petrolero que estableció los límites oficiales de los bloques. Este se modificó en el 2011 durante la Décima Ronda Petrolera, para la cual se impusieron nuevas normas de conformación de los bloques, limitando su extensión a 200 mil hectáreas. Por eso, bloques como el 14, 16 y 17 redujeron su extensión y sus límites casi dejaron de estar dentro de la Zona Intangible. Pero esta decisión no afectó al bloque ITT, cuyo límite sur se oficializó ya dentro de la Zona Intangible, mientras que el norte se extendió aún más hasta colindar con la Reserva Faunística Cuyabeno. Aunque el crecimiento del bloque se produjo durante la vigencia de la Iniciativa Yasuní ITT, sus nuevos límites beneficiaron a la visión extractivista que, con el paso de los años, solo se ha profundizado.
En efecto, desde ese momento las afectaciones a la Amazonía solo se han incrementado a pesar de las contradicciones manifiestas incluso en los documentos oficiales, como mostramos más adelante, en una sucesión de mapas elaborados por el Estado que reconocen la presencia de pueblos en aislamiento voluntario precisamente en las zonas donde se habían trazado los límites donde operarían campos petroleros.
Esta información fue la base para permitir la explotación de los bloques ITT en 2013. Este es el mapa que fue incluido en el informe del Ministerio de Justicia y la ubicación oficial de los clanes de pueblos en aislamiento tagaeri y taromenane.
Este es el mapa oficial de la ronda petrolera Sur Oriente. Se puede ver en naranja los bloques que serían concesionados. Los bloques 79, 83, 84 y 87 son los que limitan con el Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible Tagaeri–Taromenane.
Este es el mapa en el que se ve la ubicación de los pueblos tagaeri–taromenane (en los óvalos de color marrón) según aquella conclusión del Ministerio de Justicia. Según estos mismos mapas oficiales, los grupos ocuparían parte de los territorios donde están los bloques 79, 83, 84 y 87.
A septiembre del 2021, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció la apertura acelerada de una carretera que se dirige al campo Ishpingo, en pleno corazón del Parque Nacional Yasuní, y que pondría en grave riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario tagaeri-taromenane.
A estos procedimientos estatales se suma la proliferación de actividades mineras ilegales que, ante la ausencia de instituciones, ha provocado -con el paso del tiempo- la diseminación de negocios asociados como la tala ilegal de madera, el tráfico de especies animales e incluso casos de desaparición de niños, sin contar con problemas sociales como el aumento de la prostitución, el alcoholismo y el consumo de drogas en poblaciones donde hace apenas tres lustros estos fenómenos no se registraban.
Círculo vicioso, resistencia virtuosa
Toda minería es ilegal. Esta fue una de las premisas que posicionaron los participantes del I Encuentro Anual Antiminero El Círculo vicioso de la minería irresponsable. El pasado martes 5 de octubre, una decena de líderes, abogados, especialistas académicos de la Flacso Ecuador y de la Universitat Rovira & Virgili y miembros de organizaciones de la sociedad civil como Acción Ecológica, Cedenma y Amazon Watch dedicaron varias horas a explicar los distintos tipos de violencia provocados por la minería, sea esta aprobada por instancias del Estado o sea ilegal.
El defensor jurídico Fred Larreátegui destacó los mecanismos de violación directa a las leyes y a los acuerdos internacionales por parte del Estado al interpretar figuras legales a su antojo y contradecirse con frecuencia en el afán de beneficiar a toda costa a las empresas mineras con el pretexto de «recuperar la economía» y «fomentar la inversión extranjera». Además, Larreátegui anotó posibles inconstitucionalidades insertas en el actual Código Ambiental por no garantizar derechos como la consulta previa, libre e informada, y resaltó el hecho de que los gobiernos hayan puesto a las instituciones del Estado al servicio de los intereses de corporaciones extranjeras privadas sin garantizar mínimamente los supuestos beneficios que sus operaciones traerían para el Estado. «Hasta la presente fecha no ha existido ni un solo proceso de consulta previa, libre e informada en pueblos que tienen este derecho colectivo, por eso es que se dice, se reitera y se recalca que toda actividad minera no cumple con los derechos constitucionales», dijo, aludiendo al Artículo 57, numeral 7 de la Constitución, y al Artículo 398, los dos relacionados con la consulta ambiental.
