El confinamiento por la pandemia disparó la demanda de entregas a domicilio en buena parte del mundo. En Ecuador, las aplicaciones incrementaron el registro de repartidores y entre estos trabajadores hay quienes se asocian para laborar de manera independiente. Sin embargo, ninguna empresa empleadora ofrece seguridad social, seguro de accidentes o vacaciones. El Ministerio de Trabajo no cuenta con planes ni programas ni políticas para combatir y evitar la precarización del sector.
Por Ana María Carvajal / @anymini
Aquello que era inimaginable sucedió: el mundo apagó sus luces y cerró sus puertas de repente desde marzo del 2020 para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Pero, aunque todo parecía completamente paralizado, hubo quienes sí salieron a trabajar. Para que quienes nos quedamos encerrados pudiéramos protegernos puertas adentro con todo lo necesario, atados a un computador para estudiar, trabajar o entretenernos sin exponernos al virus, miles de seres humanos iban y venían repartiendo lo que pidiéramos desde nuestros teléfonos celulares.
Durante el tiempo que ha transcurrido desde que se desató la pandemia, el desempleo se disparó. Solo en Ecuador, el confinamiento causó una baja en el PIB del 12,5% en el segundo trimestre del 2020, y entre junio del 2019 y junio del 2020 la tasa de empleo bruto cayó en 11,1%. Es decir, llegó al 52,8%. Estos datos fueron recogidos en un artículo de Ana Esteves, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y que fue publicado en octubre del 2020.
¿A dónde fueron quienes perdieron su fuente de ingresos debido a la crisis? Una buena parte se volcó hacia los servicios de entrega a domicilio y al transporte de personas. Un estudio realizado por Grupo Faro concluyó que tanto apps de delivery como de movilidad multiplicaron a sus socios repartidores y conductores durante el último año y medio. Según reporta su encuesta realizada en septiembre del 2020 y enfocada en Quito, el 42% de los consultados comenzó a trabajar con plataformas como Uber, UberEats, Glovo (que luego se convirtió en PedidosYa), Rappi, Cabify, InDriver, etc. a raíz de la pandemia.
En principio, estas apps –que funcionan en decenas de países- prometían una economía colaborativa en la que la gente compartía su vehículo con otros en sus tiempos libres y ganaba dinero por ello o se conectaba para hacer entregas eventualmente en su moto, bicicleta o incluso a pie. Pero esa idea muy pronto se convirtió en una ilusión.
Jesús Rosero, quien trabaja en una de estas apps después de su jornada laboral en una farmacéutica, cuenta que el proceso para mejorar los ingresos en estos sistemas es paulatino. Al inicio, se conectó por horas durante cuatro días para lograr sus primeras entregas a cambio de alrededor de 2 dólares. Poco a poco -explica- la situación mejora, porque las aplicaciones tienen un sistema de puntos para subir de nivel. Los ingresos se reciben cada semana, luego del descuento por el uso de la app y las comisiones que cobra por cada entrega. Él lleva apenas dos meses en este trabajo, pero antes incursionó en un “miniproyecto” de entregas en Yaruquí llamado Box, que comenzó en medio de la pandemia, con la idea de mejorar los ingresos en su hogar.
Sin embargo, Ana Patricia Muñoz, directora de Grupo Faro, destaca que en la mayoría de casos no no se trata de una actividad extra. De hecho, el 79% de los consultados en el estudio realizado por esta organización contó que las entregas y el servicio de transporte son su principal fuente de ingresos. Más de la mitad de los encuestados (55%) dedica incluso los siete días de la semana a estas actividades y acumula 45 horas o más en sus recorridos. Y eso no es todo: la mayoría de las y los entrevistados son jefes de hogar (87%).
El estudio de Grupo Faro busca entender las condiciones actuales de este tipo de trabajo y derribar los mitos y prejuicios que se han levantado alrededor del tema -dice Muñoz- porque, si bien hay muchos pendientes por resolver, no sería una solución restringir o desaparecer las apps, tomando en cuenta que al menos el 42% de las personas consultadas para la muestra no tiene otra opción laboral. “Es mejor tener una regulación que genere buenas condiciones, porque ahora el 83% no tiene contrato”.
Mientras los representantes de las aplicaciones hablan de economía colaborativa, el estudio halló que no se trata de espacios libres, pues los trabajadores deben cumplir condiciones de tiempo mínimo, tarifa básica, horarios, instrumentos de trabajo que deben comprar (como las mochilas), etc., menciona Muñoz. De acuerdo con la información de Grupo Faro, en la mayoría de los casos (63% en entregas y 91% en transporte) las empresas no cubren los costos de accidentes. La exigencia de tiempos mínimos en las carreras de entregas a domicilio incrementan considerablemente los riesgos de accidentes para los repartidores motorizados, sin contar con que para trabajar usan motocicletas, cascos o guantes poco seguros, o que en algunos casos no usan algunos de estos implementos que el empleador debería garantizar. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, los accidentes en motocicletas ocupan el segundo lugar de siniestros de tránsito en Ecuador, con el 25,2% detrás de los accidentes de automóviles, que representan un 33.4%
El estudio revela que, según los trabajadores, sus obligaciones son, principalmente, tener su licencia de conducir (97%) y registrarse en la plataforma (86%). Un 32% dijo en la entrevista que debe tener su Registro Único de Contribuyente (RUC) y solo algunos señalaron que debían presentar otros requisitos como matrícula de su vehículo, exámenes médicos, mantener su vehículo en buenas condiciones, cumplir con las reglas de la app, presentar su récord policial, tener internet, documentos migratorios en regla, entre otros.
