Por Yalilé Loaiza*
Luego de una década de correísmo la gestión gubernamental en materia de derechos y oportunidades para las mujeres y colectivos LGBTI ha sido una montaña rusa entre el apoyo y el curuchupismo. Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos de la mujer y la comunidad LGBTI, desde su perspectiva, analiza el avance, los retos y retrocesos de los últimos 10 años. Asegura que en un inicio el gobierno apoyaba la causa, pero luego como un alumno descuidado dejó de obtener buenas calificaciones y se convirtió en el ‘vago del salón’.
¿Durante estos 10 años, cuál crees que ha sido el enfoque de la gestión gubernamental en relación con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI?
La Constitución del 2008 amplía el reconocimiento de los derechos de las mujeres, desde el derecho a la igualdad material y la no discriminación como elementos esenciales para el logro de la igualdad, así como el rol del Estado para la formulación y ejecución de políticas para erradicar el discrimen hacia la mujer, incorporar el enfoque de género y para que todo el sector público sea garante de estos derechos. En la Constitución se reconocen expresamente los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la paridad, a una vida libre de violencia, el derecho a que el trabajo de cuidado que realizamos las mujeres sea reconocido y valorado. Sin embargo, esto es el papel, la letra muerta de la Constitución. En la realidad nuestro Estado laico presenta muchas debilidades debido al disciplinamiento autoritario que impuso el Ejecutivo sobre el tema de mujeres a todas las funciones del gobierno: la Asamblea, los servidores públicos -sobre todo en áreas de salud y educación- los operadores en relación de normativas y políticas públicas. En el gobierno impera el moralismo religioso por sobre el mandato de protección de los derechos humanos de las mujeres y la garantía del Estado laico y la ética laica.
¿Qué opinas sobre la participación de la mujer en la política durante estos 10 años?
En un principio tuvimos una participación de mujeres políticas con agenda feminista en todos los niveles de gobierno ejecutivo y legislativo. Sin embargo, recordemos que Rafael Correa le declaró la guerra a estas mujeres y sus reivindicaciones. Las tachó de feministas radicales, de infantiles, de tener agenda propia. En octubre de 2013 incluso amenazó a las asambleístas con revocarles su mandato y las llamó traidoras por el solo hecho de proponer llevar a la discusión del pleno de la Asamblea la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación. Poco a poco esa voces de mujeres que dentro del partido de gobierno tenían agenda feminista, que estaban comprometidas con la reivindicación de los derechos de las mujeres y el cumplimiento de lo que dice la Constitución al respecto, se fueron apagando y se convirtieron en voces sumisas. En mujeres sin voz.
Tuvimos tres mujeres como principales autoridades en la Asamblea Nacional, ¿qué opinas de su gestión en materia de derechos a favor de la mujer y de su representación en cuanto a identidad?
Es lo que dije arriba. Mujeres como Gabriela Rivadeneira y Rosana Alvarado, que un día estuvieron abiertamente comprometidas con las luchas feministas, fueron arrasadas por el violento discurso patriarcal de Rafael Correa que las mandó a callar y las puso en su sitio…
¿Crees que ha existido apertura para el diálogo con colectivos de mujeres y LGBTI?
En el análisis de cómo se han tratado los temas de derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual desde el poder, hay que establecer dos momentos: el primero al inicio del gobierno, la confección de la Constitución y las iniciales políticas públicas fueron mucho más inclusivas y amigables con estos temas. En los últimos años ocurrió todo lo contrario. El diálogo ha sido únicamente con seudo colectivos de mujeres y LGBTI que no son organización social, sino que son personas cooptadas para fingir un supuesto activismo que no existe, que solo sirve para lavarle la cara al régimen.
Actualmente, se ven más manifestaciones feministas y de la comunidad LGBTI (la Marcha de las Putas, Vivas Nos Queremos, El día del Orgullo Gay), ¿cómo interpretas la participación del gobierno frente a estas manifestaciones?
En primer lugar, el espacio ganado en visibilidad para la participación del activismo feminista y LGBTI es un signo de los tiempos. Pero también es cierto que es consecuencia de una Constitución y de unas leyes que por primera vez pusieron por escrito temas como orientación sexual, identidad de género, diversidad sexual, libre desarrollo de la personalidad, autonomía del cuerpo, etc. Y, como dije anteriormente, el gobierno en un primer momento se mostró aliado de estas luchas.
Durante este periodo se tipificó la figura de femicidio en el COIP, ¿qué sucede con los casos y el proceso legal al realizar una denuncia?