Pero las políticas extractivas no solo violan la Constitución. También atentan contra instrumentos internacionales y acuerdos a los que el Estado ecuatoriano se ha adherido en medio de mucha pompa, pero que en la práctica incumple. El Acuerdo de Escazú dispone, entre otras cosas, que los Estados brinden acceso a información oportuna, actualizada y detallada sobre temas ambientales a toda la sociedad civil, no obstante, la información de las entidades públicas es escasa, poco detallada y general. El Acuerdo de Escazú exige además que las y los ciudadanos gocen de acceso a la justicia de una manera célere y eficaz cuando se trata de asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente. Este acuerdo regional demanda de los gobiernos garantizar a las personas -sobre todo a quienes habitan zonas afectadas por daños ambientales- a participar activamente en las decisiones que tengan que ver con sus vidas vinculadas a su entorno natural, lo que incluye respetar si sus decisiones rechazan actividades extractivas. Pero nada de eso se cumple en Ecuador. En su lugar, los sucesivos gobiernos han preferido imponer una lógica vertical de aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito -dicen- de reparar un déficit fiscal que nunca se cierra.
En un encuentro oficialista que defendió las políticas extractivas del Estado ecuatoriano, el pasado miércoles 6 de octubre, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, dio cifras que los representantes de las organizaciones ambientalistas y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos refutaron, argumentando que ninguna de las actividades mineras que se desarrollan en el Ecuador, ni las consideradas legales, ni mucho menos las ilegales, cuenta con el respaldo de las comunidades legitimado por consultas ambientales de ningún tipo.
¿Transición ecológica?
El gobierno del presidente Guillermo Lasso presentó en junio del 2021 lo que llamó su política pública ambiental, que incluyó cambiar el nombre del ente rector de «Ministerio del Ambiente y Agua» a Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). El ministro del ramo, Gustavo Manrique, habló en el evento oficial de cumplir con el Acuerdo de Escazú y mencionó a la economía circular; condenó el uso desmedido de los recursos naturales y ofreció implementar una visión basada en el desarrollo sostenible, es decir, en «satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro», como prioridad nacional. Sin embargo, los anuncios gubernamentales y las acciones que vinieron después no lucen atados a ese discurso.
Según información remitida a este medio por el equipo de Comunicación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, solo a partir del 24 de mayo del 2021, esta entidad ha emitido a escala nacional 9 licencias ambientales para proyectos estratégicos: 7 de ellas son licencias de proyectos hidrocarburíferos en Esmeraldas, Orellana y Sucumbíos, y 2 licencias corresponden a proyectos mineros en Azuay y El Oro. Además, el MAATE emitió en ese mismo período 557 registros ambientales en todo el país. El comunicado no especifica más detalles sobre los proyectos.
Los decretos presidenciales 95 y 151, emitidos por el gobierno del presidente Guillermo Lasso apenas dos meses después de presentar su política de «transición ecológica», proponen duplicar la producción de petróleo y fortalecer la actividad minera con el pretexto de que esas actividades extractivas serían indispensables para la consecución de la reactivación económica postpandemia. No obstante, estas decisiones también han sido inconsultas. De acuerdo con Fred Larreátegui, es «un deporte nacional» el gobernar por decretos sin respetar las leyes que ya están vigentes.
Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas del gobierno de Rafael Correa, quien fuera uno de los principales ideólogos de la Iniciativa Yasuní ITT para dejar bajo tierra esos recursos, cuestiona la promesa gubernamental de que la extracción minera y petrolera vaya a solucionar los problemas de la población. Acosta refuta la cifra de empleos (34 000 puestos de trabajo) que, de acuerdo con la versión oficial, generaría la actividad minera, aclarando que eso tan solo representaría el 0,4% de la Población Económicamente Activa (PEA). «La llegada de las empresas mineras podría generar algo de empleo para muy pocas personas de la zona, porque el resto va a venir de fuera de la zona: expertos, técnicos, y una gran mayoría inclusive de fuera del país, así que en ese escenario no hay que hacerse muchas ilusiones porque, adicionalmente, el tejido social va a quedar tremendamente afectado por las otras violencias de la minería: la violencia del alcoholismo, la violencia de la prostitución, la violencia del patriarcado…».
