Por Luis Enríquez*
El internet nació libre, y a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos del mundo por regularlo, su naturaleza transnacional hace que sea imposible lograr resultados eficaces. Ni Estados Unidos ni Alemania pudieron controlar los delitos informáticos con sus proyectos de leyes anti-hacking. Francia ha fracasado con su ley HADOPI contra la piratería en internet y China fracasó con su super firewall (a pesar de sus últimos intentos de prohibir el uso de Redes Privadas Virtuales y proxies).
Ecuador es un país que ha tenido internet libre y que se ha acostumbrado a ello. La mayoría de ecuatorianos ya tenemos acceso a internet y muchos utilizamos redes sociales y smartphones. Según la última información al respecto del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en 2008 apenas el 25,74 % de ciudadanos reconocían haber usado internet, y en el 2014, ese porcentaje subió a 46,35 %. El proceso electoral del 2017 evidenció el alto grado de uso de las redes durante la campaña, tanto por parte del gobierno y sus partidarios, como por voceros de organizaciones políticas. Pero, sobre todo, son los ciudadanos comunes quienes masivamente aparecieron en las redes, muchas veces con fines de desprestigio a sus respectivos detractores y otras aprovechando sus cuentas como medio no regulado de propaganda política.
En vista de ello, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, anunció en abril pasado la entrega de un paquete de reformas al Código de la Democracia en el que se incluiría la regulación de la campaña electoral y publicidad electoral en redes sociales. Pozo ha apoyado la regulación de los medios digitales en temas tales como el buen uso de las redes sociales y el control de publicidad y gasto electoral en medios digitales. Lo que propone Pozo no suena exagerado a priori, pero en el caso de que su propuesta prospere, lo que nos queda es preguntarnos ¿qué autoridad y bajo que parámetros decidiría lo que es un “buen uso” de redes sociales?
Cuando la ley establece términos duales, opuestos absolutos como el bien y el mal, significa que un funcionario público tendrá la competencia de decidir de manera discrecional, y esa discrecionalidad puede llevar a abusos en temas de comunicación pública, algo ya conocido por los ecuatorianos luego de las desproporcionadas sanciones que el gobierno saliente ha dado a varios medios durante la última década.
Desde esta perspectiva, el problema no es la regulación, sino más bien el regulador. Si el regulador logra mantener una imagen imparcial con sus dichos y hechos genera confianza. Aunque en temas relacionados con las tecnologías de la información y el ciberespacio, las regulaciones se vuelven mucho más complicadas.
Ana Marcela Paredes, consejera del CNE, se opone a la regulación de redes sociales con una visión mucho más progresista al respecto: “Las redes sociales no son medios que deben regularse –dice–. Son un espacio genuino para el debate de ideas y son indicadores del sentir ciudadano. A través de las redes, los funcionarios públicos podemos interactuar con los ciudadanos”. Para esta funcionaria, es indispensable respetar la libertad de expresión de los ciudadanos y, como autoridades, más bien promover el buen uso de ellas a través del ejemplo, del impulso de la transparencia y del respeto a los derechos fundamentales de los demás.
El ejemplo que deben dar las autoridades a los usuarios ciudadanos en el buen uso de las redes sociales implica generar una imagen institucional imparcial. Es más, este principio debería aplicarse a las cuentas de redes sociales de ministerios, secretarías, municipalidades y demás instituciones públicas. Las cuentas institucionales no deben ser usadas para difundir o apoyar opiniones políticas partidistas, pues sus funcionarios son encargados de conducir los destinos de todos los ciudadanos, piensen como piensen. Los funcionarios necesitan capacitación constante en el buen uso de las redes sociales y la comunicación en el entorno digital pues su responsabilidad social es inmensa. Si los funcionarios públicos no saben dar un buen uso a las redes sociales, ¿cómo pretenden enseñar a los ciudadanos a hacerlo? Antes de regular las redes sociales hace falta educar a las autoridades públicas e informarles de básicas reglas éticas y técnicas para el uso de internet.
*Abogado especializado en Tecnologías de la Información.