Por La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Fotos: Edu León / @EduLeon_photo
El presidente Rafael Correa nos tiene muy acostumbrados a frases de antología, dignas de constar en un manual sobre la nueva ‘democracia’ del siglo XXI. No podría faltar en sus páginas la frase que pronunció el pasado 18 de agosto en uno de sus enlaces ciudadanos: «¡Si quieren una consulta, de acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo!», dijo, refiriéndose a la posibilidad de que el pueblo defina en urnas el futuro de la explotación petrolera en el ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.
Los «vagos» a quienes se refirió son cientos de jóvenes ecologistas que se propusieron conformar el colectivo Yasunidos y conseguir adhesiones para impulsar la consulta. Esos «vagos» debían recoger 584.116 firmas para lograr su objetivo. Pero presentaron ante el Consejo Nacional Electoral 757 623.
Este caso, que copa la agenda informativa de los últimos días, es solo un ejemplo de cómo funciona el juego de la democracia del siglo XXI en Ecuador. Y los hechos que se han desprendido de este proceso han revelado también varias de las incoherencias en las reglas de ese juego que podrían debilitar a la misma democracia:
Primera incoherencia
El Código de la Democracia establece que es necesario el 5% de las firmas del padrón electoral para que se pueda convocar a una consulta por iniciativa popular.
Hasta ahí todo bien -en el papel-, otra cosa es salir a la calle a recoger las casi 600 000 firmas necesarias de un padrón de 11 millones y medio de votantes.Veamos, es que, según el último censo de población, el Ecuador tiene 14´483.449 habitantes, de ellos, 4´528.425 son menores de 14 años que, por obvias razones, no votan ni deben constar en el padrón. Solo si se hace esta simple resta -y sin contar con los adolescentes de hasta 16 años-, resulta que el padrón no debería alcanzar ni los 10 millones de votantes, por lo tanto ese 5% debe ser mucho menor que las 600 000 firmas que ahora se requieren, ¿no? ¡Qué curioso que en el padrón electoral haya casi más votantes que ciudadanos en este país! Bueno, a alguien debe beneficiarle que haya tanta gente demás y que durante décadas el poder, sin importar su tendencia ideológica, se haya negado a depurar ese padrón…
Segunda incoherencia
Durante el proceso de recolección de firmas los ecuatorianos nos enteramos de que quienes firmaron en respaldo de la pregunta que propone ir a consulta popular, no tienen ninguna seguridad de que la pregunta por la que votaron sea, de verdad, la que se vaya a consultar.
Resulta una curiosidad más de esta democracia que nueve personas tengan más poder que 600 000. ¿Que cómo es eso? Pues resulta que, a tenor de un procedimiento constitucional, quienes plantean la consulta deben reunir las firmas y, una vez concluido ese tedioso y difícil proceso, deben plantear la pregunta a la Corte Constitucional para que sus nueve todopoderosos miembros alineados con el poder de turno, decidan si vale o no preguntar eso a 11 millones de ciudadanos que constan en el padrón electoral, existan o no.
En otras palabras, los nueve todopoderosos pueden decidir que la pregunta que obtuvo el respaldo de cientos de miles, no es adecuada, y la pueden modificar de acuerdo con sus todopoderosos intereses constitucionales.
Tercera incoherencia
Llegar a ese punto ya sería casi una victoria total para quienes impulsaron el proceso. Pero, antes, se debe pasar por el sistema de verificación de firmas. El Consejo Nacional Electoral, que se hace llamar “máximo organismo del sufragio”, debe aplicar un mecanismo técnico, tecnológico y científico para validar las firmas entregadas por los ciudadanos. Lo curioso de este mecanismo es que, al final, todo termina en una comparación ‘al ojo’ de los rasgos. ¿Por qué?
El sistema de última tecnología implantado por el CNE para la verificación de firmas implica una comparación en pantalla entre tres bases de datos. Estas bases son administradas por jóvenes digitadores contratados temporalmente. Ellos trabajan en turnos de ocho o más horas frente a la pantalla de un computador y han recibido un curso ‘intensivo’ de varias horas de grafología para determinar que una firma no corresponde realmente a la del firmante. Según este mecanismo, el Ecuador es una fábrica inmensa de grafólogos (para el presente caso 300) capacitados para validar o invalidar firmas con fines electorales.
Pero, la grafología no es tan simple como parece: para el análisis de los rasgos de una firma se deben tomar en cuenta factores como la matriz en la que se realiza, el tiempo transcurrido de la muestra o el estado sicológico del firmante. Si usted es uno de los miles de ecuatorianos que tiene una cédula vieja y estampó en ella su firma hace unos 10 años, seguramente se dará cuenta de que ahora firma de manera diferente a la de esa vez, y si la compara con los modernos documentos en los que se firma digitalmente, se dará cuenta de que usted, estimado lector, puede tener dos, tres, o más rasgos distintos en sus firmas plasmadas en documentos oficiales. Y si usted firmó para que se convoque a consulta, es muy probable que su firma sea distinta para uno de los ‘expertos’ grafólogos, que la compararán con la firma que hace una década usted mismo estampó en un documento del Registro Civil.
Cuarta incoherencia
Superar el sistema de validación de firmas es uno de los mayores retos del proceso. Y es que en este no solo se verificará las miles de rúbricas sino que también se deberán verificar otros requisitos, entre ellos, los documentos de los recolectores. Es que el mecanismo establece que cada recolector de firmas deberá también validar con la suya los formularios a su cargo y al final, entregarlos junto con su copia de cédula y otros documentos.
Pero, poco después de la entrega de las firmas, se supo que en el CNE no se encontraron los documentos de varios de los recolectores. ¿Acaso es tan frágil el sistema que, si por un error, un acto de mala fe o un simple accidente se pierden o sustraen unas cuantas copias de cédulas, los cientos de miles de firmas serían anulados?
El colectivo Yasunidos, a través de un video subido a la red, mostró cómo una de las cajas que contenían las copias de cédulas había sido supuestamente violentada.
http://www.youtube.com/watch?v=vm8tg8f3Uec
Quinta incoherencia
La intervención política de quien ostenta el poder en el proceso previo a una consulta lo evidencia como juez y parte en dicho proceso. El jueves 17 de abril, el presidente Correa se presentó ante la prensa para hacer un ejercicio de futurología: “Nosotros tenemos informes de que esos politiqueros -no los jóvenes que dedicaban su fin de semana a recoger firmas-, los politiqueros recogían firmas como sea, igualito que la otra vez para reinscribir a sus partidos”. De esta forma el mandatario se anticipó a insinuar que existirían firmas “falsificadas” entre las que presentó Yasunidos. Pero su alocución no quedó ahí: “Vamos a ver si en realidad completaron las firmas y hay toda una estrategia de que, sabiendo que no han completado las firmas, las reunieron como sea para después hacer el show y el escándalo de que el CNE controlado por Correa no ha dejado pasar las firmas pese a que completamos el número de firmas”, dijo con ironía, como delineando el guión de los hechos venideros. Y por si quedaran dudas explicó: “Vamos a ver si las firmas son auténticas y ojalá se pueda demostrar claramente si una firma es auténtica o no porque ahí están infiltrados politiqueros que ya falsificaron firmas anteriormente”, como para que queden claras las responsabilidades.
Otra incoherencia es el hecho de que el sistema posibilite la difusión de un discurso que mina el proceso aun antes de que concluya. Así, termine como termine, el proceso padecerá de dudas sembradas que no hablan bien de ninguna actitud que se precie de llamarse democrática.
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