Sobre la industria hidrocarburífera, Acosta usa como ejemplo el hecho de que desde agosto de 1972, cuando se inició la era petrolera en Ecuador, hasta la fecha, no han cambiado las condiciones socieconómicas de las poblaciones de donde se ha sacado petróleo durante ya casi 50 años. En lugar de eso, estas son las zonas con mayores índices de pobreza en el país.
Algunos casos de defensores ambientales amenazados
La actividad hidrocarburífera, la minería legal e ilegal, los monocultivos, la tala indiscriminada y la agroindustria se han convertido en las mayores amenazas para la vida de las poblaciones rurales de Ecuador. Los pueblos y nacionalidades indígenas constituyen la población más perjudicada por el avance de los extractivismos, por las políticas estatales que ignoran su obligación de consultar a los habitantes directamente afectados y por los crecientes riesgos que enfrentan las y los defensores ambientales en este país andino-amazónico.
La Amazonía es uno de los territorios más vulnerables del país y del planeta. Al inicio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, la cascada de San Rafael, en el límite entre las provincias de Sucumbíos y Napo, desapareció como resultado de un proceso de erosión regresiva que hasta la fecha de esta publicación no se detiene. El evento provocó, en abril del 2020, la rotura de los dos oleoductos ecuatorianos: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), contaminando las aguas del río Coca y luego las del Napo y sus afluentes. Más de 100 comunidades amazónicas sufren hasta hoy las consecuencias de estos derrames mientras la erosión regresiva avanza y amenaza con destruir la central hidroeléctrica más grande del país, una infraestructura que, además, sufre graves fallas de construcción y es objeto de investigaciones y auditorías por posibles irregularidades en los procesos de contratación.
El derrame del 7 de abril
Lina María Espinosa es una de las defensoras ambientales más visibles en Ecuador. Su lucha jurídica por defender a las víctimas del derrame petrolero del 7 de abril del 2020 le ha llevado a enfrentar riesgos de todo tipo: desde el bloqueo de acceso a la justicia por parte de los mismos operarios de justicia obligados a brindarla, hasta amenazas directas contra su integridad física.
Un año después de que se produjera ese fatal derrame de crudo, al pie del edificio de la Fiscalía de la provincia de Orellana, Espinosa acudió a un llamado del juez multicompetente Jaime Rodrigo Oña Mayorga, quien luego de negar el 1° de septiembre del 2020 una demanda de acción de protección interpuesta por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, denunció a los accionantes que habían reclamado la protección de los cientos de habitantes amazónicos afectados por el derrame, acusándoles del presunto delito de instigación.
“Producto de esa indagación penal, varios de los accionantes, abogados y abogadas estamos llamados a esta Fiscalía a rendir versión -nos dijo esa tarde la defensora-; el día de hoy vinimos porque nos parecía importante que ese fiscal use su tiempo en esclarecer que el delito contra la vida, contra el ambiente y contra la naturaleza tiene condenadas a estas 27 000 personas a la falta de derechos, pero el fiscal no estaba, ni para atendernos a nosotros ni para atender a esas personas”.
Xavier Solís, un abogado cuencano radicado en la ciudad amazónica de Francisco de Orellana (Coca), es otro de los defensores que enfrentan amenazas y hostigamiento constantes. Su defensa de los derechos de la comuna kichwa El Edén, en la provincia de Orellana, le ha significado enfrentar una demanda de parte de la prinicipal empresa estatal petrolera del país, Petroecuador, por el presunto delito de paralización de un servicio público.
