Por Juan Francisco Trujillo*
Durante siglos, vivir con una discapacidad ha sido vivir con un un estigma. Ser discapacitado ha sido una causa de exclusión y de censura.
Ecuador –como cualquier otro país del mundo– se encuentra expuesto a que una parte de su población viva con algún tipo de discapacidad, ya sea congénita (de nacimiento) o adquirida (accidentes laborales, de tránsito, mala práctica médica, etc.).
Como en el caso de toda minoría, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha sido progresiva y ha logrado ciertos avances con el paso de los años. Pero, ¿qué se ha logrado durante la última década? ¿Cuánto queda por avanzar? ¿Cuáles son los temas pendientes?
Este informe provee insumos para contextualizar un tema trascendental durante el próximo periodo presidencial.
La asunción del binomio Correa-Moreno, en enero del 2007, supuso una reivindicación, en principio simbólica, de las discapacidades. El hecho de que el cargo de vicepresidente lo ocupara una persona con discapacidad colocó al tema en la esfera pública, lo que se tradujo en una priorización de su tratamiento desde lo discursivo. Se crearon programas, incentivos, medidas de acción afirmativa. Pero este reconocimiento no implica que en periodos anteriores el tema no fuera abordado, sino que se mantuvo alejado de las agendas medulares de los gobiernos.
Cifras y carnetización masiva: dos temas pendientes
Una investigación de la Universidad Central que data de 1996, auspiciada por el Conadis, señalaba que en el país existía un 13,2% de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, aproximadamente un millón seiscientas mil, de un total de 12 millones de habitantes para la época.
Esa cifra se manejó durante algunos años y abrió una polémica a raíz de la publicación de un reportaje en el portal Mil Hojas, en el que Rodrigo Crespo Toral, Milton Jijón, Enrique Mafla y Alfredo Luna criticaron algunos aspectos del manejo del tema de discapacidades, entre ellos, lo que se interpretó como un maquillaje de cifras.
En respuesta a la nota publicada por el portal, Xavier Torres, presidente del Conadis, dijo que tanto la cifra como el estudio fueron dados de baja por tratarse de una proyección basada en entrevistas a 20 000 hogares. En cuanto al censo poblacional del 2010, comandado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 816.156 personas se autodentificaron como personas con discapacidad al responder 3 preguntas concretas. Esta cifra bajó a 563.515 en la encuesta del 2015.
El último corte estadístico disponible en la web del Conadis, a febrero del 2017, detalla un total de 418.001 personas con algún tipo de discapacidad certificada en el país, lo que representa aproximadamente a un 2,5% de la población actual.
La polémica no ha quedado resuelta y la sucesión de cifras contradictorias revela, en todo caso, un hecho clave: podría existir una porción de personas con discapacidad que, aunque se define como tal, no accede a la carnetización por distintas razones (que pueden ser voluntarias, involuntarias o procesales), por lo tanto, la necesidad de un censo específico sobre discapacidades, que retome y actualice el trabajo de la misión Manuela Espejo en 2009, es un punto fundamental de cara al siguiente período presidencial.
Recuerde, no se trata de personas con capacidades diferentes o capacidades especiales (eso déjeselo a mutantes como los X-Men). Simplemente somos PERSONAS con discapacidad.
*Comunicador social. Master en Comunicación Política.