Debido a que son empresas relativamente nuevas en el mundo, y más en Ecuador, hay muchas zonas grises, agrega Muñoz, y eso debe ser aclarado por motivos tributarios y de legislación laboral. “Son miles de familias que dependen de estos empleos y es fundamental trabajarlo de manera intersectorial”, dice.
Entre ellas está la familia de Pablo Armas, de 44 años, quien trabajaba en una agencia de viajes hasta hace dos años, pero no ha podido conseguir otro trabajo estable. Quienes lo entrevistan valoran su experiencia, pero no lo contratan por su edad. Por ello, su salvavidas fue y sigue siendo su auto, en el que transporta pasajeros a través de la plataforma Uber. En su caso, la pandemia no fue un boom sino un retroceso, porque aún con el paulatino retorno a las actividades normales, Armas no ha logrado superar el 60% de los ingresos que tenía hasta febrero del 2020. Además, cuenta que según el caso, la app se queda hasta con el 45% de cada carrera. Apenas hace dos meses empezó a notar una mejoría en la demanda. Para mantener cierto equilibrio económico, se dedica incluso a tareas como mensajería, compras o pagos de impuestos.
Hasta ahora, las empresas han participado únicamente en diálogos informales con el Estado, cuenta Daniel Arévalo. Él trabaja en este tipo empresas desde el 2016, cuando Cabify ingresó al mercado ecuatoriano como la primera app de movilidad en Quito. Luego gerenció Glovo, estuvo a la cabeza de su transición a PedidosYa y ahora incursiona en Glovo Europa.
Siendo una industria nueva en el país, este tipo de trabajo fue, al inicio, subestimado en su potencial tanto para atraer usuarios como para quienes les prestan el servicio, dice Arévalo. Pero la pandemia aceleró su crecimiento por 10. El cambio ha sido radical en un país pequeño que en apenas cinco años ya cuenta con al menos cuatro aplicaciones de movilidad, tres aplicaciones de delivery internacionales y tiene incluso otras creadas en su propio territorio. Las empresas que invierten en Ecuador, según Arévalo, ven un potencial de retorno por su economía dolarizada y los niveles de consumo. El ejecutivo está consciente de que hay señalamientos en contra de este tipo de trabajo por la precarización laboral, pero cree que en el tema “nada es blanco ni negro”. Según su criterio, no se trata de explotación, porque en su mayoría, las personas que se dedican al delivery y a transportar pasajeros difícilmente tendrían ingresos de otro modo y esto más bien se ha convertido en una ventana para mejorar su situación económica, dice.
Con el tiempo, las apps han llegado a “un punto intermedio en el cual un repartidor que lleva años trabajando y que cumple con requisitos tiene ciertos beneficios. No es igual que una empresa con afiliados, pero sí algo por el estilo”, explica, y enseguida reconoce que se podrían incorporar días de vacación o días libres o que las empresas que administran las apps asuman una parte de la afiliación al seguro social. Por ahora, informalmente, los repartidores ya tienen descuentos en celulares, repuestos, motos, añade Arévalo, pero acepta que podrían sumarse otras cosas que mejoren sus condiciones laborales.
La discusión sobre el trabajo de entregas a domicilio es global. Países como España, Argentina, Colombia o México han discutido sobre los altos niveles de riesgo y el incremento de la precarización de los trabajadores repartidores durante la pandemia, sin que las autoridades presten la atención debida. Por su experiencia, Arévalo cree que se deben establecer acuerdos según la realidad de cada país. Mientras en China el delivery se mantiene 100% como un trabajo autónomo y en Estados Unidos se han perdido varias batallas para que las apps asuman más compromisos laborales con los conductores, en España y en Europa en general empiezan a aparecer regulaciones con beneficios para los trabajadores del sector que todavía resultan insuficientes.
Para solventar inquietudes dirigimos un pedido de entrevista al Ministerio de Trabajo con el propósito de conocer sobre planes de regulaciones laborales aplicados a este sector, pero la Dirección de Comunicación de esa entidad pública pidió al equipo de La Barra Espaciadora que se le envíe un cuestionario mediante correo electrónico. En el mensaje de respuesta, pero sin firma alguna de responsabilidad de ningún funcionario o autoridad, se lee: “Esta cartera de Estado no ha realizado estudios sobre la demanda e incremento de trabajadores en las empresas que se dedican a repartir, trabajar con locales comerciales y a través de apps de delivery (Pedidos Ya, Uber Eats y similares), es menester informar que se está realizando de manera continua el control sobre el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores bajo relación de dependencia a nivel nacional”.