Luego de varias semanas de resistencia, la comuna El Edén logró que la empresa Petroecuador firmara un nuevo convenio para poder operar sobre su territorio a cambio de compensaciones que debía entregar desde hace veinte años y que no había cumplido. Con la firma de ese convenio, los representantes de la estatal se comprometieron a retirar esa demanda intimidatoria en contra de Solís y del presidente de la comuna, Wilson Quindigua, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron. Es más, el 15 de septiembre del 2021, el caso de Solís y Quindigua fue remitido a la Fiscalía de Pastaza sin que medie siquiera una notificación a los directamente involucrados. “El 27 de septiembre fui a revisar mi proceso en la Fiscalía de Orellana y me encuentro con la sorpresa de que han remitido el caso a la Fiscalía de Pastaza. Eso está a 6 horas de Coca. Dicen que lo han hecho porque allá está la fiscalía indígena”, reclamó el abogado.
Solís también fue parte del encuentro ‘Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en el contexto de las industrias extractivas’, que tuvo lugar en el 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 28 de marzo. Ahí, ante ese foro global, expuso su caso y denunció la persecución de la que es víctima pues, aseguró, el hecho de que no le hayan notificado el traslado de su caso a otra provincia lo deja en estado de indefensión. Además, Solís aclaró que los documentos fiscales arguyen que el traslado se hizo como consecuencia de un pedido de la Defensoría del Pueblo de que el caso sea tratado por una instancia intercultural, aunque Quindigua, el líder indígena kichwa de la comunidad, ni siquiera ha sido nombrado en el nuevo documento y mucho menos notificado oficialmente. “Si es que no existen garantías mínimas de actuación fiscal da igual, si el afán es la criminalización, lo van a hacer, tampoco hay una garantía en la fiscalía intercultural. Es contradictorio que en lugares como Orellana no existan fiscales indígenas. Es bastante violatorio a los derechos este proceso (…); esto muestra cuál va a ser la política del Gobierno en adelante en cuanto a las prácticas de criminalización”, advirtió Solís.
La Nación Siekopai, los awá y los afroecuatorianos
La Nación Siekopai, un pueblo conformado por alrededor de 800 personas que habitan la Amazonía norte de Ecuador, enfrenta invasiones de su territorio ancestral auspiciadas por un sistema de justicia poco célere y en ocasiones cómplice de los grupos de colonos invasores. Sus principales líderes reclaman que la nacionalidad haya sido víctima de desplazamientos históricamente, y que sus habitantes hayan sido divididos desde el conflicto limítrofe de 1941 con Perú. Advierten que su lengua, sus costumbres, sus tradiciones y su pueblo en sí corren serios riesgos de desaparecer en poco tiempo.
Durante los últimos años, el pueblo Siekopai también ha sido rodeado por actividades agroindustriales como el cultivo de palma aceitera. De hecho, la empresa Palmeras del Ecuador, una de las más grandes del país, opera sobre buena parte de su territorio a pesar de que los siekopai ostentan la titularidad y están amparados por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la misma Constitución de la República del Ecuador.
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En la costa norte del país, en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas, varias comunas afro e indígenas awá, épera y chachi son víctimas de la contaminación de sus fuentes hídricas por parte de la empresa palmicultora Energy & Palma.
Pero también sufren el veloz incremento de la minería ilegal que trae consigo problemas como trabajo infantil, explotación laboral de migrantes, de mujeres y de personas de la tercera edad y altos índices de inseguridad provocada por redes de narcotráfico, trata de personas, contrabando de combustible y otras actividades vinculadas con el crimen organizado. Estas poblaciones habitan una de las provincias más empobrecidas del país, carecen de servicios básicos que la empresa palmicultora sí tiene y han sido impedidos de acceder a justicia.
Uno de los casos más graves es el de la comuna de Barranquilla de San Javier. Paradójicamente, la misma empresa que contamina ha exigido a estos comuneros el pago de 320 000 dólares, en un nuevo acto de criminalización de las víctimas de la actividad de una empresa agroindustrial. Néstor Caicedo, presidente de esta comuna afro, es uno de los siete comuneros que fueron demandados por Energy & Palma ante la justicia. “Nosotros pedimos que cumplan con la labor social y ambiental que deben cumplir con las comunidades”, aclaró Caicedo, luego de mostrar su sorpresa y su impotencia frente a los actos de criminalización de los que es víctima.