La Asamblea tipificó en el COIP el femicidio como delito a partir de la propuesta del movimiento de mujeres. Pese a eso los familiares de las víctimas se encuentran en escenarios jurídicos que desfiguran la vida e imagen de las víctimas para favorecer al presunto culpable, situación que se va extendiendo como una estrategia jurídica de los abogados y defensores públicos en perjuicio de las víctimas no solo de femicidio, sino de violencia. EL COIP incumple el artículo 81 de la Constitución vigente que dispone que se establecerá un procedimiento especial y expedito de los delitos de violencia contra la mujer. Se debe incrementar el presupuesto para la ampliación a nivel local y nacional del Programa de Víctimas y Testigos de Violencia de Género. Se requieren protocolos unificados para atender a las víctimas y que estos protocolos sean aplicados en todos los niveles e instancias de la administración de justicia. Se necesitan Tribunales Especializados en violencia, de primera y segunda instancia para el juzgamiento de estos casos. Y sobre todo, es urgente que se amplíen las sanciones para operadores de justicia que obstaculizan la administración de justicia cuando se denuncian casos de violencia contra la mujer o femicidio.
¿Qué podemos decir, luego de 10 años, sobre los crímenes contra las personas LGBTI? ¿Existe algún avance en materia legislativa y penal?
Existe, en efecto, un avance en el tema legislativo. Hoy está tipificado como delito de odio el crimen a alguien por su orientación sexual o identidad de género. Pero al igual que en el caso de crímenes contra las mujeres, es necesario un enfoque en derechos humanos y una capacitación de los operadores de justicia. Sino, en la práctica, es lo mismo que nada.
En el COIP se reconocen formas de aborto no punible, pero, ¿qué sucede en la práctica cuando una mujer quiere acogerse a una de ellas?
Los servicios de salud en Ecuador, en especial en el segundo y tercer nivel de atención, requieren de nomas claras y procedimientos apegados a evidencia médica para proceder a realizar una prestación de interrupción legal del embarazo en los casos ya previstos por la ley. Como esto no hay, se vulnera el derecho de las mujeres embarazadas que pueden necesitar de manera urgente acceder a un aborto legal. Los médicos se sienten en riesgo de ser acusados y llevados a juicio, no prestan los servicios necesarios para garantizar la seguridad de sus pacientes que requieren un aborto legal. En un país donde se penaliza duramente a quien realiza un aborto, los profesionales de la salud actualmente no realizan abortos no punibles por no tener una norma clara. Por miedo a consecuencias penales.
¿Por qué crees que el gobierno cambió su programa ‘Habla serio, sexualidad sin misterios’ al ENIPLA?
Porque Rafael Correa en estos años fue sacando su faceta más curuchupa, intolerante e ignorante en temas sobre derechos humanos sexuales y reproductivos.
¿Se ha erradicado o se ha iniciado el proceso hacia la erradicación de la discriminación hacia la mujer y hacia la comunidad LGBTI en Ecuador?
Estamos todavía a la espera de las leyes sobre erradicación de esta clase de violencia. Pero, de nuevo, la ley es solo letra muerta sino va acompañada de la voluntad política del gobierno de solucionar estos temas a través de campañas, capacitación, educación y demás políticas públicas para ese efecto.
En tu reportaje 9 años de violencia, se enumera algunas ocasiones en las que el presidente ha emitido comentarios machistas. Asimismo han existido declaraciones del mismo tono por parte de otros funcionarios, ¿crees que existe un machismo institucionalizado?
Existe un machismo estructural en Ecuador y durante estos años, la cabeza institucional más visible de este machismo fue Rafael Correa: macho alfa castigador, violento, insultador de mujeres a tiempo completo.
Sobre 10, ¿cómo evaluarías la gestión gubernamental en cuanto a derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI después de 10 años de gobierno de Rafael Correa?
Como dije anteriormente, en un primer momento hubo una gestión óptima en el diseño de leyes, campañas y políticas públicas para levantar y visibilizar estos temas. Esto se paró. Debe ser retomado por el nuevo gobierno. Es como un estudiante que en primaria era superaplicado y sacaba 8.5 o 9 en todas las lecciones y tareas, y de pronto en secundaria se convierte en vago, irresponsable, problemático y boicotea todas sus notas y trabajos, y no sube de 4 o máximo 5. En los últimos años el gobierno se ha quedado de año en temas de derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual y eso ha sido evidente en las recomendaciones que le hizo la ONU hace unos días al Estado ecuatoriano.
Periodista. Maestranda en Investigación de la Comunicación Digital por la Universidad de Los Hemisferios.