Para Arévalo, es importante pasar de los acercamientos informales entre las empresas y los entes reguladores a acuerdos formales, como parte de la inversión y de la generación de empleo que las apps están haciendo en el país. Pero el Ministerio del Trabajo ni siquiera cuenta con registros o al menos estimaciones de cuántas personas trabajan como repartidores de las plataformas en el país. En su respuesta sin firma de responsabilidad, la entidad estatal endilga a la Asamblea Nacional la responsabilidad de la creación de normativas que regulen este tipo de trabajo, y anuncia que estará “presente” en ese proceso. Más adelante, dice que representa “un desafío” el tomar acciones legales o implementar políticas públicas para mejorar las condiciones laborales de estas personas, “toda vez dada la evolución de las modalidades de trabajo que actualmente existen en el mundo, resulta imperante crear nuevos regímenes de protección que no solo proteja a la relación de dependencia” (sic).
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Otro grupo de personas eligió dedicarse a las entregas a domicilio de forma independiente. El 22 de abril del 2020, Ángel Montoya se quedó sin trabajo, luego de 17 años como mensajero en una empresa de comunicación de Quito. Tres semanas después de la impactante noticia de perder sus ingresos en medio de una pandemia, recordó su experiencia como repartidor de una pizzería y decidió recurrir a amigos y conocidos para ofrecer sus servicios de entregas. “Retomé eso porque la empresa no nos liquidó todo el dinero en un solo pago y no me podía quedar con los brazos cruzados, por mi familia”, dice.
Tenía una moto “viejita” que le ayudó en sus primeros días en esta nueva etapa. Pero decidió endeudarse en una nueva para evitar que los constantes daños mecánicos de la anterior afectaran su trabajo. La alta demanda de sus servicios le llevó al límite. No solo que no tenía descanso sino que la cantidad de servicios era tal que formó una red con siete motorizados más para cubrir la demanda de sus servicios.
Cada día revisaba los pedidos y los distribuía por sectores para entregar de todo: alimentos, ropa, mascarillas, elementos de bioseguridad, accesorios de computadora, depósitos, cobranzas. Lo que más les ocupó fue la entrega de discos duros, memorias externas, mouses, teclados y otros implementos porque “todo el mundo quería acoplar sus computadoras para estudiar y trabajar”. Cuando la demanda bajó, Montoya se quedó con cuatro compañeros con quienes labora hasta hoy, aunque cuenta que con la llamada reactivación económica que está en marcha en la ciudad, tienen menos trabajo. Ahora lo que más les ocupa es la entrega de mascarillas para empresas, elaboradas por diseñadores, o la colaboración con emprendedores que hacen pasteles, arreglos florales, fresas con chocolate y comida en general.
Montoya eligió trabajar de forma independiente porque conversó con amigos que están conectados con apps, pero las comisiones que estas cobran por contactarlos con clientes son más altas. También entró a la flota de delivery de un restaurante de comida japonesa, con la idea de tener un trabajo fijo, pero notó que sus ingresos se redujeron, porque esto se activa principalmente al mediodía y en las noches.
Con sus ingresos ha logrado afiliarse a la seguridad social de forma voluntaria y dos de los motorizados que trabajan con él también lo hicieron. También aseguró su moto, pero sabe que no todos tienen las mismas posibilidades. Por su trabajo ha conocido a colegas extranjeros que a veces no tienen papeles para trabajar ni fondos para tener su propio vehículo. Entonces trabajan con motos prestadas o alquiladas o incluso hay quienes comparten moto y cada uno tiene una aplicación distinta. “Ruedan sin parar hasta conseguir dinero suficiente para sobrevivir”, cuenta.
En abril pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que se evite estigmatizar al sector y a este tipo de empleo y declaró que debe ser tratado como una fuente legítima de generación de ingresos porque cubre a poblaciones que, por muchas razones, incluida la movilidad humana, se ven obligados a elegir este tipo de empleo. “Pero esto no quiere decir que se deban permitir condiciones precarias de trabajo”, aclara Ana Patricia Muñoz.
Mientras tanto, la respuesta del Ministerio de Trabajo devanea entre lo obvio y la promesa sin ejecución: “Es fundamental que existan mesas de trabajo interinstitucional para analizar el desarrollo normativo del trabajo autónomo”, decía el mensaje electrónico sin firma.
Para zanjar esta deuda urgente, la directora de Grupo Faro asegura que existen muchos vacíos que deben ser abordados por el Estado, pero incluyendo en la conversación a los trabajadores y a las empresas propietarias de las apps.
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