Pueblo Shuar Arutam
Los decretos 95 y 151 del gobierno de Guillermo Lasso han omitido la decisión ya tomada de miles de habitantes de las poblaciones directamente afectadas por las industrias extractivas. El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), por ejemplo, ha rechazado insistentemente la iniciativa del gobierno central de explotar en su territorio, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago. Su máxima líder, Josefina Tunki, es también una de las víctimas de las amenazas de muerte que los defensores ambientales reciben con frecuencia en Ecuador. El 6 de noviembre de 2020, Federico Velásquez, vicepresidente de operaciones de la minera Solaris Resources y presidente del Proyecto Warints, llamó por teléfono a Josefina y le dijo: “Si siguen molestándome con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”.
Meses después, el 8 de septiembre de 2021, maquinaria de la minera Solaris que operaba en territorio del PSHA, fue quemada por personas encapuchadas, según testigos que habitan el lugar. No obstante, la empresa y varios promineros acusaron a las mujeres shuar de haberlo hecho. Tunki y otros dirigentes shuar están convencidos de que esas incriminaciones son nuevos intentos de criminalizarles.
Este pueblo, conformado por unos 12 000 habitantes, ha sido víctima de intentos de división provocados por las autoridades y por empresas mineras, principalmente por la canadiense Solaris Rosources desde hace años. Algunos grupos prominería que proliferan en la zona con el fin de mermar las acciones de resistencia también son agentes de hostigamiento y violencia.
En esta zona del sur de la Amazonía ecuatoriana, las mujeres son protagonistas de una lucha colectiva que cada vez es más visible fuera de Ecuador, pero que dentro de sus fronteras aparece como si se tratara de delincuentes «enemigos del progreso». La dirigencia del PSHA mantiene una postura firme en contra de la minería y Josefina Tunki ha trasladado el mensaje contundente: «No a la minería legal o ilegal».
La Merced de Buenos Aires
En el 2019, bajo el régimen del expresidente Lenín Moreno Garcés, una decisión gubernamental dispuso el desalojo de cientos de mineros ilegales en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, norte de Ecuador. Sin embargo, las órdenes gubernamentales tomadas por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, se redujeron a expulsar a los mineros -la mayoría provenientes de otras zonas de dentro y fuera de Ecuador, buena parte de ellos migrantes venezolanos y colombianos- sin implementar ningún tipo de plan a largo plazo que contemple el bienestar de los comuneros que quedaron, literalmente, a merced de un conflicto que ha generado violencia e inseguridad entre distintos actores sociales, y criminalización contra los líderes comunitarios.
Como contraparte, la empresa austaraliana Henrine, que obtuvo concesiones en la zona durante ese mismo gobierno, ha intentado ocupar el lugar de los mineros ilegales bajo el auspicio de las autoridades estatales. Su estrategia ha incluido la criminalización de siete de los líderes comunitarios, que fueron detenidos y acusados de infringir daños a bienes privados e incluso de asociación ilícita, tal como lo reportamos en esta entrega. La Policía Nacional ha protagonizado operativos represivos de resguardo al personal de la empresa minera en sus repetidos intentos de tomar posesión de un territorio que pertenece a los habitantes de esta parroquia por derecho.
Estos son solo algunos de los casos que reflejan tensión y suponen un latente conflicto social. En medio de este panorama, varias organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como regionales y globales han intensificado acciones que tienden a ejercer presión sobre los órganos de justicia y sobre las autoridades de gobierno para frenar la sistemática vulneración de derechos humanos y de la naturaleza que se extiende en todo el país, incluso bajo el ropaje de política pública.
Las políticas gubernamentales van en contra de todos los derechos colectivos y violan frontalmente la Constitución de la República del Ecuador y todos los instrumentos internacionales que velan por el respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y sus territorios, entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, entre otros.
Hablemos un poco del Acuerdo de Escazú
Texto e investigación: Diego Cazar Baquero. Dirección audiovisual: Jonathan Venegas. Guion de videos: Diego Cazar Baquero. Voz en off: Dagmar Flores. Diseño, edición y realización audiovisual: Jonathan Venegas y Daniel Cazar Baquero.
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